Los conflictos por derechos humanos constituyen la herencia obligada pero no deseada de los dos candidatos con más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales este domingo en Chile.
El caso del ex dictador Augusto Pinochet, arrestado desde hace 14 meses en Londres y sometido a un juicio de extradición a España, puede ser otro ingrato legado adicional en materia de derechos humanos para el próximo presidente chileno.
En las elecciones de este domingo compiten seis candidatos, pero los únicos con posibilidades reales de triunfo son el socialista Ricardo Lagos, de la gobernante coalición de centroizquierda, y Joaquín Lavín, de la oposición de derecha.
Es muy probable, según las encuestas, que ninguno de los dos logre la mayoría absoluta, lo cual los obligará, de acuerdo con la Constitución, a medirse en una segunda vuelta, programada para el domingo 16 de enero.
La posibilidad de la segunda vuelta dependerá en buena medida de cómo se exprese el voto de protesta de los sectores más radicalizados, que precisamente impugnan la transición chilena por la gestión en materia de derechos humanos.
A casi una década del restablecimiento de la democracia, en marzo de 1990, continúan impunes la mayoría de los 3.000 crímenes represivos cometidos bajo la dictadura de Pinochet, de acuerdo con los casos documentados judicialmente.
La ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978, la injerencia de la justicia militar en los procesos y el temor de muchos jueces civiles a un poder militar subyacente contribuyeron a postergar los anhelos de justicia en materia de derechos humanos.
Durante el primer gobierno de transición de Patricio Aylwin (1990-1994), el Ejército, bajo el mando de Pinochet, presionó para que se cerraran juicios contra militares y se expidiera una ley de "punto final" para los casos pendientes de violaciones.
Las campañas de las organizaciones de víctimas de la represión y la posición de numerosos parlamentarios oficialistas impidió que prosperaran esos intentos y, a la vez, mantuvo abierto el conflicto por los derechos humanos en todos estos años.
La impunidad se mantuvo así no sólo como objeto de una sorda pugna político y judicial, sino que además se convirtió, desde una dimensión ética, en un baldón para la imagen exterior de una transición que pretendía ser ejemplar.
Con todo, el país siguió en la ruta de una transición inconclusa en que el problema de los derechos humanos mantuvo su carga polémica, pero fue relegado de las preocupaciones centrales de la llamada clase política.
Pinochet, quien se convirtió en senador vitalicio en marzo de 1998 luego de dejar el mando del Ejército, quiso ser gestor de una controvertida reconciliación nacional y aceptó derogar el feriado del 11 de septiembre, que recordaba el golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende en 1973.
La detención en Londres del ex dictador, el 16 de octubre de 1998, alteró bruscamente el escenario, puso al gobierno de Frei ante una imprevista crisis jurídica, política e internacional y colocó otra vez a los derechos humanos en la primera línea.
En los 14 meses transcurridos desde el arresto del anciano general de 84 años se produjeron cambios importantes en Chile, sobre todo en los tribunales, donde se abrieron o activaron procesos por graves crímenes represivos.
En el último año han sido encausados criminalmente seis generales y otros altos oficiales retirados del Ejército, gracias a nuevos criterios de los jueces para tipificar casos de desapariciones forzadas como secuestros que les permiten eludir la ley de amnistía.
Para Lagos, el caso Pinochet es un llamado de atención del mundo a Chile sobre la incapacidad del proceso de transición para satisfacer las demandas de verdad y justicia de los familiares de las víctimas de las violaciones de derechos humanos.
Tanto el candidato oficialista como Lavín se declaran partidarios de no interferir en la labor de los tribunales y de que Pinochet sea juzgado en Chile, de acuerdo con unas 50 querellas presentadas contra el ex dictador.
La posición del abanderado de la derecha ha sido criticada por la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y otros organismos humanitarios, que recuerdan la identificación de Lavín con el régimen de Pinochet.
El problema para el futuro gobierno, con Lagos o Lavín, será establecer hasta qué punto sería aplicable la amnistía si finalmente se producen hallazgos de restos de desaparecidos y los procesos pasan a ser rotulados ya no como secuestros, sino como homicidios.
Lagos rechaza cualquier posibilidad de una ley de punto final que pueda cubrir casos posteriores a 1978, mientras Lavín aparece como más proclive a una salida de esta naturaleza con su discurso de "mirar hacia adelante y cerrar las heridas del pasado".
Para Lavín será más incómodo asumir eventualmente el gobierno en marzo del 2000 si para entonces Pinochet continúa retenido en Londres, lo cual es muy probable que ocurra, de acuerdo con los ritmos del proceso de extradición a España.
La única esperanza de ambos candidatos de no heredar el conflicto internacional del caso Pinochet radica en que el gobierno británico resuelva dejar en libertad al ex dictador por razones humanitarias, atendiendo a su avanzada edad y estado de salud.
Pero eso no implicaría tampoco el cierre de esta situación, ya que de inmediato se plantearía el juzgamiento de Pinochet en Chile, lo cual ser un desafío no sólo para los tribunales, sino también para el futuro gobierno. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/99
