La entrada en funciones este martes de un nuevo jefe de la Fuerza Aérea de Brasil no terminará con el incidente que provocó la baja del anterior comandante, el brigadier Walter Werner Brauer, y que puede originar una crisis institucional.
El ministro de Defensa, Elcio Alvares, cesó a Brauer el viernes por orden del presidente Fernando Henrique Cardoso, a causa de lo que se consideró un acto de indisciplina.
El brigadier criticó el ministro por mantener como su asesora especial a la abogada Solange Antunes Rezende, sospechosa de complicidad con criminales en la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) sobre el narcotráfico.
La función pública exige de las personas que las ejercen una vida transparente y sin tacha, dijo Brauer, manifestando la molestia de los militares por la situación y su apoyo a las averiguaciones de los diputados.
La abogada defendió a por lo menos dos traficantes en el estado de Espíritu Santo, cuya capital, Vitoria, es una de las ciudades más violentas del país. Por este y otros indicios, la CPI pidió la suspensión del secreto en sus cuentas bancarias, telefónicas y fiscales.
Rezende es socia del ministro Alvares en un bufete de abogados en Vitoria y persona de su total confianza hace 20 años.
Las declaraciones de Brauer, que también se opuso a otra decisión del ministro, la de sustituir el avión presidencial, un viejo Boeing 707, determinaron su exoneración.
El próximo comandante de la Aeronáutica, brigadier Carlos Almeida Baptista, quien presidía hasta ahora el Supremo Tribunal Militar, es respetado y considerado un conciliador, capaz de pacificar a sus colegas descontentos con el episodio.
Pero el caso refleja discrepancias de los militares con el Ministerio de Defensa, que pueden acentuarse por la primera medida disciplinaria adoptada por un ministro civil contra el comandante de una fuerza.
La nueva cartera fue creada a inicios de este año, a pesar de la reticencia de los militares, que preferían el mantenimiento de la estructura anterior, con el Ejército, la Marina y la Aeronáutica conducidos por ministros que eran, a la vez, sus comandantes.
El nombramiento del ex senador Elcio Alvares como primer ministro de Defensa provocó nuevas insatisfacciones entre las fuerzas armadas. La elección del presidente Cardoso confirmó los temores castrenses de que la nueva cartera serviría a intereses políticos.
Alvares, dirigente del Partido del Frente Liberal, importante sostén del gobierno, fue nombrado como una compensación a quien no logró la reelección en su banca senaturial en las elecciones de octubre del año pasado.
Las resistencias y cuestiones legales postergaron al 10 de junio su asunción como ministro.
La Fuerza Aerea, además, acumula decepciones con el actual gobierno. Está perdiendo poder y tareas, al pasar para el sector privado o para civiles la jefatura de varios servicios de su area.
Es el caso del Departamento de Aviación Civil, órgano subordinado a esa rama militar que controla el transporte aéreo en el país, que desaparecerá en breve. Será sustituido por una agencia reguladora, en que la Aeronáutica tendrá como máximo una participación sin poder de decisión.
El gobierno pretende también privatizar la Infraero, entidad administradora de los aeropuertos, hasta ahora conducida por oficiales de la Fuerza Aérea.
La falta de recursos para actualización de sus aviones y equipos es otra queja de los brigadieres, que también se lamentan por la privatización de la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), exitosa industria de aviación creada por los militares en la década del 70.
Brauer, el comandante dado de baja, es un nacionalista contrario a esas privatizaciones. Criticó duramente la venta de 20 por ciento de las acciones de la Embraer a cuatro empresas francesas del sector aeroespacial.
Un informe confidencial del brigadier, divulgado este lunes por el diario Folha de Sao Paulo, acusa al consorcio brasileño que adquirió la empresa en 1994 de haber negociado la entrega de su control a los franceses dentro de algunos años.
Oficiales retirados y activos de la Fuerza Aerea preparan una manifestación de homenaje al brigadier Brauer, que puede convertirse en una amplia protesta contra el Ministerio de Defensa.
Además de las insatisfacciones entre militares, el ministro Alvares enfrenta el avance de la CPI, cuyas investigaciones ya determinaron la inhabilitación y prisión de varios diputados.
El ministro es líder político en Espíritu Santo, donde el crimen organizado tiene fuerza y está por detrás de los escuadrones de la muerte, que hacen que la región metropolitana de Vitoria registrara el año pasado el mayor índice de asesinatos en Brasil, más de 60 por 100.000 habitantes.
En ese estado, los hechos apuntan una vinculación entre políticos y el crimen organizado. El presidente de la Asamblea Legislativa local, José Carlos Gratza, es otro dirigente bajo las sospechas de la CPI.
Solange Rezende es la primera persona allegada a Alvares que aparece vinculada a la criminalidad. Por eso su permanencia como ministro de Defensa depende también de que las investigaciones parlamentarias sobre el narcotráfico y el crimen organizado despejen dudas sobre su inocencia. (FIN/IPS/mo/mj/ip/99
