Grupos de ex combatientes siembran el terror entre la población civil de Sierra Leona, cuatro meses después de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y los rebeldes que puso fin a ocho años de conflicto.
Francis Okelo, representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió a las partes del acuerdo de Lomé, firmado en la capital de Togo en julio, que deben respetar sus términos y tratar de impedir que sus ex combatientes cometan abusos contra civiles.
En una rueda de prensa en la capital de Sierra Leona, Freetown, Okelo denunció que en el distrito norteño de Port Loko se cometen "asesinatos, violaciones, secuestros e incendios casi a diario".
En un incidente ocurrido hace cerca de dos semanas, ex rebeldes interceptaron un jeep perteneciente a una organización humanitaria y obligaron a todos sus ocupantes, entre ellos madres lactantes y niños desnutridos, a internarse con ellos en la selva, donde golpearon y violaron a algunos de ellos.
"La reiteración de violaciones en varias partes del país generan gran preocupación porque viola las leyes y, si esta tendencia no cambia, podría hacer fracasar el acuerdo", dijo el representante especial.
Okelo, quien también encabeza la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (Unamsil), insistió en que más de 2.000 niños y cientos de adultos no combatientes secuestrados por fuerzas rebeldes deben ser liberados de inmediato, de acuerdo con el pacto de Lomé.
Otra grave violación al acuerdo de paz fue el asesinato hace dos semanas del jefe tradicional Pa Hassan Kamara en el distrito de Kambia, sobre la frontera con Guinea, por parte del insurgente Frente Revolucionario Unido.
Kamara fue asesinado porque se negó a entregar a los rebeldes 200 dólares que éstos le exigían.
Grupos como la Liga de Derechos Humanos de Sierra Leona y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y la Democracia exigieron una investigación de los abusos cometidos por los insurgentes, que se niegan a desarmarse.
Okelo condenó la actitud de los rebeldes, en especial la obstrucción del acceso de organizaciones humanitarias a algunas partes del país donde numerosos civiles permanecen atrapados.
Quizá lo que más preocupa a la población son las aparentes divisiones en el movimiento rebelde. Muchos de ellos se oponen al programa de desarme, desmobilización y reintegración, que debe abarcar a unos 45.000 ex combatientes.
Desde que se lanzó el programa hace dos meses, sólo unos 1.070 combatientes se incorporaron a él. Una cuestión clave es su futuro en el ejército, que las autoridades de Freetown manejan con cautela.
Se prevé que a corto plazo la ONU despliegue una fuerza de 6.000 hombres. Las tropas debían llegar a Freetown el día 25, pero problemas logísticos lo impidieron.
"Se espera que comiencen a llegar en los próximos días, en forma gradual", anunció Okelo.
Mientras tanto, el clima es volátil y desafía a los intermediarios del proceso de paz. Así lo confirmó una misión de donantes encabezada por la ONU que visitó el país africano en un viaje de evaluación. (FIN/IPS/tra-en/lf/mn/mlm/ip/99
