La organización internacional Human Rights Watch denunció que en México persisten la tortura y las detenciones arbitrarias, lo cual demuestra, según grupos humanitarios locales, la urgencia de que se implemente en este país un amplio programa de asistencia técnica en la materia.
El gobierno mexicano incumplió el compromiso de promover y fortalecer los derechos humanos, pues continuaron las graves y "amplias violaciones" de esas garantías, concluyó el informe anual de HRW divulgado el jueves en Washington.
El reporte "marca a 1999 como un año de gran importancia para la defensa de los derechos humanos, pues nunca como en este período el país fue observado" desde el exterior, declaró a IPS Edgar Cortés, director del Centro Agustín Pro Juárez.
También sostiene que México "ha sido cada vez más un foco de preocupación debido, entre otras razones, al vacío jurídico para poder tipificar y prevenir delitos como la tortura y las desapariciones forzadas", explicó Cortés.
La organización humanitaria de origen estadounidense destacó en el capítulo dedicado a este país que "los abusos a menudo ocurrieron en el contexto del sistema de justicia criminal, cuando policías o soldados practicaron arrestos o cuando los fiscales procesaron casos".
Agrega que, "más que enfrentar esos problemas, los políticos ignoraron el tema de los derechos humanos o decidieron culpar a sus promotores de las dificultades de seguridad pública".
El informe afirma que líderes políticos, empresariales y aun religiosos acusan con frecuencia a las organizaciones no gubernamentales de proteger criminales en detrimento de los ciudadanos.
"El gobierno fracasó en tomar las medidas para aminorar los problemas de los derechos humanos del país", señala HRW.
No obstante, México adoptó "importantes pasos hacia el mayor reconocimiento de los mecanismos internacionales" sobre la materia, destacó el documento de 517 páginas elaborado con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra este viernes.
El aumento de la atención sobre la situación en este país, "plantea ahora el enorme reto al gobierno para que inicie los cambios que se necesitan para hacer valer y respetar los convenios y declaraciones internacionales a los que se ha comprometido", afirmó Cortés.
En ese sentido, las organizaciones humanitarias propugnan que México firme con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, un programa de asistencia técnica amplio, subrayó el responsable del centro jesuita de defensa de los derechos básicos.
En el marco de la visita de Robinson a México, del 23 al 28 de noviembre, las partes firmaron un memorando de intención considerado "limitado" por el grupo Pro Juárez.
"Se requiere un programa que aborde los temas más delicados, como el militarismo creciente en los estados sureños de Chiapas, Guerrero y Oaxaca y los derechos de los indígenas y emigrantes, que exigen decisiones urgentes y radicales para ser subsanados", sostuvo Cortés.
El activista agregó que el gobierno mexicano enfrenta el reto de "cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales sobre la necesidad de cambiar las leyes para combatir la impunidad".
Las organizaciones no gubernamentales promueven que se tipifique como delito la desaparición forzada. Para sustentar esa demanda, sólo el centro jesuita logró documentar 114 casos de ese tipo entre 1996 y 1998.
"La crítica situación tiene que ver fundamentalmente con la manera de impartir justicia, ya que apenas en cuatro oportunidades fueron sancionados policías por el delito de tortura, sobre un total de 140 causas registradas en los últimos años", dijo Cortés a manera de ejemplo.
A pesar de que la ley local reconoce a la tortura como delito, los infractores suelen ser imputados solo de cargos de lesiones o abuso de autoridad, añadió.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) publicó una carta abierta al presidente Ernesto Zedillo, en la que señaló que el gobierno tiene aún un largo trecho por recorrer "para traducir a la práctica la letra y el espíritu" de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
AI criticó duramente a las autoridades mexicanas por soslayar los mecanismos para proteger a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y citó el hostigamiento sufrido en octubre por miembros del centro Agustín Pro Juárez.
Esta organización denunció a principios de noviembre el intento de homicidio de que fue víctima la abogada de ese grupo humanitario Digna Ochoa.
Los ataques contra defensores de las garantías individuales se incrementaron desde 1994 y el gobierno no logró aún dar una respuesta convincente a ese problema, señaló el organismo.
La carta firmada por el secretario general de AI, Pierre Sané, apuntó que es de esperar que el gobierno "ofrezca todas las garantías para que los defensores de los derechos humanos, mexicanos o extranjeros, lleven a cabo su importante labor". (FIN/IPS/pf/dm/hd/99
