En el estado de mexicano de Chiapas hay impunidad y grupos armados vinculados al ejército, la policía encubre a criminales y personas ajenas a la Iglesia obstaculizan el trabajo pastoral, denunció el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, un mes antes de retirarse de su diócesis.
Si los planes pastorales no tienen continuidad, como pretenden grupos "ajenos a la Iglesia", la paz estará en peligro, advirtió Ruiz, quien el 25 de enero dejará su cargo luego de 40 años.
El religioso dijo en un comunicado difundido el jueves y en una entrevista publicada el viernes en el diario La Jornada que en Chiapas, donde en enero de 1994 se levantó en armas la guerrilla zapatista, la situación social se mantiene difícil.
Ruiz sentenció que si el obispo coadjutor Raúl Vera no es ratificado como su sucesor, se "entorpecería el proceso de paz y golpearía aun más las comunidades, a los servidores y a los agentes de la pastoral y con riesgo de su vida".
Acusado de favorecer a grupos radicales y guerrilleros, de promover la rebelión y de politizar a los indígenas, el obispo que dejará el cargo por cumplir la edad máxima de 75 años, según las normas del Vaticano, expresó que continúan las violaciones de derechos humanos en Chiapas.
La militarización de zonas indígenas y la amenaza de grupos paramilitares, que el gobierno niega, son realidades, manifestó.
Para agravar la situación, personas ajenas a la Iglesia pretenden evitar que Vera, a quien el Vaticano nombró coadjutor de Ruiz en agosto de 1995, asuma la titularidad del obispado, lo que generaría violencia en las comunidades indígenas, añadió.
Vera fue nombrado coadjutor en los momentos en que Ruiz recibía las más duras críticas de políticos y grupos conservadores por sus posturas supuesamente cercanas a la guerrilla zapatista.
En un primer momento se pensó que Vera frenaría el radicalismo del obispo. Sin embargo, con el paso de los años, el prelado asumió un discurso similar al de Ruiz y en ocasiones incluso más radical.
Candidato a Premio Nobel de la Paz desde 1995, con el respaldo de galardonados como la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Ruiz lamentó la impunidad sobre la matanza de 45 indígenas en la localidad de Acteal, cometida dos años atrás.
"Algunos asesinos fueron aprehendidos, llevados a la cárcel y están en proceso, pero a aquellas autoridades estatales que tuvieron una injerencia más directa en el asunto sólo se les retiró del cargo", dijo.
Los que asesinaron a los indígenas cuando se encontraban dentro de una iglesia cumpliendo una jornada de oración y ayuno por la paz en Chiapas fueron paramilitares entrenados por gente relacionada con el ejército, y tal vez "por el ejército mismo", expresó.
En la matanza de Acteal, así como en otros hechos de violencia del pasado y presente, hay encubrimiento policial, impunidad y crueldad, indicó.
Grupos humanitarios, políticos opositores y la Iglesia de Chiapas sostienen que en el estado sureño hay una "guerra de baja intensidad" contra la guerrilla, que incluye la intimidación de indígenas, asesinatos, violaciones de derechos humanos y acciones divisionistas en las comunidades.
El gobierno de Ernesto Zedillo afirma, por el contrario, que en Chiapas no hay ninguna guerra sino un conflicto político a resolver a través del diálogo.
El diálogo de paz entre la guerrilla y el gobierno está suspendido desde 1996, pero por leyes y acuerdos mutuos no hay enfrentamientos militares desde la segunda semana de 1994.
El opositor Partido de la Revolución Democrática afirma que los paramilitares, a los que se atribuye el asesinato de unas 1.500 indígenas en el estado de Chiapas, actúan con apoyo de las Fuerzas Armadas y tienen vínculos con el gobernante Partido Revolucionario Institucional.
Pero portavoces oficiales replican que no existe ningún grupo paramilitar en Chiapas, pues ni militares o policias están involucrada con grupos armados irregulares.
Esta semana, autoridades de Chiapas indicaron que las fuerzas armadas y policiales fueron puestas en alerta ante denuncias de que guerrilleros prepararían ataques para los últimos días del año, pero el gobierno de Zedillo dijo que no hay tal alerta. (FIN/IPS/dc/mj/ip/99
