Los primeros meses del año 2000 serán cruciales en la vida política de Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica (1986-1990) y premio Nobel de la Paz, quien impulsará una reforma de la Constitución que le permita volver a gobernar.
El artículo 132 de la Constitución de Costa Rica impide desde 1969 que los ex presidentes aspiren a un nuevo mandato, y para aprobar una reforma constitucional es preciso el respaldo de dos tercios de los integrantes del parlamento unicameral.
"La gente me ha dicho que soy el único que puede resolver los problemas de este país y yo también estoy convencido de eso", declaró Arias, de 58 años.
"Si el pueblo es quien quiere la reelección los diputados no pueden dar la espalda y traicionar ese deseo", añadió el ex mandatario, cuya meta es ser candidato presidencial en los comicios del año 2002.
Arias recibió en 1987 el premio Nobel de la Paz por su participación en la firma de los acuerdos de pacificación de América Central y es uno de los pocos políticos que ha mantenido altos índices de popularidad en los sondeos de opinión pública.
Varias firmas encuestadoras han dado a conocer estudios en los cuales más de 58 por ciento de los consultados se manifestaron a favor de la reelección presidencial.
Sin embargo, no todo está allanado, pues diversas figuras del opositor Partido Liberación Nacional (PLN), al cual pertenece el ex presidente, han alzado voces de protesta contra la idea de reformar la Constitución, porque opinan que una nueva candidatura de Arias bloquearía las aspiraciones de nuevos dirigentes.
"Los dirigentes políticos latinos hemos demostrado ser frágiles y débiles ante las tentaciones del poder, y yo voy a combatir esta reforma que busca la reelección de Arias", declaró a su vez el ex presidente Luis Alberto Monge (1982-86), también del PLN.
Monge es uno de los principales opositores a la iniciativa de reforma constitucional elección, y ha asegurado que detrás del Nobel de la Paz hay importantes grupos económicos que buscan privatizaciones.
Actualmente el Estado costarricense mantiene una alta participación en el mercado bancario y posee el monopolio de la producción de energía eléctrica, la telefonía y los seguros.
Los partidarios de la reforma tienen tiempo hasta el 30 de abril del año 2000 para que su iniciativa se apruebe y esté vigente antes del 2001, cuando el PLN realizará sus elecciones primarias para elegir un candidato presidencial.
Arias informó que está tratando de convencer uno por uno a los parlamentarios del PLN y a los del gobernante Partido Unidad Socialcristiana.
"Es muy posible que esos diputados de los dos partidos tradicionales se pongan de acuerdo para aprobar la reforma", dijo a IPS Vladimir de la Cruz, diputado del emergente Partido Fuerza Democrática.
De la Cruz, historiador y catedrático de la estatal Universidad de Costa Rica, comentó que la prohibición constitucional que pesa sobre los ex presidentes es una incoherencia, ya que es posible la reelección de parlamentarios y de gobernantes municipales.
Sin embargo, el diputado adelantó que su partido se opondrá a la reforma si se comprueba que detrás del movimiento para reelegir a Arias hay una organización que desea acelerar los procesos de privatización del Estado.
Quienes impulsan la reforma tienen tres vías para lograr su objetivo.
El primero de los caminos es derogar el artículo 132 de la Constitución. El segundo es modificar ese artículo, estableciendo que la reelección de un ex mandatario sólo sea posible cuando hayan transcurrido por lo menos dos períodos de gobierno (ocho años) entre el fin de su mandato y su nueva postulación.
En ambos casos se necesitaría el respaldo de 38 de los 57 diputados del parlamento en un total de cinco votaciones, tres durante el período legislativo que terminará en abril del año próximo, y dos durante durante el que comenzará en mayo.
La tercera opción es presentar un recurso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y lograr que se anule el artículo 132 de la Constitución, con el argumento de que viola el derecho de los ciudadanos a ser elegidos para ocupar cargos públicos. (FIN/IPS/nms/mp/ip99)
