El rechazo en el Senado de Chile de las reformas laborales propuestas por el gobierno abre un amplio abanico de interrogantes sobre sus efectos políticos y deja al país en mala situación para negociaciones de comercio internacional.
Los senadores de los partidos de derecha y cinco de los nueve designados al margen del sufragio popular provocaron dos empates en la votación de las reformas, lo cual posterga por un año la posibilidad de que se pueda legislar sobre esta materia.
El debate y votación en la sede del Senado en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, se prolongó por siete horas para concluir cerca de la medianoche de este miércoles, en un clima de tensión por las manifestaciones de sindicalistas a favor de las reformas.
La propuesta del presidente Eduardo Frei, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados, recibió un duro rechazo de los partidos de derecha y de las confederaciones empresariales, que las calificaron como un retroceso.
Las reformas apuntaban a terminar con disposiciones del Código Laboral heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), quien aplicó una política neoliberal de desregulación del mercado del empleo para fomentar la inversión privada.
Las normas dictatoriales tuvieron modificaciones al comienzo del gobierno de transición democrática del presidente Patricio Aylwin (1990-94), a través de acuerdos consensuados con la derecha que restituyeron algunos derechos sindicales.
Estas segundas reformas, en cambio, estaban archivadas en el parlamento hace cinco años, hasta que Frei les dio trámite de urgencia en lo que fue considerado un desafío a la derecha en vísperas de las elecciones presidenciales del 12 de este mes.
Los cambios rechazados por el Senado incluían la negociación sindical colectiva en los sindicatos interempresas y terminaban con la facultad de los empleadores de reemplazar a trabajadores en huelga si no aceptan un acuerdo a los 15 días de paralización.
La reforma extendía también el derecho a negociación colectiva a los sindicatos de trabajadores eventuales, transitorios o temporeros, que pertenecen sobre todo a los sectores agrícola y de la construcción.
Por último, el proyecto planteaba aumentar de 50 a 100 por ciento las indemnizaciones a despedidos por prácticas antisindicales, para beneficiar con la diferencia al propio sindicato, y obligaba a la empresa a informar a los trabajadores sobre sus políticas económicas y de personal.
Felipe Lamarca, presidente de los empresarios industriales, criticó duramente las reformas hace una semana y el lunes el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Walter Riesco, sostuvo que su aplicación implicaría "volver a la UP (Unidad Popular)".
La alusión a la alianza izquierdista que gobernó entre 1970 y 1973 con el derrocado presidente Salvador Allende fue considerada una exageración por Joaquín Lavín, abanderado presidencial de la derechista Alianza por Chile para las próximas elecciones.
Ricardo Lagos, candidato presidencial oficialista, fustigó a su vez a los empresarios por carecer de una visión moderna y defender normas discriminatorias de los trabajadores que han sido eliminadas en casi todos los países.
Lagos advirtió que en las negociaciones de acuerdos comerciales y de inversión entre países se tiende ahora a considerar los derechos laborales y ambientales como un factor de primer orden.
María Rozas, diputada y ex vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señaló que el "etiquetado social" es hoy fundamental para las relaciones económicas y comerciales con el resto del mundo.
El gobierno de Frei intentó poner a la derecha y a Lavín "entre la espada y la pared" para que aprobaran la reforma o pagaran en la próxima elección el costo político de rechazarlas, pero no está claro si logró ese propósito.
El rechazo derechista y empresarial fue acompañado de una fuerte campaña de prensa que creó una imagen de caos con el supuesto daño que las reformas laborales causarían a los propios trabajadores, y en especial a la pequeña y mediana empresa.
Los pronunciamientos a favor de las reformas de la CUT, otros importantes gremios sindicales y de connotados obispos de la Iglesia Católica no tuvieron el mismo despliegue informativo que la campaña en contra.
Según una encuesta telefónica de la derechista Fundación Futuro, divulgada este jueves, 38,1 por ciento de los chilenos apoyaba las reformas, 32,4 estaba en contra y 29,4 por ciento no tenía una opinión definida.
El gobierno a la postre cedió a la campaña en contra y anticipó antes de la votación en el Senado que, una vez aprobadas las reformas, Frei presentaría un veto para corregir los aspectos más conflictos para la derecha y los empresarios.
Esta posición creó problemas dentro de la Democracia Cristiana, el partido de Frei, entre sindicalistas y cuadros de su ala izquierdista, por una parte, y los senadores y ministros que promovieron la fórmula del veto presidencial.
Este recurso, sin embargo, habría tenido vigencia en una aprobación de las reformas, pero esa estrategia se vino al suelo cuando la derecha y los senadores designados lograron reunir 23 votos para empatar las dos votaciones con el oficialismo.
El gobierno esperaba contar con mayoría en el Senado, pero la oposición logró ganar para sus posiciones a los senadores designados por la Fuerza Aérea, Ramón Vega, y la policía de Carabineros, Fernando Cordero.
Además, la derecha hizo asistir a la sesión a Marcos Aburto, designado por la Corte Suprema, pese a su delicado estado de salud, para que diera el voto que decidió los dos empates. (FIN/IPS/ggr/ag/ip-if/99
