La opción por el régimen parlamentario de gobierno ganó fuerza en Brasil este fin de año, ante el fortalecimiento político del Congreso Nacional y la impopularidad del Poder Ejecutivo.
Sin tradición en el país (ni en el resto de América Latina), el parlamentarismo fue rechazado por la población en un plebiscito promovido en abril de 1993, que mantuvo el régimen presidencial por amplia mayoría.
Pero numerosos diputados volvieron a colocar el tema en la agenda al final de un año en que el Congreso se destacó por el resultado de sus Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI), coincidiendo con el desplome de la popularidad del presidente Fernando Henrique Cardoso.
La CPI del narcotráfico, que desnudó las conexiones nacionales e internacionales del crimen organizado en casi todo el país llevando a la cárcel a varios diputados, fue el principal factor de la recuperación de prestigio del parlamento.
Fue una CPI que determinó también la caída en 1992 del ex presidente Fernando Collor de Mello, al revelar sus vínculos con una red de corrupción instalada en el gobierno. Desde entonces el Congreso ya expurgó a muchos de sus propios miembros involucrados en delitos de distinto tipo.
Otras dos comisiones del Senado también pusieron al descubierto este año irregularidades ocurridas en el Poder Judicial y en el sistema financiero, colocando en varios casos al gobierno en la defensiva.
Además el parlamento mostró gran productividad este año, al aprobar más de 400 proyectos. Por su iniciativa se elaboró una propuesta de reforma tributaria, tras cinco años de dilaciones por el Poder Ejecutivo, que ahora trata visiblemente de boicotear el p oyecto.
En cambio, el presidente Cardoso arrastra una elevada tasa de impopularidad desde el inicio del año. La última encuesta muestra que 59 por ciento de los brasileños rechaza su gestión, contra sólo 12 por ciento que la considera "buena".
En tal cuadro el presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer, dijo que concederá prioridad a una enmienda constitucional que implanta el gobierno parlamentario, una vez concluida la votación de las reformas actualmente en trámite, sobre el sistema tributario y el Poder Judicial, a mediados del 2000.
Una propuesta en tal sentido ya fue elevada a una Comisión Especial de la Cámara, en la que la nueva forma de gobierno cuenta con apoyo mayoritario, según una encuesta efectuada por el diputado Paulo Kobayashi.
Los diputados que encabezan el movimiento defienden el cambio sin consulta al electorado, argumentando que la población carece del concoimiento suficiente para opinar al respecto.
Por ello, pretenden la implantación del régimen parlamentario por un mínimo de cuatro años, para luego sí realizar un plebiscito de ratificación.
Los brasileños estarían entonces "en condiciones de comparar los dos sistemas", declaró el diputado Marcio Fortes, secretario general del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
El PSDB, del cual fue cofundador el presidente Cardoso, nació en 1988 con la defensa del parlamentarismo como una de sus principales banderas. El propio jefe de Estado perdió interés en esa meta luego de asumir su cargo, en 1995.
La oposición izquierdista estima que la intención de aprobar la enmienda constitucional sin un referendo o plebiscito equivale a un "golpe".
José Genoino, líder del Partido de los Trabajadores en la Cámara, acusó al gobierno de buscar un mecanismo para seguir en el poder tras las elecciones de 2002, con Cardoso como presidente o primer ministro. El diputado, sin embargo, es personalme te favorable al parlamentarismo.
El objetivo es impedir que la oposición llegue al poder en el 2002, sostuvo el gobernador estadual de Minas Gerais, Itamar Franco, actualmente enfrentado al gobierno central aunque es miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que participa en la coalición oficial.
El presidente Cardoso negó que pretenda permanecer en el gobierno, aunque reiteró su convicción sobre las ventajas del parlamentarismo.
En una entrevista concedida al diario Folha de Sao Paulo anunció que tras abandonar el poder, en el 2003, también dejará la vida política y volverá a dedicarse a la actividad universitaria e intelectual.
El tema divide tanto al Congreso como al gobierno.
El principal partido de la coalición en el poder, el Frente Liberal, es mayoritariamente contrario a la alteración del statu quo.
El secretario general de la Presidencia, Aloysio Nunes Ferreira, coordinador político del gobierno, apoyó el nuevo intento de modificar la forma de gobierno, pero señaló la necesidad de "escuchar antes a la población".
Difícilmente el cambio cuente con apoyo popular, y es por eso que sus promotores son partidarios de postergar la consulta para después que los brasileños tengan algunos años de experiencia del nuevo sistema.
Tampoco hay coincidencias en cuanto a la fecha de vigencia de las nuevas reglas, si a partir de las elecciones del 2002 o de las del 2006. (FIN/IPS/mo/dg/ip/99
