El proyecto de Constitución de Venezuela fue fustigado hoy por cuatro constituyentes, que cuestionaron su contenido y sugirieron votar "no" cuando el texto sea sometido a la voluntad popular el 15 de diciembre.
"Voy a votar en contra", dijo a corresponsales extranjeros el constituyente Allan Brewer, al referirse al referendo.
La Asamblea Constituyente tenía previsto culminar este martes, con 48 horas de retraso, la redacción del proyecto constitucional, para entregarlo al Consejo Nacional Electoral, que a su vez lo deberá difundir entre los votantes.
Brewer y otros tres miembros de la escasa representación opositora en la Asamblea anunciaron públicamente su decisión de votar "No" en la consulta de diciembre.
Los partidos tradicionales Acción Democrática (socialdemócrata) y Copei (democristiano), que se alternaron en el poder durante 40 años y ahora coinciden en la oposición, también comunicaron su rechazo del contenido de la Constitución, que entraría en vigencia en el 2000.
"Me siento absolutamente defraudado por una colosal estafa política", aseguró el constituyente Alberto Franceschi, quien propuso emprender "una batalla por el No" frente al referendo.
Por su parte, Claudio Fermín, otro de los miembros de la Asamblea que anunció su voto negativo, dijo que asumía su posición con "tristeza", pues a su juicio, el proyecto atenta contra la modernización del Estado.
Tanto Brewer como Fermín criticaron duramente la consagración del centralismo, y lo atribuyeron a una indicación del presidente Hugo Chávez para que sus partidarios dieran marcha atrás a una disposición que habilitaba a las regiones a recaudar sus propios recursos.
"La descentralización recibió una verdadera puñalada al no contar con recursos", dijo Fermín. Por su parte, Brewer consideró que el texto "no logra superar el esquema centralista de la Constitución de 1961", vigente en la actualidad.
Franceschi asegura que la nueva carta fundamental fue hecha a la medida del "chavismo", en lo cual coincidió Jorge Olavarría.
Los cuatro constituyentes que aparecieron este martes ante la opinión pública forman parte de una minoría de siete opositores en una Asamblea de 131 miembros que tiene 121 delegados oficialistas y tres representantes indígenas.
Antes de conocerse esas primeras declaraciones a favor del No, Chávez ya había lanzado una campaña por el Si en el referendo, confiado en que los opositores a la nueva Constitución serán derrotados.
Encuestas que registran una intención de voto de más de 60 por ciento favorable al Si parecen dar la razón al presidente.
Chávez, que asumió el poder en febrero, impulsó la convocatoria a la Asamblea Constituyente como su principal proyecto político, con la finalidad de promover un profundo cambio en el sistema venezolano.
Brewer comentó a la prensa extranjera que el anhelo del cambio estaba justificado, pues el sistema político venezolano estaba en "crisis terminal", pero negó que ese objetivo se haya cumplido.
Los cuatro constituyentes también criticaron el excesivo peso del Estado en el proyecto de Constitución, el tono militarista con el cual se abordan temas de seguridad y defensa, y la decisión de preguntar a los votantes, durante el referendo, si desean mantener las actuales autoridades.
Olavarría dijo que esa última pregunta equivale a un plebiscito para perpetuar a Chávez, y Brewer se pronunció por legitimar al presidente y a todas las autoridades con nuevas elecciones el 2000.
Los miembros de la Asamblea iniciaron el viernes la definición de los aspectos más controversiales del proyecto de Constitución y las correcciones de técnica constitucional y estilo gramatical.
Según ha trascendido, Chávez presionó a constituyentes del oficialista Polo Patriótico para que modificaran algunas disposiciones incluidas en la primera discusión.
La mayoría en la Asamblea aceptó cambiar el nombre del país por el de República Bolivariana de Venezuela, una propuesta del presidente que había sido rechazada en primera instancia.
Chávez también habría logrado que se eliminaran restricciones a la participación privada, incluido el sector de fondos de pensiones, y que se anularan las medidas de autonomía fiscal para regiones y municipalidades. (FIN/IPS/lc/ff/ip/99
