El presidente de Argentina Fernando de la Rúa, que asumió el viernes 10, debió enfrentar hoy el primer paro nacional de trabajadores del Estado en protesta por la grave crisis social, económica y política de una provincia que debió ser intervenida.
La aceleración de la crisis en la provincia de Corrientes puso el viernes último un final poco grato a la primera semana de la nueva gestión.
La debacle de ese distrito había comenzado hacía meses, pero le estalló en las manos a De la Rúa y opacó algunos aciertos del recién llegado.
La Gendarmeria reprimió ese día a los manifestantes que habían ocupado un puente interprovincial en reclamo por una deuda salarial de cinco meses y hubo dos muertos, un hecho que decidió a la Asociación de Trabajadores del Estado a convocar a un paro para este lunes.
Víctor de Genaro, secretario general del gremio, comentó que el paro es de médicos, enfermeros, maestros, empleados de la administración pública y judiciales de todo el país, pero aclaró que "no es contra De la Rúa, sino en protesta por las muertes durante la represión".
No obstante, la huelga, que coincidió este lunes con la mala acogida que tuvo en Corrientes el interventor enviado por el gobierno, Ramón Mestre, marcaron los escasos márgenes de maniobra de que dispone el Ejecutivo para sanear la candente crisis en algunas provincias.
El impacto que tuvo en la opinión pública la crisis provincial tapó la casi segura resolución que tendrá este mes el conflicto de los maestros y profesores de todo el país, que ya llevaba dos años y ocho meses.
De la Rúa asumió en reemplazo de Carlos Menem y de acuerdo a una encuesta de la empresa Gallup realizada este mismo mes, 75 por ciento posee una imagen buena o muy buena del flamante mandatario, en particular por la honestidad que le atribuye.
Pero apenas asumido debió encarar la crisis en Corrientes, una provincia de un millón de habitantes que recibió tres intervenciones federales durante la gestión de Menem y que a partir de este lunes iniciará la cuarta para tratar de sanear sus cuentas fiscales.
En la provincia, 60 por ciento de los trabajadores son agentes del Estado. La mala administración hizo que este año se les adeude cinco meses de salario a todos, incluídos médicos, policías y maestros. Los escolares perdieron siete meses de clases.
El mismo día en que asumió De la Rúa, los manifestantes ocuparon un puente interprovincial y la crisis se aceleró. En la semana que termina, el nuevo presidente ordenó intervenir la provincia y la Gendarmería desalojó el puente por la fuerza.
No obstante el estallido de esta crisis, el gobierno tuvo la oportunidad de mostrar un estilo de gestión. La intervención fue el recurso de última instancia y el aval para la decisión presidencial vino del Congreso, un hecho que no era frecuente durante los 10 años de Menem.
El gobierno, a su vez, condicionó el envío de recursos financieros al saneamiento urgente de las cuentas provinciales. El comportamiento oficial puede ser una advertencia para otras provincias que -si bien no están en una situación tan extrema-, también presentan altos déficit.
La crisis en Corrientes, por su gravedad y urgencia, tapó otros acontecimientos relevantes de la semana.
El gobierno debió aceptar la designación como Auditor General de la Nación -un puesto reservado a la oposición- a Rodolfo Barra, un ex funcionario de Menem cuestionado por su falta de transparencia y por defender negocios privados ante el gobierno.
Pero enseguida compensó esa derrota con algunas victorias. Consiguió que la Cámara de Diputados apruebe sin cambios su proyecto de presupuesto para el 2000 y la reforma tributaria que necesita para reducir el déficit fiscal, estimado en unos 10 mil millones de dólares.
Obtuvo mejores tasas de interés en la colocación de deuda, arrancó a las empresas de telecomunicaciones la promesa de rebajas tarifarias de entre cinco y 20 por ciento, e intervino la institución que presta servicios de salud a los jubilados.
Dicha institución estaba severamente cuestionada por el mal manejo de sus fondos, la mala -o a veces nula- prestación de servicios, y las denuncias penales -en total 17 hasta ahora- que tiene el director saliente, Víctor Alderete, un funcionario muy allegado a Menem.
Los ministros fueron dando pistas de sus políticas. El de Justicia se reunió con la Corte Suprema y prometió a sus integrantes que el nuevo gobierno -por primera vez- no introducirá jueces adictos a su partido, y el canciller marcó la prioridad del Mercosur en la agenda externa.
Sin embargo, un logro mayor, que recién cobrará forma la semana próxima, es la resolución a una huelga de maestros y profesores que comenzó en abril de 1997 en demanda de mejoras salariales y de un incremento en el presupuesto educativo.
Los maestros levantaron una tienda de campaña frente al Congreso en reclamo de una ley que permita financiar a la educación, y en su interior, por tandas, grupos de maestros se reunían para hacer ayuno. La carpa se erigió en un foco de oposición a la gestión de Menem.
Cuando De la Rúa designó como ministro del área a un economista, Juan José Llach, los maestros se alarmaron por el temor a que el conflicto se mantenga con la nueva administración, y el mismo día de asunción del sucesor de Menem hicieron una huelga.
No obstante, a lo largo de la primera semana de gobierno, Llach convenció a los maestros de la efectividad de un fondo que ya fue aprobado por los diputados y que garantizaría los recursos para el aumento.
Los maestros prometieron que si el miércoles 22 el Senado refrenda la iniciativa, levantarán la tienda, y pondrán fin así al conflicto más largo de la historia del gremio -y el primero que se realiza sin pérdida de clases para los alumnos-, justo en vísperas de cumplir los 1.000 días. (FIN/IPS/mv/dg/ip/99)
