Sectores académicos de Colombia condenaron esta semana un atentado contra el investigador social Eduardo Pizarro, al que consideraron parte de un plan sistemático de grupos interesados en la prolongación de la guerra que vive el país.
Pizarro, director del Instituto de Estudios políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la estatal Universidad Nacional, se recupera en una clínica privada del ataque de que fue víctima el miércoles por desconocidos que le dispararon varias veces con armas de fuego.
El rector de la Universidad Nacional, Víctor Moncayo, dijo que los atentados que han sufrido investigadores de este y otros centros docentes en lo que va del año "evidencian la incapacidad de los organismos del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos y son una forma de obstaculizar el proceso de paz".
Al frustrado intento de asesinato contra Pizarro se suman en lo que va de este año las muertes de Héctor Henao, de la Universidad de Antioquia (nordeste), Rodrigo Betancur, de la Distrital de Bogotá, y Jesús Bejarano, de la Universidad Nacional.
Según Moncayo, estos investigadores asesinados tenían el convencimiento de que la paz no se alcanza por otra vía que no sea la del diálogo entre gobierno y guerrilla. Quienes los atacaron buscan crear un clima de desestabilización y amedrentamiento, agregó.
Moncayo expresó que varios investigadores del Iepri han sido objeto de amenazas "puestas en conocimiento de las autoridades", sin que ello haya servido de nada.
Jaime Zuluaga, también investigador de ese instituto, dijo a IPS que el atentado contra Pizarro es una demostración de "lo peligroso que se ha convertido en Colombia pensar y opinar".
Zuluaga, quien debió abandonar el país a causa de estas amenazas y regresó recientemente, afirmó que la universidad pública es víctima de una ofensiva de terror y los atentados ocurridos en lo que va del año forman parte de esta escalada.
Pizarro, hermano del líder del legalizado grupo ex guerrillero M-19 Carlos Pizarro, asesinado en 1991, se ha dedicado en el Iepri al análisis de la violencia política y de los partidos y es columnista del diario El Espectador y otros medios escritos en los que ha mantenido una posición independiente y crítica.
El investigador condenó en un escrito publicado el 3 de octubre en UN Periódico, órgano de la Universidad Nacional, las acciones de los grupos armados irregulares, que están convirtiendo "la universidad pública en un teatro del conflicto armado", al referirse al asesinato de su colega Bejarano el 25 de septiembre.
En su opinión, el conflicto colombiano ha desbordado "la capacidad de una solución negociada y es necesario hacer un llamado a la comunidad internacional para que intervenga, no con ejércitos" sino con una mediación como la de Naciones Unidas, para que lidere la creación de un grupo de países amigos.
En su más reciente artículo para la revista Cambio, Pizarro sugirió la necesidad de que se impusiera un cese bilateral del fuego como fórmula para generar un clima de confianza en las negociaciones del gobierno con la guerrilla.
El presidente Andrés Pastrana inició en el año que concluye un proceso de negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo rebelde mayoritario, y lleva a cabo conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo en importancia, con ese mismo objetivo.
Pizarro ha condenado en sus artículos de prensa tanto a los organismos de seguridad como a las FARC, el ELN y los paramilitares de derecha por sus violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
El ex alcalde de Bogotá y también docente de la Universidad Nacional Antanas Mockus sostuvo quecon estos atentados "parecería que los violentos están convirtiendo en delito el contarle a la gente lo que las investigaciones muestran, que es el deterioro de las formas de guerra y un enfrentamiento que apunta cada vez más a civiles que nada tienen que ver".
Para el delegado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Anders Kompass, el atentado "hace evidente el irrespeto al pensamiento libre y democráticamente expresado".
Este jueves los organismos de seguridad informaron que hasta el momento no hay pistas sobre los autores del ataque, mientras el gobierno gestionó ante Estados Unidos la correspondiente visa para que el investigador y su familia viajen a ese país.
El ministro del Interior, Néstor Martínez, indicó a su vez que el Ejecutivo adoptó medidas de protección para otros investigadores de la Universidad Nacional que también han sido amenazados de muerte. (FIN/IPS/yf/dg/ip-hd/99)
