Ana Cantillo recorre dos veces por semana las calles de La Candelaria, en el centro histórico de la capital de Colombia, tocando a las puertas de las casas coloniales en demanda de comida, ropa o dinero para llevarle a sus tres hijos.
Ella es una más del contingente de desplazados por la guerra, que según la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y los Desplazados representan el más grave problema generado por la guerra civil entre la población no combatiente.
Una noche de 1991, los paramilitares de derecha llegaron a su vivienda en el norteño departamento de Córdoba. "Sacaron a mi marido de la casa, lo llevaron hasta la plaza central donde estaban otros hombres y los asesinaron por ser supuestos amigos de los guerrilleros", dijo Cantillo a IPS.
La mujer, de 30 años, cuenta que después de vagar por varios lugares con sus hijos, de tres y cinco años, llegó a Urabá, una región productora de banano para exportación en el noroeste del país, a trabajar en una hacienda sirviendo comida para los jornaleros.
Allí conoció a Antonio, uno de los cortadores de banano de la hacienda, con quien tuvo su tercer hijo.
"Con Antonio tuve una vida feliz casi cinco años, hasta que llegaron los guerrilleros" diciendo que iban a "limpiar la región de los amigos de los paramilitares y mataron a decenas de campesinos, entre ellos mi marido", narró Cantillo, para quien comenzó allí un éxodo que la llevó hace seis meses a Bogotá.
Esta es una más de las guerras perdidas por los colombianos durante casi cuatro décadas de conflicto armado, dijo a IPS Gloria Cuartas, consejera regional para asuntos de la mujer de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
A las mujeres que están en las zonas de conflicto "se las viola, se las usa como botín militar por cualquiera de los actores armados", se las silencia y no se les permite ejercer "su derecho a decidir, y es importante que eso lo sepa la comunidad internacional", añadió.
Cuartas fue alcaldesa de la localidad de Apartadó, en la región de Urabá, a comienzos de los años 90 y le tocó la difícil tarea de afrontar la muerte de decenas de campesinos asesinados por los bandos en conflicto.
Urabá fue, en la primera mitad de esta década, centro de un enfrentamiento entre dos facciones del guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL), una que firmó un acuerdo de paz en 1991 y otra que continuó la lucha armada, según el informe de Amnistía Internacional "Violencia Política en Colombia".
El informe señala que los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno y un sector del EPL "supusieron en un primer momento una importante disminución de la violencia política en Urabá", pero a partir de 1992 el número de asesinatos se incrementó.
El sector legalizado, denominado Esperanza Paz y Libertad, acusó a la facción del EPL y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, de haber asesinado entre 1992 y 1993 a cerca de 70 de sus miembros.
Con las masacres (asesinatos de más de cuatro personas en un mismo sitio) y las acciones de las fuerzas regulares se produjeron grandes desplazamientos de la población, que buscaba proteger su vida en el anonimato de los centros urbanos.
Entre 1985 y 1999, abandonaron sus lugares de residencia a causa de la violencia unos dos millones de personas (casi cinco por ciento de la población), de las que 55 por ciento son mujeres y 65 por ciento menores de 19 años, dijo Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y los Desplazados.
El problema del desplazamiento forzoso se agudizó este año por la degradación del conflicto, en el que los actores armados buscan ganar terreno político o militar, o también por intereses económicos que se mueven detrás de la guerra, añadió.
Otro analistas consideran que el fenómeno del desplazamiento se ha estudiado en la última década, pero advierten que la historia de Colombia constituye una cadena de conflictos que se entrelazan y que generan grandes movilizaciones forzosas desde principios de siglo.
En una primera etapa se trataba de enfrentamientos armados en las que se disputaban el poder los sectores políticos tradicionales, centralistas y federalistas que pasaron a denominarse liberales y conservadores.
En una segunda etapa, a mediados de siglo, el conflicto fue abonado con el surgimiento de los grupos guerrilleros y la actitud excluyente de los partidos Liberal y Conservador.
En la década del 80 surgieron los grupos paramilitares de derecha, que justificaron su existencia en la ineficacia del Estado pare combatir a la guerrilla y el narcotráfico.
En esta década se legalizó la Unión Patriótica (un sector de las FARC), el Movimiento M-19, un sector del EPL y otros grupos armados minoritarios.
No obstante, algunos analistas consideran que el avance se produjo en agosto de 1998, con el inicio del gobierno de Andrés Pastrana, quien inició los contactos para una negociación de paz con las FARC, que comenzó formalmente en octubre en una zona de 43.000 kilómetros al sudeste del país.
Las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda fuerza guerrillera del país y el EPL tienen en conjunto cerca de 25.000 hombres armados y, según organismos de seguridad estadounidenses, controlan directa o indirectamente cerca de 40 por ciento del territorio de Colombia.
En esta etapa del proceso, Cuartas considera que debe darse una participación con voz y voto en las mesas de negociación "a los sectores que han sido víctimas de la violencia: mujeres, niños y niñas, desplazados y familiares de secuestrados y desaparecidos".
Cada mes de guerra deja 25.000 desplazados más y 500 muertos directos, 55 por ciento de los cuales son civiles no combatientes, según la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), que reúne a cerca de 30 organizaciones no gubernamentales que promueven la solución negociada de la guerra interna.
Para el sector privado, el costo de la guerra se representa en dos puntos porcentuales que deja de crecer el producto interno bruto anualmente y gastos en seguridad por 157 millones de dólares.
La Comisión Colombiana de Juristas indicó que la guerra deja unas 20 víctimas diarias en promedio, entre secuestrados, muertos en ejecuciones extrajudiciales y asesinatos políticos, muertos en combate y desaparecidos.
Estas cifras llevaron a que Redepaz planteara como principal prioridad para llevar a la negociación la búsqueda de un acuerdo para que las partes combatientes dejen a la población civil al margen del conflicto y respeten el derecho internacional humanitario, dijo su coordinadora, María Bernal.
Con ese propósito, Redepaz y unas 200 organizaciones nacionales e internacionales llevaron a cabo el 24 de octubre una jornada en 450 municipios del país y 15 capitales del mundo para apopar la búsqueda de este acuerdo humanitario.
Así mismo, se crearon las llamadas Comunidades de Paz, grupos que han sido víctimas del conflicto que se han organizado para quedarse en sus territorios e impedir que los combatientes los echen de allí o que grupos económicos se apoderen de su tierra.
El reto en el futuro consiste en que la comunidad internacional y las organizaciones sociales colombianas acompañen a las "comunidades en resistencia" surgidas en las zonas de conflicto armado, ejerciendo una "diplomacia ciudadana" que apoye su proceso, indicó Cuartas.
Esta participación internacional sería diferente a la posible intervención armada de Estados Unidos, que este año se convirtió en un cuestión recurrente en varios foros en los que se señalaba a Colombia como una amenaza regional.
La crisis colombiana tiene salidas porque "existen indígenas, comunidades negras, mujeres, grupos económicos, comunidades religiosas" que tratan de organizarse para buscar salidas distintas a las del enfrentamiento armado, aseveró Cuartas. (FIN/IPS/yf/ag-mj/ip hd/99
