El gobierno municipal de la capital de Uruguay colocó hoy la piedra fundamental de un monumento para recordar a los desaparecidos a manos del aparato represivo de la última dictadura (1973-1985).
El acto fue el principal de las conmemoraciones locales del Día Internacional de los Derechos Humanos, y tuvo como impulsor al municipio montevideano, a cargo desde 1990 de la coalición izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio.
Cuando el comienzo del primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) marcó el fin de la dictadura, los familiares de los detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado elevaron, sin éxito, la voz en sus reclamos de conocer el destino de sus seres queridos.
En 1986, una ley de amnistía, ratificada mediante un plebiscito en 1989, clausuró los juicios contra los militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, esa norma establece como excepción que el Poder Ejecutivo debe averiguar lo sucedido para informar a los familiares de las víctimas.
Esa indagatoria no se cumplió en el primer gobierno de Sanguinetti, ni en el segundo, que concluirá en marzo próximo, ni durante el mandato de Luis Alberto Lacalle (1990-1994).
Desde entonces, no ha cesado el reclamo sostenido de los familiares de los detenidos-desaparecidos y de varias organizaciones humanitarias, políticas y sindicales.
El presidente electo, Jorge Batlle, que asumirá el próximo 1 de marzo, dejó una puerta abierta al señalar que la falta de investigación constituye "una deuda que el gobierno tiene con el pueblo uruguayo".
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El aparato represivo de la dictadura de Uruguay se caracterizó por la "sofisticación sin par" comparado con los restantes regímenes autoritarios imperantes en el Cono Sur de América en los años 70 y 80, según el Sevicio de Paz y Justicia (Serpaj), la principal organización de derechos humanos de este país.
Serpaj, grupo que tiene carácter consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, detalló que esa represión fue "callada, progresiva, dosificada, selectiva, hasta llegar a un control perfecto y total de la población".
A partir de 1973 se produjo la desaparición en Uruguay de alrededor de un centenar de personas.
El número exacto de desaparecidos en el territorio uruguayo es difícil de precisar. A los capturados en Uruguay debe añadirse un número indeterminado de adultos y niños trasladados desde Argentina en el marco de la Operación Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.
En Uruguay, la acción represiva de militares y policías se volcó sobre un amplio y heterogéneo grupo de la sociedad, que abarcó desde integrantes de las fuerzas armadas hasta estudiantes de enseñanza secundarios, pasando por dirigentes políticos y sindicales.
El informe de Serpaj, presentado este viernes, destacó que este año surgieron en Argentina y en varios países de Europa indicios de que el camino para desvelar el destino de los desaparecidos se acorta.
En Argentina, los juicios iniciados en 1966 por sustración sistemática de los hijos de los desaparecidos "han avanzado notablemente" en 1999.
Las investigaciones avanzan en al menos dos causas, y en ambas figuran ciudadanos uruguayos que en el momento de convertirse en víctimas estaban asilados en Argentina, luego del golpe de Estado en este país.
Serpaj señaló que, por otra parte, este año también se registraron avances en los juicios iniciados en varios países europeos contra militares del Cono Sur implicados en delitos de lesa humanidad.
En julio, la Corte Suprema Federal de Alemania declaró a la fiscalía de Nuremberg competente para investigar la desaparición en Argentina de 70 ciudadanos de origen alemán.
Este año, el abogado paraguayo Martín Almada, el periodista uruguayo Samuel Blixen y la abogada argentina Mirta Mántaras prestaron declaración en Madrid ante el juez Baltasar Garzón, quien ordenó la captura internacional del ex dictador chileno Augusto Pinochet, hoy detenido en Londres.
Los tres aportaron pruebas de la participación de militares en la detención y desaparición de personas en los tres países.
En junio de 1999, cinco mujeres uruguayas presentaron ante la justicia italiana una demanda por la desaparición de sus familiares entre 1974 y 1977.
Serpaj sostuvo en su informe que lo sucedido en esas naciones europeas contrasta con la realidad uruguaya. (FIN/IPS/rr/mj/hd/99
