Abogados de derechos humanos que apoyaron a otros candidatos en la primera vuelta de la elección presidencial en Chile llamaron hoy a votar por el oficialista Ricardo Lagos en la segunda vuelta del 16 de enero.
En una declaración conjunta con otras personalidades, los abogados sostuvieron que un triunfo de la oposición derechista en los próximos comicios "legitimaría el terrorismo de Estado" que imperó en el país bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Lagos, un socialista moderado que lidera la gobernante Concertación por la Democracia, de centroizquierda, tiene como rival para esta segunda vuelta a Joaquín Lavín, de la Unión por Chile, formada por los dos grandes partidos de derecha.
Varios de los juristas defensores de los derechos humanos se identifican con la Democracia Cristiana o las corrientes socialistas de la coalición gobernante, pero otro porcentaje importante mantiene una posición crítica al oficialismo.
Entre estos últimos hay abogados que en la primera vuelta, del día 12, votaron por la comunista Gladys Marín, la ecologista Sara Larraín o Tomás Hirsch, del Partido Humanista, o simplemente no apoyaron a ningún candidato en una expresión de protesta.
Esos candidatos menores obtuvieron un mínimo apoyo en una elección caracterizada por su extrema polarización, que culminó con un virtual empate de los dos postulantes más votados, con 47,98 por ciento de los votos para Lagos y 47,47 por ciento en favor de Lavín.
La abogada Fabiola Letelier, hermana del asesinado ex canciller Orlando Letelier, es una de las principales personalidades que este martes anunció "sin vacilación, cálculo ni compromiso" su voto por Lagos el 16 de enero.
Carmen Hertz, abogada y viuda del periodista comunista Carlos Berger, asesinado en 1973 por la llamada "caravana de la muerte", es otra de las firmantes del documento, suscrito también por los abogados Nelson Caucoto y Hugo Gutiérrez.
Caucoto es, junto al abogado Héctor Salazar, uno de los querellantes más conocidos en casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos cometidos bajo la dictadura de Pinochet, quien está detenido desde octubre de 1998 en Londres.
Gutiérrez, cercano al Partido Comunista, es el patrocinante de varias de las querellas presentadas ante los tribunales contra el ex dictador desde enero de 1998, incluyendo las denuncias de los crímenes de la "caravana de la muerte".
El Partido Comunista anunció el domingo que no votará por Lagos, a quien considera un neoliberal, pero manifestó comprensión hacia militantes y simpatizantes que sufraguen por él con el propósito de impedir que pueda triunfar Lavín.
Entre las 70 personalidades que llamaron a votar por Lagos hay connotados ex dirigentes del Partido Comunista, como el economista Hugo Fazio, vicepresidente del Banco Central durante el derrocado gobierno de Salvador Allende (1970-73), y el profesor Jaime Insunza.
Aparecen igualmente el periodista Manuel Cabieses y el sociólogo Nelson Gutiérrez, dirigentes históricos del hoy fragmentado y casi desaparecido Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Jacques Chonchol, iniciador de la reforma agraria en Chile en la década del 60, firma igualmente el llamado a votar por Lagos, suscrito también por la ex secretaria de Allende, Miria Contreras.
Según los firmantes de la declaración, la coalición gobernante ha aplicado una "política de consensos con la derecha y el militarismo en vez de convocar el apoyo del pueblo organizado y facilitar una amplia confluencia de fuerzas democráticas".
Critican, igualmente, a la Concertación por no alentar la participación y movilización del pueblo, lo cual habría "fortalecido la conciencia democrática" e impedido el renacimiento electoral de la derecha.
No obstante sus críticas al oficialismo, los abogados y las demás personalidades indican que no son neutrales ni indiferentes frente a la alternativa actual. "No es lo mismo que gane Lagos o Lavín", expresaron.
"Un gobierno de los mismos sectores que ayer sostuvieron la dictadura y que hoy están detrás de Lavín sería un profundo retroceso político y social y una amenaza a los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos en general", plantearon.
Agregaron que un gobierno de Lavín "lavaría la imagen de la derecha y legitimaría el terrorismo de Estado y los abusos cometidos durante 17 años". (FIN/IPS/ggr/ag/ip-hd/99
