Sierra Leona comenzó el desarme, desmovilización y reinserción en la sociedad de 45.000 ex combatientes, aunque fuentes independientes aseguran que sólo 200 se adhirieron al proceso.
Con este fin se instalaron campamentos en las provincias del este, norte y sur del país, con una cercana a Freetown, en Lungi, a 10 kilómetros al noroeste de la capital.
Aunque las autoridades aún no informaron de la cantidad de ex combatientes que entregaron las armas, fuentes independientes dijeron que su número alcanza apenas a 200, lo cual provocó inquietud en la capital y las provincias.
Ex combatientes se infiltraron en zonas controladas por el gobierno con el pretexto de realizar giras de familiarización, mientras civiles y medios de prensa urgieron a las autoridades a intensificar las medidas de seguridad ante posibles ataques sorpresivos.
El diario independiente Democrat advirtió que hay peligro de un inminente ataque rebelde contra la capital, e instó a los civiles a resistir cualquier intento anticonstitucional para derrocar al gobierno del presidente Ahmed Tejan Kabbah.
Otro diario, The Vision, afirmó que el líder rebelde Foday Sankoh, del Frente Unido Revolucionario (RUF, en su sigla inglesa) "tiene el diabólico plan de derribar al gobierno por la fuerza". El diario citó a un ex ayudante del líder, quien previno al gobierno de que tenga "cuidado con el señor Sankoh".
Mientras la tensión aumenta en este país de Africa occidental, dos tercios del cual está controlado por el RUF y sus antiguos aliados del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC), el jefe de la misión de las Naciones Unidas (UNAMSIL), Francis Okelo, expresó gran preocupación por la situacion.
Una declaración suya, formulada en Freetown esta semana, señaló que "la comunidad internacional no tolerará ninguna subversión al proceso de paz", y ayudará al gobierno de Kabbah "a mantener la estabilidad y rechazar cualquier intento del AFRC/RUF de atentar contra la paz".
Uno de los hechos más alarmantes es la lucha entre los propios rebeldes en el norte del país. Cientos de combatientes de los dos bandos insurgentes fueron abatidos en las últimas semanas y, tanto ECOMOG, la fuerza de paz de Africa occidental liderada por Nigeria, como UNAMSIL, han condenado la lucha.
"Esta es una violación del acuerdo de paz del 7 de julio e instamos a los bandos rebeldes beligerantes a que cumplan con lo convenido», dijo esta semana un alto oficial de ECOMOG.
Además de la lucha entre facciones rebeldes, ECOMOG también se quejó de que los insurgentes se negaron a darles libre acceso a las zonas bajo su control a agencias de ayuda, funcionarios encargados del proceso de desarme y civiles.
Esta situación, sumada a que los rebeldes se niegan a liberar a más de 5.000 cautivos, de los cuales la mitad son niños y niñas, también es considerada una grave violación del acuerdo del 7 de julio, firmado en la capital de Togo para poner fin a ocho años de conflicto.
Los ex combatientes, que no están debidamente familiarizados con los beneficios del programa de desarme, son reacios a adherirse porque temen que no se les pague.
El día 9 hubo una protesta masiva en el campamento de Lungi, donde se encuentran 800 ex combatientes que se rindieron a ECOMOG antes de la firma del acuerdo de paz.
Los manifestantes saquearon hospitales, escuelas y negocios privados antes de que la calma fuera restaurada por las autoridades. Los ex combatientes reclaman salarios atrasados y mejores condiciones de vida en los campos.
Muchos analistas temen que el incidente pueda afectar al de por sí lento proceso de desarme, porque ex combatientes en la selva expresaron el temor de que la situación en los campamentos se deteriore.
"Hasta que el programa de desarme no se acelere, este país seguirá sentado sobre un polvorín. Las autoridades deben asegurar que el acuerdo de paz se cumpla cabalmente", dijo el analista militar San Jonjo. (FIN/IPS/tra-en/lf/mn/ego/aq/ip/99
