El ex general argentino Guillermo Suárez Mason, procesado por más de 600 delitos perpetrados durante la última dictadura y liberado por el indulto antes de recibir sentencia, quedó detenido esta semana por sustracción de menores en una causa en la que ya están procesados otros ocho militares.
El juez Antonio Bagnasco decidió el viernes la detención de Suárez Mason en una dependencia militar, tras declarar durante más de siete horas ante la justicia federal.
El ex militar dijo desconocer el destino de 12 recién nacidos por los que se lo citó y pretendió eludir su responsabilidad presentando documentos en los que se ordenaba a los subordinados entregar a sus familiares a los hijos de prisioneros.
Suárez Mason fue jefe del I Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar (1976-83) y comandó "El Olimpo", uno de los centros clandestinos de detención por donde pasaron miles de prisioneros ilegales que fueron torturados y luego desaparecidos.
Pero la detención del ex general de 75 años hoy no responde a los 635 delitos que se le imputaron durante el proceso judicial, que fue interrumpido por el indulto presidencial, sino por una causa nueva, que comenzó a mediados de la década: la sustracción de menores, supresión de identididad, retención y ocultamiento.
Hasta el momento, están detenidos los ex generales Jorge Videla, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides, el ex almirante Emilio Massera, el ex jefe de la Marina Rubén Franco, el ex vicealmirante Antonio Vañek, el ex capitán Jorge Acosta y el ex prefecto Héctor Febres.
Con excepción de estos dos últimos, los detenidos cumplen "arresto domiciliario", un beneficio que la justicia puede conceder a pedido de la defensa en el caso de que los procesados tengan más de 70 años.
La investigación fue iniciada por la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, que surgió a mediados de los años 70 para buscar a los niños secuestrados y a los nacidos durante el cautiverio de sus padres.
Hay más de 500 denuncias sobre estos casos y a más de 23 años del golpe de Estado sólo se conoce el destino de 10 por ciento de ellos.
Entre los menores hallados e identificados mediante análisis genéticos, algunos fueron adoptados de buena fe y otros inscritos en forma ilegal por sus apropiadores. También hubo casos de niños asesinados.
Las Abuelas no lograron probar en los años 80 que la sustracción de menores fue un delito sistemático de la dictadura militar, que tenía elaboradas instrucciones precisas para actuar con los hijos de las víctimas.
En el momento en que se juzgó a los ex comandantes militares por graves violaciones de los derechos humanos no se incluyó la condena por el secuestro de niños, por eso ni el indulto ni las leyes de amnistía liberaron de condena a los involucrados en este delito.
Suárez Mason había conseguido eludir incluso el proceso a los ex comandantes fugándose a Estados Unidos en 1984.
Tres años después, el ex militar fue detenido por Interpol y extraditado a Argentina, pero antes de ser condenado Menem lo incluyó en el indulto que otorgó a los ex comandantes.
En cambio, el juez español Baltasar Garzón lo procesó junto a 98 militares por "genocidio, terrorismo y torturas", en tanto la justicia italiana también lo acusó por la desaparición de ocho ciudadanos ítalo-argentinos. (FIN/IPS/mv/ag/hd/99
