El presidente de Argentina, Carlos Menem, inició hoy su última semana de gobierno en medio de una ola de denuncias que involucran a sus más cercanos funcionarios en maniobras de corrupción y supuesto enriquecimiento ilícito.
Menem deberá entregar este viernes el mando a su sucesor, Fernando de la Rúa. Será la primera vez que un presidente del Partido Justicialista entrega el poder a un opositor. Históricamente, las gestiones justicialistas fueron interrumpidas por golpes de Estado.
El mandatario saliente, que peleó sin éxito por obtener una tercera posibilidad consecutiva de ser elegido, dijo este lunes que cumplió todo lo que prometió y que no se arrepiente de nada de lo actuado. "Cumplí un ciclo, un primer ciclo, pero seguiré trabajando", advirtió.
A su favor, el gobierno de Menem finaliza con niveles de estabilidad económica que nunca se habían alcanzado antes, pero también con serios déficit en materia de pobreza, desempleo, distribución del ingreso y corrupción administrativa.
Según datos obtenidos en la Oficina de Etica Pública, creada por Menem, los miembros del gabinete de ministros y el presidente (11 personas) declaran un patrimonio que supera los 32 millones de dólares, aunque en algunos casos las presentaciones parecen exiguas.
Entre estos últimos casos figura el jefe de Gabinete, que afirma tener siete terrenos, una casa y dinero en efectivo por 150.000 dólares, una cifra muy baja para un funcionario que percibe un sueldo mensual superior a 10.000 pesos y que fue ministro de Educación.
Menem, que jura tener un patrimonio cercano a los dos millones de dólares, no declaró algunas de las residencias en las que suele pasar sus días de descanso. Sin embargo, el secretario de la oficina, Luis Ferreyra, aseguró que Menem "declaró todo lo que tiene".
Este lunes, la Alianza de oposición que lidera De la Rúa presentó una denuncia ante la justicia contra la controvertida secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, quien tendría a su nombre una cuenta en Islas Caimán por un total de 200 millones de dólares.
Alsogaray había sido interventora en la empresa nacional de telecomunicaciones durante la privatización de la compañía, ordenada por Menem en 1990. Luego fue interventora de una acería estatal, y finalmente fue nombrada en la Secretaría que hoy encabeza.
Otro funcionario controvertido es el interventor del ente encargado de las prestaciones sociales y de salud de los jubilados, Víctor Alderete, que ya tiene más de siete denuncias penales en su contra, se moviliza con varios custodios, y que a pesar de su impopularidad sigue contando con apoyo presidencial.
De acuerdo con los índices de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Argentina integró en 1999 el tercio de países con "niveles extremadamente altos" de corrupción. Se trata del quinto año consecutivo que el país se ubica en esa categoría.
Justamente, uno de los principales capitales políticos con los que comenzará el gobierno de De la Rúa es la imagen de honestidad del presidente electo y de la opositora Alianza de centroizquierda formada por la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario.
Si bien las denuncias periodísticas por hechos de corrupción signaron las dos gestiones de Menem, que gobierna hace 10 años, en los últimos días se observa una actitud más severa de parte de la justicia federal hacia las denuncias.
La Alianza consideró que su principal estrategia para encarar la corrupción sería dejar que la justicia actúe con independencia, un hecho que resultó una crítica implícita al actual gobierno, cuestionado por sus intervenciones sobre el Poder Judicial.
Durante la gestión de Menem hubo numerosas denuncias como la que involucró a la multinacional de la informática IBM, que habría pagado comisiones ilegales millonarias para proveer de equipos a organismos estatales, y otras por supuesto lavado de dinero del narcotráfico.
También hubo denuncias por tráfico de armas a Ecuador y Croacia que provocaron la renuncia de ministros y jefes militares. Hasta tal punto las denuncias de corrupción se convirtieron en moneda corriente con Menem que ya no daban lugar a procesos legales.
La sociedad comenzó a manifestar su preocupación por este fenómeno en todas las encuestas, colocando a la corrupción como uno de los problemas más serios del país.
Mientras, 86 por ciento de los jóvenes encuestados por la consultora Demoskopía aseguraron que la corrupción es la característica que mejor identifica a su sociedad.
Ante este panorama, De la Rúa, que ganó las elecciones de octubre básicamente prometiendo una gestión transparente, presentó en noviembre al que será su gabinete y aseguró que les pidió a todos el compromiso de ser luchadores contra la corrupción.
Se tratará de una gestión honesta, austera y transparente, prometió el presidene electo.
Según una encuesta realizada por el estudio de Hugo Haime y Asociados, 53 por ciento de los argentinos cree que la corrupción disminuirá con la gestión de De la Rúa, en tanto 30 por ciento considera que se mantendrá igual.
La encuesta indica que apenas nueve por ciento de los consultados cree que la corrupción aumentará, todo un desafío para el gobierno que asume que estará siendo observado con enorme expectativa por los votantes. (FIN/IPS/mv/mj/ip/99
