/BOLETIN-AMBIENTE/ ECUADOR: Habitantes de Galápagos denuncian actividad de atuneros

Los habitantes de las Islas Galápagos de Ecuador coinciden con el gobierno de México en acusar a los atuneros ecuatorianos por su depredación de la fauna marina del océano Pacífico.

Grupos ecologistas, pescadores artesanales y habitantes de Galápagos se unieron para evitar que la flota pesquera ingrese a las islas, "porque sus mecanismos de trabajo no sólo capturan atún, sino también otras especies protegidas".

Pero el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, César Rohón, declaró que los atuneros no atenderían el reclamo y seguirían pescando en la zona.

Los biólogos del Parque Nacional Galápagos afirmaron que la pesca industrial está alterando el ciclo ecológico de las islas, con la muerte incidental de especies marinas.

Según los denunciantes, los barcos atuneros utilizan un sistema de pesca basado en gigantescas redes que arrastran todo lo que encuentran a su paso y muchas veces, cuando se enganchan con bancos de coral, quedan abandonadas, convirtiéndose en trampas mortales para otras especies.

También denunciaron a los atuneros por no respetar la Ley Especial de Galápagos, que prohibe pesca industrial dentro del área de la Reserva Marina protegida, que comprende 40 millas desde la costa continental.

Los científicos advirtieron que este año 23 barcos atuneros entraron al área de la Reserva Marina, pero sus propietarios no recibieron ninguna sanción porque todavía no se ha aprobado el reglamento que permita aplicar la Ley en lo que respecta al castigo de los depredadores.

Felipe Cruz, funcionario del Parque, acusó de "arrogantes y prepotentes" a los representantes del sector pesquero industrial, que señalaron que cuentan con nueve diputados que trabajan para que no se apruebe dicho reglamento en el Congreso.

"Estos señores, nunca quisieron participar en el proceso democrático de elaboración de la Ley, ni en el plan de manejo de la reserva marina y ahora, en base a su poderío económico y político, quieren declararla inconstitucional y obstaculizan la aprobación de su reglamento", aseguró Cruz.

Los industriales pesqueros argumentan que la prohibición de trabajar cerca de Galápagos podría llevar a la quiebra al sector atunero, que exporta 350 millones de dólares al año y, junto al camaronero, representa 24 por ciento de las exportaciones de Ecuador.

Cruz asegura que el volumen de pesca que los barcos de atún obtienen en las islas no influye en la economía atunera, porque "es apenas el 10 por ciento del total de la captura ecuatoriana", pero recalcó que tiene incidencia en el ambiente de Galápagos.

Rodrigo Bustamante, científico de la fundación Charles Darwin, aseguró que los atuneros manipulan el tema cuando atribuyen las pérdidas económicas que sufre el sector a la imposibilidad de pescar en la Reserva Marina.

"La razón de la caída de los precios es la sobreoferta que existe en el mercado internacional", señaló.

A la pesca ilegal de atún se suma la captura de pepinos de mar una especie muy apetecida en los mercados asiáticos, debido a su sabor y a sus supuestas facultades afrodisíacas.

A principios de este mes, el barco Magdalena fue sorprendido con 40.000 pepinos de mar y en junio, la embarcación Niño Dios fue encontrada con 26 quintales de esa especie y 20 de aletas de tiburón, en una carga estimada en 60.000 dólares.

Tras ser decomisada se iniciaron los trámites para el remate de la embarcación, pero finalmente fue devuelta a sus dueños, luego de que el juez civil de Galápagos aceptara un recurso de amparo.

Manuel Patiño, presidente de una Cooperativa de Pesca Artesanal de las islas, dijo que la pesca industrial es incompatible con las metas y objetivos de una reserva protegida por el Estado.

"Tiene efectos indeseables, hay pesca incidental, descarte, contaminación, un lento minar de las islas", aseguró.

Las afirmaciones de los pobladores de Galápagos parecen dar razón al gobierno de México, que a principios de este mes aplicó un arancel de 23 por ciento a las importaciones de atún enlatado de Ecuador, impidiendo que éste compita con el mexicano.

Las autoridades mexicanas defendieron la medida argumentando que grandes firmas internacionales asociadas a Ecuador capturan atún con prácticas depredatorias del ambiente en el océano Pacífico y "colocan en México productos de bajísima calidad".

Esta denuncia fue desmentida por voceros de la Cámara Nacional de Pesquería y las autoridades de Comercio de Ecuador, que acusaron al gobierno mexicano de utilizar el argumento de la depredación como una excusa ante la falta de eficiencia del sector atunero de ese país.

Alfonso Rosiñol, presidente de la Cámara para la Industria Pesquera y Acuícola de México, dijo que la eficiencia de Ecuador deriva de que cada año tiran al mar más de 100.000 toneladas de atún joven que no se ha reproducido, según datos de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

Los representantes del sector pesquero ecuatoriano se replicaron diciendo que la totalidad del atún capturado es adulto y cumplen las normas de la CIAT, que estableció la captura máxima anual de 260.000 toneladas de aleta amarilla y 40.000 toneladas de patudo.

La mayoría de los países latinoamericanos con costas sobre el océano Pacífico firmaron acuerdos dentro del CIAT para garantizar la pesca sustentable del atún y evitar la muerte de delfines y otras especies.

Para los pobladores de Galápagos, "la depredación en las islas existe y los hechos están a la vista", más allá de que México la utilice como excusa para proteger su producción atunera ante la ecuatoriana.

Miles de estudiantes marcharon a principios de este mes en distintos puntos de Galápagos para protestar por la presencia de los atuneros y varios sectores de la población anunciaron que no permitirán más el ingreso de los barcos. (FIN/IPS/kl/ag/en/99

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