Tras la liberación de ocho extranjeros secuestrados en la región amazónica, los campesinos de Ecuador temen una ola represiva del ejército en busca de los secuestradores y alertan sobre la posibilidad de que la zona se transforme en escenario de guerra.
Los liberados, siete ciudadanos canadienses, y un estadounidense trabajan para la empresa petrolera canadiense United Pipeline, subsidiaria de la Compañía City Investing que habría pagado 3,5 millones de dólares por la liberación.
Ken Foster, gerente general de United Pipeline, agradeció a los gobiernos de Ecuador y Canadá por ayudar en el proceso de liberación.
"Los ejecutivos de la empresa no podían discutir los esfuerzos realizados para obtener la libertad de los rehenes. Nuestra única preocupación era la seguridad y la liberación de nuestros empleados para reunirlos con sus familias", señaló.
El ministro de Gobierno (Interior) Vladmirio Alvarez aseguró que por órdenes del presidente Jamil Mahuad se "precauteló la integridad física de los ciudadanos extranjeros", pero se apresuró a señalar que el Ejecutivo no había participado en ninguna negociación con los captores.
El secuestro colectivo fue realizado por un comando de 15 personas vestidas con traje militar y la cara pintada, en septiembre pasado, en la carretera Tarapoa-Lago Agrio, en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
Durante la acción, los secuestradores tuvieron un enfrentamiento en el que murió un soldado ecuatoriano.
Además de los ocho petroleros fueron secuestrados tres españoles y una belga de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), organización vinculada a radios populares de América Latina que tiene su sede en Ecuador, pero fueron liberados días después.
A raíz del secuestro, las Fuerzas Armadas ecuatorianas incorporaron nuevos efectivos a los 5.000 soldados que desde marzo custodian los 600 kilómetros de frontera con Colombia.
El ejército ecuatoriano asignó 400 soldados expertos en combates de selva para la búsqueda, 500 para resguardar el cordón limítrofe con Colombia en la Amazonia y 500 marinos para patrullar los ríos amazónicos.
A pesar de la movilización no pudieron dar con el paradero de secuestrados y secuestradores que según el ministro de Defensa, general retirado José Gallardo, habrían permanecido en la selva.
"Puede ser en territorio ecuatoriano o colombiano, pero muy próximo al límite político internacional", aseguró Gallardo.
El gobierno mantiene la misma hipótesis que hace tres meses sobre los posibles autores del acio.
"Podría ser la guerrilla colombiana o delincuentes comunes con antecedentes guerrilleros. Esto lo vamos a descifrar mediante la investigación", dijo Gallardo.
Vladimiro Alvarez señaló a su vez que luego de la liberación de los ocho extranjeros, ahora corresponde a las unidades de inteligencia del Estado "obtener la información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del secuestro colectivo".
Esas afirmaciones crearon preocupación y temor en los campesinos de la región, quienes hace un mes habían denunciado tortura y malos tratos por parte de efectivos del ejército que buscaban a los secuestradores.
Los agricultores tienen un mal recuerdo del actual ministro de Defensa, que desempeñaba el mismo cargo en 1993 cuando el ejército desató una dura represión en busca de guerrilleros colombianos.
En esa ocasión fueron detenidos doce colonos acusados de pertenecer a la guerrilla, quienes permanecieron presos durante ocho meses hasta ser liberados luego que la justicia los encontró inocentes de los cargos.
Tiempo después, el Estado ecuatoriano tuvo que indemnizarlos por la detención y las torturas de que fueron objeto.
A principios de este mes el alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad, reveló que los pueblos amazónicos pidieron al gobierno que declare zona neutral a la provincia de Sucumbíos ante un eventual choque de fuerzas militares internacionales contra las guerrillas de Colombia.
Abad aseguró que había temor de que militares estadounidenses, ecuatorianos y peruanos "que al parecer trabajan en algún plan para enfrentar a la guerrilla colombiana" protagonicen una "verdadera carnicería humana en territorios amazónicos".
También apuntó que es normal ver en la selva y ciudades amazónicas a soldados estadounidenses, aunque el ministro Gallardo señaló que eso se debía a "convenios de intercambio entre Ecuador y Estados Unidos".
El gobierno reiteró que Ecuador no intervendrá en los problemas internos de Colombia, pero la entrega por diez años de la Base Aérea de Manta, ubicada sobre el Pacífico, a las fuerzas armadas estadounidenses ha puesto en duda la neutralidad manifiesta.
Tres meses atrás, luego de producirse el secuestro de los extranjeros, se habló de una posible acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.
El general retirado Paco Moncayo, actual diputado de la Izquierda Democrática y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, consideró en ese momento que podría tratarse de una provocación para involucrar a Ecuador en el conflicto colombiano, descartando una posible incursión guerrillera.
El comandante Raúl Reyes, encargado de relaciones internacionales de las FARC, declaró a la televisión ecuatoriana que su grupo no actúa militarmente "en ninguno de los países fronterizos con Colombia". "Por eso también reclamamos reciprocidad", agregó.
Reyes advirtió que hay sectores que están cumpliendo las tareas de Estados Unidos para justificar la intervención en el conflicto colombiano y arguyó que "Ecuador no puede servir de carne de cañón a una guerra que no es suya".
Para Moncayo, las FARC no amenazan la seguridad interna de Ecuador.
Según el diputado, muchas poblaciones fronterizas ecuatorianas se benefician económicamente de la gran actividad que dejan tanto los guerrilleros como los paramilitares colombianos.
"Existe el peligro de que el conflicto de ese país sea trasladado al Ecuador, pero yo conozco que las FARC no tienen esa intención", afirmó el legislador. (FIN/IPS/kl/dg/ip/99
