La provincia argentina de Corrientes se convirtió hoy en un polvorín con cinco muertos luego que las fuerzas de seguridad desataran una violenta represión sobre manifestantes, en su mayoría trabajadores estatales que reclamaban por salarios adeudados.
La Asociación de Trabajadores del Estado anunció para el lunes un paro nacional de actividades y movilizaciones en distintos puntos del país para protestar por la represión desatada contra miles de personas que habían ocupado un puente interprovincial.
La crisis social, económica y política en esa provincia se precipitó a partir del viernes último -el mismo día en que asumió el gobierno de Fernando de la Rúa- con la ocupación del puente interprovincial Belgrano, que une Corrientes con la vecina provincia de Chaco.
Sin embargo, la crisis lleva varios meses. En esa provincia de casi un millón de habitantes, 60 por ciento de la población son empleados públicos, a los que se les deben cinco meses de sueldo, con lo que el comercio está prácticamente parado y los servicios básicos interrumpidos.
Los estudiantes no tuvieron clases por siete meses debido a la huelga de maestros y fueron promovidos por decreto. Los dirigentes políticos se acusan unos a otros por no poder resolver la crisis financiera en una provincia chica pero que será intervenida por cuarta vez en 10 años.
La Gendarmería, que fue trasladada hasta allí el lunes último por orden judicial, desalojó el puente Belgrano por la fuerza en la madrugada de este viernes, cuando ya De la Rúa había designado un interventor federal para que solucione en seis meses la crisis en esa provincia.
El interventor nombrado, el ex gobernador de la provincia de Córdoba Raúl Mestre, viajaría el lunes a Corrientes con 30 de los 90 millones de dólares que se les adeudan a los trabajadores, pero la designación y el seguro ajuste no fueron bien recibidos por los manifestantes.
Desde Corrientes, los trabajadores consideraban que Mestre en su provincia hizo un severo ajuste de empleados públicos incluyendo a centenares de maestros que fueron despedidos. Además, temen que el dinero con el que llegue sea insuficiente.
La represión provocó al menos cinco muertos como consecuencia de disparos de bala y de la acción de los gases lacrimógenos. La Gendarmería asegura que las muertes no fueron su responsabilidad, sino que hay francotiradores en edificios con armas de calibre 22.
Al dispersarse la manifestación de empleados públicos, los choques entre población y uniformados siguieron en las distintas calles de la ciudad, hasta que 12 horas después de iniciada la represión, policias provinciales se colocaron en el medio de los dos frentes.
Con banderas blancas, la policía de la provincia, que hasta entonces estaba prácticamente en rebeldía por falta de cobro de sus salarios, circuló frente a los manifestantes que lanzaban piedras contra los gendarmes, y trató de contenerlos.
La provincia, de casi un millón de habitantes, tiene una deuda de casi 1.500 millones de dólares y un déficit de 90 millones. El gobierno de De la Rúa teme que si no hay un saneamiento de las cuentas públicas el dinero que llegue será dilapidado. (FIN/IPS/mv/dg/ip/99)
