Productores de banano de Costa Rica denunciaron que las compañías transnacionales aplican una estrategia de precios para pauperizar la producción independiente de este país y favorecer las exportaciones de Ecuador.
El director de la costarricense Cámara Nacional de Productores Independientes de Banano, Luis Umaña, dijo a IPS que las grandes empresas pretenden un empobrecimiento de los productores locales para que bajen los costos y, con ellos, se reduzcan las buenas condiciones laborales.
La Cámara rechazó la rebaja de precios anunciada por Standart Fruit Company para la compra del fruto a los productores independientes, de 5,40 dólares a cinco dólares por caja de 18 kilogramos a partir de enero.
"Esta medida implica herir mortalmente al sector independiente", afirmó Umaña.
En la actualidad, 56 por ciento de la producción bananera costarricense, una de las de mayor volumen del mundo, está en manos de empresarios independientes, que en buena parte la venden a compañías de origen estadounidense como Standard Fruit Company, Del Monte y Chiquita Brands.
"El impacto de bajar el precio de compra a los productores de Costa Rica no es solo económico sino también estratégico, ya que las empresas extranjeras pretenden que se produzca más barato pero a un gran costo social", añadió.
Costa Rica exportó este año alrededor de 115 millones de cajas de banano, lo cual equivale a casi 700 millones de dólares.
Los productores independientes sostienen que, con la anunciada baja de los precios, las compañías transnacionales buscan a largo plazo reducir los ingresos económicos y con ello los beneficios sociales conseguidos a lo largo de años, a través de regulaciones de producción.
Umaña agregó que este plan pretende que las condiciones de producción de Costa Rica sean similares a las de Ecuador, donde los trabajadores no gozan de las mismas garantías que en los establecimientos costarricenses.
"Sabemos que los lugares de producción de banano de Costa Rica no son el paraíso, pero los trabajadores tienen viviendas decentes, agua potable, electricidad, canchas de fútbol y becas para los estudiantes", acotó.
Los productores dijeron que estas medidas beneficiarían en el futuro a Ecuador, competidor tradicional de Costa Rica, pues muchos de ellos se verían obligados a abandonar la actividad bananera y con esto disminuye la competencia de los sudamericanos.
En estos momentos, la siembra de banano por parte de productores independientes se realiza en Costa Rica en no menos de 180 establecimientos y abarca a unos 25.000 trabajadores.
Por su parte, la compañía Standard Fruit Company alega que no puede ofrecer mejores precios a los productores debido a la crisis mundial que afronta el sector.
Juan Carlos Rojas, coordinador de asuntos legales de Standard, dijo que a los productores pequeños, que cosechan menos de 2.500 cajas por hectárea, les podría resultar difícil enfrentar la crisis.
Rojas indicó que, además de la sobreproducción, persiste en la actualidad la incertidumbre acerca del mantenimiento de cuotas de importación por parte de la Unión Europea y demora en la reactivación de la demanda por parte de otros compradores.
En la Tercera Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), realizada a fines de noviembre y comienzos de diciembre en Seattle, Estados Unidos, seis países productores de banano de América Latina se aliaron para rechazar el nuevo régimen de importación aprobado por el bloque europeo.
En esa oportunidad, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá firmaron un documento en el que expresaron su descontento con el nuevo régimen de transición que se aplicará hasta el 2006.
Las naciones latinoamericanas, sin incluir a Ecuador, alegan que las condiciones impuestas por los europeos no son compatibles con las reglas de la OMC, además de sostener que el volumen de sus exportaciones bananeras aprobado por Europa es muy bajo.
El primer contingente asciende a poco más de 2,5 millones de toneladas de banano, el segundo llega a 353.000 toneladas y el tercero a 853.000 toneladas.
Los países firmantes del documento se sienten discriminadas frente a las antiguas colonias europeas de Africa, el Caribe y el Pacífico, que venden con arancel cero, mientras que sus productos ingresan a Europa con un arancel de 75 euros por tonelada para el primer y segundo contingente y de 275 euros para el tercero.
Hasta el momento no ha habido una respuesta por parte de la Unión Europea a las demandas de los seis países latinoamericanos, que la esperan para establecer una posición conjunta. (FIN/IPS/nms/dm/if/99)
