La seguridad pública, en crisis ante la expansión de la violencia y el crimen organizado, está obligando a una segunda reforma del Estado en Brasil.
La internacionalización de la economía ya impuso una primera reforma privatizadora, que ubicó al Estado en funciones más reguladoras que productivas y se acompañó de una nueva actitud fiscal, con recortes del gasto para pagar sueldos de funcionarios y apoyar el sistema de previsión social.
Ahora se presenta la necesidad de profundos cambios en todo el aparato estatal con miras a recuperar la seguridad, sin que haya mucha claridad, y mucho menos consenso, sobre las características que deben tener esos cambios.
Una Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) sobre el narcotráfico desnudó la complicidad de muchos jueces, policías, militares e instituciones financieras con el crimen organizado, e incluso la participación en él, como cabecillas, de varios parlamentarios.
El grupo de 11 diputados que integró esa CPI fue saludado como la más eficiente "policía" que haya tenido el país contra la infiltración de los narcotraficantes, y se generó una fuerte corriente de apoyo a la iniciativa de que la comisión se haga permanente.
Otra CPI, que investigó irregularidades en el Poder Judicial, acumuló miles de denuncias contra jueces por corrupción, nepotismo, narcotráfico y otros delitos. Eso estimuló una amplia iniciativa de reforma de la Justicia, que ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados.
El gobierno decidió hace un mes crear el Núcleo de Combate a la Impunidad, con participación de la Policía Federal y de autoridades judiciales, fiscales y monetarias, para responder a las nuevas características del crimen organizado internacional, que lava mucho dinero y posee gran capacidad corruptora.
Poco antes las autoridades habían tratado de reorganizar la represión al narcotráfico, constituyendo una Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), como órgano coordinador capaz de movilizar fuerzas de distintos ministerios.
La SENAD quedó vinculada a la presidencia brasileña, dentro del Gabinete de Seguridad Institucional, un organismo de poder creciente y difuso encabezado por el general Alberto Cardoso.
A ese gabinete se incoporó también la Agencia Brasileña de Inteligencia, oficializada el 7 de diciembre como "organismo del Estado, no de gobierno, sin connotación partidaria", cuya función es recoger y analizar informaciones para defender las instituciones democráticas, según el general.
Por una iniciativa del Gabinete y el SENAD se movilizó a unos 1.200 militares y a 400 policías y representantes de distintos organismos oficiales en la Operación Mandacarú, que desde el inicio de este mes trata de erradicar plantaciones de marihuana en una extensa área del pobre nordeste brasileño.
La operación generó descontento en la Policía Federal, que vio menoscabada su autoridad en la lucha contra el narcotráfico, pasando a simple ejecutora de parte de las políticas definidas en otras instancias.
Con muchos menos recursos, la Policía Federal por sí sola podría realizar una represión más efectiva, porque sería permanente y más silenciosa, según el comisario Francisco Martins, que coordina la participación de la institución policial en la Operación Mandacarú.
La reorganización de la lucha contra el crimen organizado puede provocar duplicación de tareas y futuros conflictos dentro del gobierno.
El mayor esfuerzo para contener la violencia y la criminalidad, especialmente en las grandes ciudades, es llevado a cabo por los gobiernos estaduales, encargados directos del orden público que cuentan incluso con fuerzas de Policía Militar (PM).
La PM fue responsable de masacres que señalaron a Brasil como un gran violador de los derechos humanos ante la opinión pública internacional.
Entre los asesinatos aun impunes cometidos por la PM se cuentan el de 111 presos ametrallados en 1992 en una carcel del estado sudoriental de Sao Paulo, y el de 19 campesinos en Eldorado de Carajás, al norte, en 1997.
El hecho más reciente de violencia con gran repercusión ocurrió el 2 de diciembre en Brasilia, donde la PM mató un ciudadano y dejó ciegos a otros dos, al disparar contra una manifestación de funcionarios que reclamaban un aumento salarial prometido por el gobernador Joaquín Roriz.
Proliferan las propuestas de disolver a los cuerpos de PM, fusionarlos con la Policía común o reformar por completo el sistema de seguridad pública.
"Pero falta una doctrina que responda a la nueva realidad", de criminalidad bien organizada y con conexiones internacionales, apuntó el especialista en Ciencia Política Clovis Brigagao, quien estudia estas cuestiones desde hace muchos años.
La formación militarizada de la policía, cuyo "objetivo es matar", un Poder Judicial "anacrónico" y la corrupción instalada en esos organismos también dificultan la adopción de políticas adecuadas a "un orden público democrático", señaló.
Las Fuerzas Armadas rechazan las funciones policiales, pero van siendo arrastradas a esas actividades, incluso por la indefinición de su papel en el mundo actual. La Operación Mandacarú y la intervención militar en diversas situaciones críticas apuntan en esa dirección, sostuvo Brigagao. (FIN/IPS/mo/mp/ip/99
