MONTEVIDEO – Las cárceles de Uruguay afrontan graves problemas de hacinamiento, tráfico de drogas, fugas reiteradas y reclusos portadores de VIH sin adecuada atención.
Mientras, las autoridades se muestran impotentes, afirmó el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), una organización no gubernamental internacional en su informe anual.
En los establecimientos penales es donde se registraron las mayores violaciones a los derechos humanos en 1999 en este país, agrega.
El crecimiento de la población carcelaria de Uruguay fue de 120 por ciento entre 1984 y 1999.
Entre las mayores preocupaciones de Serpaj figuran el tratamiento inadecuado que reciben los presos con problemas de salud, en especial los portadores de VIH, y la falta de talleres de trabajo y de planes educativos.
Las inspecciones de la organización constataron insuficiente número de médicos, falta de medicamentos, deficiente seguimiento de los pacientes y ausencia de tratamientos de las enfermedades, medidas profilácticas y de prevención de afecciones.
En todas las cárceles visitadas se comprobó que albergan una cantidad de reclusos muy superior a "la capacidad real instalada". La principal cárcel de Montevideo tiene casi 80 por ciento más de presos que los habilitados.
El informe sostiene, además, que se "están vulnerando derechos fundamentales no sólo de la población privada de libertad, cuyo único derecho conculcado debería ser el de la libertad ambulatoria".
A mediados de noviembre, dos defensoras de oficio y dos funcionarios judiciales fueron secuestrados y utilizados como rehenes por reclusos que trataron de huir de la principal cárcel de Montevideo. —-
