Unos 200 indígenas de la comunidad embera-katío reclamaron esta semana al gobierno de Colombia la suspensión del llenado del embalse de la represa de Urrá, en su territorio del norte del país, que se construye sin su consentimiento.
Los indígenas llegaron a Bogotá luego de recorrer casi 900 kilómetros, en una marcha que comenzó el día 1 en Tierralta, en el departamento norteño de Córdoba, para pedir el cese de los trabajos en la represa iniciados el 18 de noviembre.
Los manifestantes, entre los que hay unos 100 hombres, 60 mujeres y 30 niños y niñas, se concentraron el martes en la céntrica plaza Bolívar y anunciaron que permanecerán allí hasta que sean escuchados por el gobierno de Andrés Pastrana. También pidieron respaldo internacional a sus demandas.
"Pasaremos aquí Navidad y el tiempo que sea preciso si el gobierno no atiende lo que queremos decirle y no resuelve el problema", dijo a IPS Simón Domicó, asesor del cabildo (concejo indígena) del Alto Sinú y ex gobernador del mismo.
Domicó aseguró que el Ministerio del Medio Ambiente autorizó el llenado de la represa sin cumplir el paso previo de consultar a las comunidades afectadas, como lo establece la Constitución en vigor desde 1991.
El dirigente indígena afirmó que su comunidad "no está en contra del gobierno" y que lo que desea es "ser escuchada y poder negociar" para que se respeten plenamente sus derechos.
Agregó que la empresa Urrá Multipropósito, responsable del proyecto, ha desconocido los derechos de los indígenas, ratificados por una sentencia de la Corte Constitucional en 1998.
En esa oportunidad, la Corte, que tutela el cumplimiento de la Constitución, ordenó dar cumplimiento a la decisión 828 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, que exigió a la empresa brindar información sobre las medidas adoptadas para mitigar el impacto ambiental causado por la obra.
La Corte pidió a la compañía, además, iniciar un proceso de concertación con la comunidad emberá-katío del Alto Sinú y las autoridades ambientales nacionales y locales para el manejo del parque del Nudo de Paramillo (reserva natural).
También obligaba a los ejecutivos de Urrá Multipropósito a implementar acciones para "la prevención de impactos futuros" y compensar a los indígenas por "la pérdida del uso y goce de parte de sus reservas y darles participación en los beneficios generados por el proyecto".
Este proceso se inició el 3 de julio de 1998, pero según el Ministerio de Medio Ambiente solo se llegó a acuerdo con un sector de la comunidad de la reserva de Río Esmeralda.
Otro grupo no aceptó el convenio y pidió al gobierno mayor discusión sobre el proyecto, cuyos efectos han sido denunciados durante tres décadas por organizaciones ambientalistas.
Gloria Rodríguez, investigadora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, señaló que la historia de la construcción de la hidroeléctrica encierra más de 30 años de polémicas y denuncias sobre "los graves traumatismos" que sufrirán las comunidades rurales que habitan la zona.
La obra "va a modificar radicalmente el sistema de control de aguas del río Sinú", con efectos negativos para las comunidades de campesinos, pescadores e indígenas que habitan el área, afirmó.
Rodríguez dijo a IPS que "tras el llenado del embalse lo importante es ver quién va a responder por los efectos causados y qué va a suceder con la comunidad".
Participantes en un foro realizado en la Universidad Nacional a comienzos de este mes dijeron que el llenado del embalse, de esta obra financiada con créditos externos y apoyo de agencias gubernamentales de Canadá y Noruega, obligará al desplazamiento de la población y afectará la producción alimentaria indígena.
Unos 2.500 indígenas y 25.000 campesinos y pescadores habitan el parque nacional del Nudo de Paramillo, una reserva natural de 460.000 hectáreas con recursos de biodiversidad de enorme valor, ubicada en la cuenca del río Sinú.
Los emberá denunciaron que durante la construcción del proyecto han sido afectados también por los enfrentamientos entre la guerrilla izquierdista y los paramilitares de derecha, quienes pretenden que abandonen sus tierras.
Los denunciantes afirmaron que 31 indígenas de esta etnia han sido asesinados desde 1986 en los departamentos de Córdoba, en el norte de Colombia, y Antioquia y Chocó, en el noroeste.
En abril también fue asesinado por hombres enmascarados Lucindo Domicó, uno de los líderes de las comunidades afectadas por la construcción de la represa. (FIN/IPS/yf/dm/hd en ip/99
