Ciudad Viva, un comité de vecinos de dos barrios de la capital de Chile, está dispuesto a seguir dando la lucha contra la Costanera Norte, una autopista de alta velocidad que se comenzará a construir el próximo año.
La obra, que unirá los extremos este y oeste de Santiago por la ribera norte del río Mapocho, fue adjudicada el día 6 por el Ministerio de Obras Públicas a un consorcio formado por la compañía italiana Impregilo y la chilena Fe Grande.
Desde que fue concebido el proyecto se desató una polémica entre quienes lo consideran un atentado urbanístico y ambiental, y los que lo ven como una obra necesaria para el progreso y la integración de esta ciudad de cinco millones de habitantes.
En su trayecto de 37,7 kilómetros, la autopista atravesará nueve municipios, representativos de la estratificación socioeconómica de Santiago, desde sus barrios más ricos hasta los que concentran la extrema pobreza.
El "kilómetro cero" estará en Lo Barnechea, una de las comunas más ricas de la capital, para seguir por Vitacura y Providencia, representativas también de los núcleos de población de altos ingresos de Santiago.
Ya en Providencia, la autopista se acercará a áreas comerciales y de residentes de estratos medios, tanto de esa comuna, como de Recoleta, Santiago-Centro e Independencia, municipios situados en el corazón capitalino.
En su aproximación al oeste, donde rematará en el aeropuerto internacional de Santiago, la Costanera Norte pasará por Renca, Pudahuel y Cerro Navia, comunas que se ubican entre las más pobres de la región metropolitana.
Esta autopista es la primera vía urbana que se financiará mediante concesiones, sistema aplicado hasta ahora en Chile sólo para carreteras interprovinciales y que instauró el ex ministro de Obras Públicas y actual candidato presidencial Ricardo Lagos.
El sistema consiste en que la compañía o consorcio que construya una obra puede recuperar la inversión y recoger utilidades administrando durante un período determinado el sistema de cobro de peajes a los vehículos.
El cobro por el uso de las autopistas es para las autoridades una medida ambientalista en tanto desalentaría el uso del automóvil particular, mientras los ecologistas lo consideran, en este caso, un recurso discriminatorio en favor de los ricos.
La Costanera Norte será un complejo vial de varias pistas, que en parte de su trayecto bordeará el cerro San Cristóbal o Parque Metropolitano y contará con un túnel de doble altura y un largo de cuatro kilómetros en su paso por el centro de la capital.
Según el diseño de la obra, un viaje de 10 kilómetros en el horario de mayor demanda tendrá un costo en torno a 80 centavos de dólar, con un aumento de la velocidad de circulación de 25 a 60 kilómetros por hora y un ahorro de tiempo de 15 minutos.
Para el Ministerio de Obras Pùblicas, encabezado actualmente por Jaime Tohá, la Costanera Norte es una de las soluciones para descongestionar Santiago, reducir así la contaminación y unir a las comunas de los extremos este y oeste de la ciudad.
Lagos señaló en alguna ocasión que si se hacía un plebiscito, la autopista sería aprobada ampliamente, no sólo por el respaldo de los residentes de los municipios ricos, sino sobre todo por el apoyo de las populosas comunas pobres.
Cristina Girardi, alcaldesa de Cerro Navia, defiende la Costanera Norte porque permitirá que los habitantes de su empobrecida comuna ahorren tiempo en llegar a sus trabajos, localizados generalmente en los municipios ricos.
Los vecinos de los barrios de Pedro de Valdivia Norte y Bellavista, que están en las faldas del cerro San Cristóbal entre Providencia y Recoleta, rechazan la obra, argumentando que destruirá áreas verdes del Parque Metropolitano.
Señalan, igualmente, que el paso masivo de vehículos aumentará la contaminación y dañará el patrimonio arquitectónico de Bellavista, el barrio turístico y artístico por excelencia de Santiago, donde vivió el poeta y Premio Nobel Pablo Neruda.
En la oposición de esos dos barrios a la Costanera Norte se creó Ciudad Viva, que reúne a 25 organizaciones comunales, ecológicas y sociales, y está dispuesta a seguir la lucha en contra de este proyecto.
La acción de estos vecinos tuvo un éxito relativo al obligar a las autoridades a aumentar las exigencias ambientales en el diseño de la obra, lo cual aumentó su costo e hizo que fracasara una primera licitación convocada a mediados de este año.
Según Ciudad Viva, la segunda licitación, ganada por Impregilo y Fe Grande, es también un fracaso, porque el Ministerio de Obras Públicas terminó aceptando una oferta por 12,7 millones de dólares, muy inferior al monto entre 60 y 70 millones de dólares que esperaba recibir.
Patricio Lanfranco, dirigente de la organización, sostuvo que esto obligará al Estado chileno a entregar un subsidio directo a los concesionarios por 58,3 millones de dólares en obras complementarias, que se pagará a cuenta de los contribuyentes chilenos.
Los detractores de la Costanera Norte afirman también que la empresa italiana Impregilo no es confiable, ya que está siendo investigada en Lesotho, Sudáfrica, por denuncias de soborno de altos funcionarios, además de haber sido condenada en agosto en Estados Unidos por deudas impagas con una empresa local.
Ciudad Viva presentó una demanda en la Contraloría General de la República por la poca transparencia que a su juicio hubo en la licitación de la obra, e hizo también presentaciones al respecto en la Cámara de Diputados y ante el Poder Judicial.
Todo indica, entonces, que seguirá la polémica en torno a la Costanera Norte, cuyos trabajos deberían iniciarse en los primeros meses del 2000 para que la autopista empiece a operar hacia fines del año 2003. (FIN/IPS/ggr/ag/dv/99
