Una reforma del Código Penal aprobada en Ecuador por iniciativa del presidente Jamil Mahuad permitirá anular juicios por peculado contra el ex presidente Abdalá Bucaram, quien podría regresar al país sin enfrentar cargo alguno.
El Congreso ecuatoriano aprobó la semana pasada enmiendas planteadas por Mahuad al Código Penal. El nuevo texto establece, con efecto retroactivo, que un juicio penal sólo puede iniciarse con la acusación de un fiscal, y que el Poder Legislativo debe autorizar el juicio de ex presidentes.
Los cinco juicios contra Bucaram se iniciaron sin la acusación previa de un fiscal y sin pedido de autorización al Congreso.
El ex presidente y sus asesores fueron acusados de apropiarse de fondos públicos por valor de más de 22 millones de dólares durante el breve período de gobierno de Bucaram, entre agosto de 1996 y febrero de 1997, cuando el Congreso lo destituyó por "incapacidad mental para gobernar".
La destitución fue precedida por movilizaciones de protesta que reunieron a millones de personas en todo el país, y Bucaram terminó huyendo a Panamá, donde aún reside. Ahora el ex presidente podrá volver al país sin enfrentar cargo alguno.
Un nuevo Código Penal había sido aprobado por el Congreso en noviembre de este año, y entonces se estableció un plazo de 18 meses para su entrada en vigencia, con el fin de que hubiera tiempo para que finalizaran los juicios contra Bucaram.
Luego Mahuad puso a consideración del Congreso, mediante un veto parcial al proyecto aprobado, modificaciones para establecer su inmediata entrada en vigencia y darle efecto retroactivo.
Los analistas opinaron que esas propuestas fueron parte de un intercambio de favores entre el gobierno y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Bucaram, cuyos diputados votaron a fines de noviembre votaron para aprobar el presupuesto del año 2000.
En dos oportunidades diputados opositores de los demás partidos salieron de sala para dejar sin quórum al Congreso e impedir la aprobación de las modificaciones planteadas por el presidente.
Pero en la última sesión previa a la Navidad, el presidente del Congreso, Juan José Pons, modificó el orden del día sin aviso previo y en dos minutos hizo votar las enmiendas al Código propuestas por Mahuad.
La maniobra de Pons tomó desprevenidos a muchos diputados opositores, quienes no tuvieron tiempo de abandonar el recinto parlamentario y frustrar la aprobación de las modificaciones por parte de los diputados del gobernante partido Democracia Popular y del PRE.
En los pasillos del Congreso, visiblemente molestos, algunos legisladores aseguraron que los habían "madrugado".
El jefe del bloque del partido Izquierda Democrática, general retirado Paco Moncayo, calificó lo ocurrido como una inmoralidad que restaba credibilidad al Congreso.
José Cordero, presidente de la Comisión de lo Civil y lo Penal del parlamento, fue uno de los tres diputados oficialistas que votó contra las enmiendas, y aseguró que renunciaría a su banca para expresar su desacuerdo con el pacto entre su partido y el de Bucaram.
Susana Klinkicht, analista política y columnista del diario Hoy, de Quito, afirmó que lo más grave no era el retorno de Bucaram, sino que regrese "sin responder ante la justicia por sus actos de corrupción".
"Es necesario recordar lo que pasó hace tres años, cuando la indignación de la población culminó en la manifestación más numerosa que haya visto el país, cuyo único objetivo era sacar a Bucaram del gobierno", señaló Klinkicht a IPS.
Según la columnista, los ecuatorianos "sienten vergüenza" de que el gobierno haya aceptado "la imposición de Bucaram" para poder aprobar el presupuesto.
"El presidente Mahuad, que ha puesto mucho énfasis en la buena impresión que causa su persona en el exterior, ya no podrá estar seguro de gozar de esas simpatías, porque es difícil que alguien entienda sus motivaciones para tamaña falta de ética", añadió Klinkicht.
La otra sorpresa de este fin de año se produjo el mismo día en que se aprobaron las enmiendas del Código, cuando el superintendente de Bancos, Jorge Guzmán, solicitó una orden de arraigo para los directivos del Banco La Previsora, que quebró en octubre y pasó a ser gestionado por el Estado.
La medida impide que esos directivos salgan del país hasta que se dilucide su responsabilidad en la quiebra.
Guzmán se valió de una ley bancaria aprobada en noviembre, que facultó al superintendente de Bancos a solicitar el arraigo de los ejecutivos de un banco que ingrese a un proceso de "reestructuración o saneamiento" a cargo del Estado.
Entre los señalados como posibles responsables de irregularidades en el manejo de La Previsora están Alvaro Guerrero y Alfredo Arizaga, quienes eran presidente y vicepresidente de la institución en el momento de la quiebra.
Arizaga es el actual Ministro de Finanzas y Guerrero fue director del Consejo Nacional de Modernización, encargado de implementar las privatizaciones, hasta pocos días después de la quiebra de su banco.
Estaba previsto que Arizaga viajara la semana próxima a Estados Unidos para realizar gestiones sobre la renegociación de la deuda externa ecuatoriana.
El ministro de Finanzas presentó descargos para que se levante la prohibición de salir del país, y opinó que la reacción que se pueda producir en el exterior ante este caso dependerá del "tono" en que sea manejado por los medios de comunicación.
Guerrero alegó por su parte que la nueva ley bancaria fue aprobada en noviembre después de la quiebra de La Previsora y no es retroactiva, por lo cual "no puede ser aplicada" en este caso, pero no negó las acusaciones que pesan en su contra.
Algunos analistas piensan que la orden de arraigo contra Arizaga busca demostrar que el gobierno combate la corrupción, y así desvirtuar acusaciones en su contra por la posible anulación de los juicios contra Bucaram. (FIN/IPS/kl/mp/ip/99
