Cineastas de México, con el respaldo de colegas del exterior, pugnan por desterrar actos de censura encubierta como los que sufrió la película "La ley de Herodes", que contiene severas críticas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde hace siete décadas.
El realizador Luis Estrada y el estatal Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) alcanzaron un acuerdo económico, que salda la sucesión de decisiones que entorpeció la exhibición de la película.
Con un costo de producción de casi 1,5 millones de dólares, la obra que denuncia la presunta corrupción política que estaría enquistada en el PRI fue el centro de una gran polémica que involucró a la comunidad cinematográfica nacional.
El cineasta deberá pagar 85.000 dólares al socio mayoritario en la producción de "La ley de Herodes", el Instituto Nacional de Cinematografía (Incine), que exhibió la cinta sin promoción y de manera restringida.
A cambio, el organismo estatal cedió a Estrada todos los derechos sobre la película, que ahora podrá ser exhibida como el director juzgue conveniente.
El presidente de Conaculta, Rafael Tovar, aseveró que la película no incomodó a nadie y fue exhibida sin censura, aunque en medio de decisiones "erráticas".
Estrada, creador también de "Ambar" y "Camino largo a Tijuana", sostiene, sin embargo, que el combate contra la censura que protagonizó contra el Imcine es de 15 rounds, de los que apenas van dos.
Del "trago más amargo de mi vida" faltan todavía 13 capítulos para que la película se convierta en una manifestación artística, cuyo fin es divertir al público, señaló Estrada.
"Este asunto debió comenzar cuando alguien (en el poder) vio la película y dijo: 'ese soy yo'. Pero más allá de todo, me alarmó que se haya utilizado la misma infraestructura del gobierno para aniquilarla", afirmó el realizador.
Estrada denunció que las autoridades "consideraron muy peligroso el estreno en este momento e intentaron convencerme de que se exhibiera en el 2000", luego de realizarse las elecciones presidenciales más reñidas de la historia política nacional.
El primer capítulo del conflicto surgió en el puerto de Acapulco, en el marco del cuarto Festival de Cine Francés que se desarrolló en esa localidad de la costa del océano Pacífico del 10 al 14 de noviembre.
La complicidad de cineastas franceses y de actores mexicanos y extranjeros presentes en la muestra de Acapulco hizo fracasar el intento de las autoridades de sacar del programa la película, cuyo guión fue escrito por Vicente Leñero, Jaime Sanpietro y Fernando León.
La proyección en el famoso puerto de "La ley de Herodes" concluyó con una fuerte ovación de un público de pie. La actriz española Victoria Abril dijo en ese acto que "censurar el cine es censurar los sueños y también es lo más estúpido que puede pasar".
Los realizadores franceses que organizaron el festival para mostrar los contrastes y la diversidad entre las producciones de ambos países y promover su cine en México, expresaron su solidaridad con la obra.
Pascal Thomas, realizador de "La dilettante", manifestó su emoción "al escuchar con tanta vehemencia la palabra libertad".
La película catalogada ya como la más severa crítica cinematográfica a 70 años consecutivos de gobierno del PRI, tuvo un estreno comercial sorpresivo el día 3, en condiciones de semiclandestinidad.
El filme fue programado para ser exhibida en solo dos salas de la capital de México durante una semana, aun cuando la ley en la materia exige que todas las obras permanezcan en cartelera al menos 15 días.
El hecho de que se colocara en el circuito comercial sin cartel de promoción, nula publicidad y avisos en los diarios con los horarios equivocados fue considerado un sabotaje por amplios sectores de la comunidad cinematográfica del país.
Guionistas, realizadores, actores y productores reaccionaron de inmediato ante lo que llamaron una forma de censura, al exhibir la película en pésimas condiciones.
Gustavo Montiel, funcionario de Imcine que participó en la realización de la cinta, renunció a su cargo después de acusar al director del organismo, Eduardo Amerena, de incurrir en actos de "censura y piratería", los más reprobables contra el arte.
"La exhibición arbitraria de la película es uno de los actos más violentos de los cuales he sido testigo contra una obra y su director. Así se lesiona tanto el cine como a la cultura del país y a sus creadores", escribió Montiel en su carta de renuncia.
La crítica es parte de la democracia y la censura es algo de lo que dentro de unos días se debe mencionar como "algo del siglo pasado", declaró a IPS la escritora mexicana Guadalupe Loaeza.
Escritores, cineastas, dramaturgos y todos los creadores "tenemos cada vez más obligación de convocar a todo tipo de manifestaciones de denuncia que tengan fundamento, afirmó la autora de "Las niñas bien".
Los mexicanos presenciaron en el pasado actos de censura abierta contra la cinematografía nacional. Después de tres décadas de permanecer "enlatada", fue exhibida "La sombra del caudillo", del fallecido Julio Bracho, una de las glorias del cine nacional. (FIN/IPS/pf/dm/cr/99
