El juez Juan Guzmán, a cargo en Chile de numerosas querellas contra el ex dictador Augusto Pinochet, procesó hoy por secuestro calificado al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general retirado Manuel Contreras, que está encarcelado.
Contreras, quien cumple desde 1996 una sentencia de siete años de cárcel por el asesinato en 1976 del ex canciller Orlando Letelier, habría ordenado en 1974 el secuestro y posterior desaparición del ingeniero comunista David Silberman.
El juez Guzmán dictó también autos de procesamiento contra otros dos ex agentes de la DINA: el coronel retirado del Ejército Marcelo Moren y el capitán Armando Fernández, desertor de las Fuerzas Armadas chilenas, radicado en Estados Unidos.
Silberman fue gerente general de Chuquicamata, el mayor yacimiento de cobre en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y está desaparecido desde el 4 de octubre de 1974, cuando la DINA lo sacó con engaños de la Penitenciaría de Santiago.
El caso de Silberman fue incluido en una de las 51 querellas penales presentadas hasta la fecha contra el general Pinochet, quien gobernó el país entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 para asumir como senador vitalicio desde marzo de 1998.
El ex dictador de 84 años está arrestado en Londres desde el 16 de octubre de 1998 y está sometido a un proceso de extradición a España, donde el juez Baltasar Garzón lo acusa de crímenes contra la humanidad.
El juez Guzmán no ha deducido cargos contra Pinochet, pero en la investigación de las querellas estableció responsabilidades de altos oficiales retirados en crímenes contra los derechos humanos cometidos en los primeros años de la dictadura.
En junio, el magistrado ordenó procesar al general retirado Sergio Arellano y a otros ex altos oficiales por el secuestro calificado de 19 personas ejecutadas en 1973 por la llamada "caravana de la muerte", cuyos cadáveres jamás aparecieron.
En el caso de Silberman se configuró el mismo delito, ya que los restos del ex ejecutivo de la empresa minera estatal continúan desaparecidos más de 25 años después de su virtual secuestro desde la Penitenciaría de Santiago.
El secuestro es un delito de ejecución permanente mientras no aparezca la víctima viva o muerta, lo cual impide a los inculpados en la "caravana de la muerte" y el caso Silberman acogerse a la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978.
La DINA, comandada por Contreras, condujo una cruenta represión contra la izquierda en el inicio de la dictadura y fue disuelta en 1977 para ser sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI), que operó hasta febrero de 1990.
Las violaciones de derechos humanos cometidas hasta marzo de 1978 quedaron cubiertas por la ley de amnistía, con excepción del asesinato de Letelier, que la DINA cometió a través de agentes anticastristas en Washington en septiembre de 1976.
Esto permitió el inicio de un largo proceso a Contreras y su segundo en la DINA, el brigadier Pedro Espinoza, que culminó el 1996 con la condena del primero a siete años de presidio y del segundo a seis años.
La justicia chilena, acusada de obsecuente con el poder bajo la dictadura, activó en los últimos años procesos por crímenes represivos no cubiertos por la ley de amnistía, además de hacer una virtual reinterpretación de esa normativa para los casos de secuestros.
El gobierno de Eduardo Frei reivindica también la independencia de la justicia, como argumento para reclamar que el ex dictador Pinochet sea juzgado en su propio país en lugar de que se le extradite a España.
En el curso de este año fueron sometidos a proceso, además de Arellano y Contreras, otros cuatro generales retirados del Ejército, incluyendo a dos ex jefes de la CNI, Humberto Gordon y Hugo Salas Wenzel.
Gordon, quien fue también miembro de la Junta Militar, está acusado de cómplice del asesinato en febrero de 1982 del sindicalista socialdemócrata Tucapel Jiménez, mientras Salas Wenzel es inculpado en la Operación Albania de 1987, en que fueron asesinado 12 jóvenes izquierdistas.
Gordon podría ser inculpado igualmente en el secuestro y asesinato del periodista José Carrasco, cometido por un comando paramilitar el 8 de septiembre de 1986, tras un fallido atentado insurgente contra el entonces dictador Pinochet.
La jueza Dobra Lusic, a cargo de ese caso, dispuso el martes el sometimiento a proceso de ocho ex agentes de la CNI, entre los cuales figuran tres oficiales retirado del Ejército y uno de la policía de Carabineros.
El mayor retirado Alvaro Corbalán, principal inculpado por Lusic en el homicidio de Carrasco, es también uno de los involucrados en el asesinato de Jiménez, quien fue degollado por agentes represivos en su propio automóvil. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/99
