El proyecto Cascada, plan de explotación forestal en el sur de Chile rechazado por ecologistas que simbolizó la lucha contra el lanzamiento de la Ronda del Milenio, fue suspendido, pero no a consecuencia de las protestas sino por las condiciones del mercado internacional.
Ejecutivos de la transnacional estadounidense Boise Cascade informaron que el precio internacional de los tableros de fibra corta (astillas) de madera tiende a la baja, lo cual obliga a postergar el inicio del proyecto, previsto para el 2000.
Los grupos ambientalistas que se movilizaron en todo el mundo contra la III Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) realizada hace dos semanas en Seattle, Estados Unidos, adoptaron esta inversión en Chile como una bandera de lucha.
Según los ecologistas, Cascada es una típica iniciativa depredadora de los recursos naturales dentro de los cánones de apertura de los mercados que promueve la OMC y que se pretende ampliar en las negociaciones de la llamada Ronda del Milenio.
La reunión de Seattle, rodeada de duros enfrentamientos entre policías y manifestantes ambientalistas, no logró un acuerdo de los gobiernos de los países industrializados para lanzar las controvertidas negociaciones comerciales.
El proyecto Cascada, con una inversión de 180 millones de dólares, prevé la construcción de una planta de astillas para elaborar tableros aglomerados, que tendrá capacidad para procesar cada año casi un millón de metros cúbicos de madera.
Boise Cascade, propietaria de 60 por ciento del proyecto, y su socia chilena, Maderas Cóndor, abastecerán la planta mediante la compra a terceros de materia prima de bosques nativos, abundante en la décima región de Chile, unos 900 kilómetros al sur de Santiago.
La suspensión del proyecto representa "una nueva esperanza de salvar al bosque nativo", declaró el Instituto de Ecología Política (IEP), uno de los grupos ambientalistas que inició las movilizaciones contra Cascada.
"Esperamos que el próximo gobierno de Chile sea más inteligente y valore lo que implica perder irreversiblemente 2,42 millones de árboles de bosque nativo al año", dijo Bernardo Reyes, director del IEP.
"Además, suponemos que el próximo gobierno dejará atrás el tráfico de influencias y presiones políticas que han caracterizado la aprobación del proyecto Cascada", añadió el dirigente ambientalista.
Los ecologistas sostienen que el gobierno de Eduardo Frei presionó a la Comisión Nacional de Medio Ambiente para que aprobara el proyecto, y luego lo defendió en los tribunales ante los recursos judiciales que pretendieron paralizarlo.
El mandato de Frei finalizará el 11 de marzo del 2000 y su sucesor será elegido el 16 de enero, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales en que se enfrentan el oficialista Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, de la oposición de derecha.
La Corte Suprema rechazó los recursos de protección que el IEP, la Red de Defensores del Bosque Chileno y otras organizaciones presentaron para que se paralizara el desarrollo del Cascada.
Según sus detractores, el proyecto no sólo afecta al bosque nativo. El emplazamiento de la planta astilladora en Ilque, una bahía pesquera, perjudica explotaciones de mariscos y salmones, además de afectar el turismo local.
Ni los reclamos ambientalistas ni los recursos judiciales pudieron detener el proyecto, pero sí lo consiguieron las proyecciones del mercado internacional de baja en el precio de los tableros de madera aglomerada.
Un portavoz de Boise Cascade indicó que en el último tiempo se han hecho demasiadas inversiones en el mundo para plantas de procesamiento de astillas y fabricación de tableros similares a las que se planea montar el la bahía de Ilque. (FIN/IPS/ggr/mj/en/99
