La defensa de la estabilidad familiar se enfrenta en Perú con el derecho individual a disolver el matrimonio sin más motivo que la extinción del afecto, en el debate sobre la separación de hecho como causal de divorcio.
Quienes cuestionan el proyecto de ley, aprobado por una comisión parlamentaria, la norma "premia" con la disolución del vínculo matrimonial a quienes abandonan el hogar, acción que hasta ahora era considerada legalmente culposa.
Los críticos vaticinan que la aprobación de la ley desatará una ola de "divorcios con los pies", es decir, de abandonos y rupturas matrimoniales por decisión unilateral.
El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Justicia del parlamento el 21 de octubre concede el derecho a pedir el divorcio, que será concedido automáticamente por el juez, al cónyuge que demuestre haber vivido tres años fuera del domicilio matrimonial.
Según una encuesta de Hogares encargada por el gobierno al instituto privado Cuanto, 45,1 por ciento de los habitantes mayores de 12 años son solteros, 37,1 por ciento son casados, 9,2 por ciento conviven sin matrimonio, 0,4 por ciento son divorciados y 3,4 por ciento están casados pero viven separados.
El proyecto de ley, que será puesto en consideración del pleno del Congreso legislativo en breve, fue aprobado por ocho votos a favor, una abstención y el voto en contra de Antero Flores, del Partido Popular Cristiano.
La propuesta divide tanto a la bancada oficialista como a las de oposición, aunque se percibe un respaldo mayoritario de los congresistas a la iniciativa.
El presidente Alberto Fujimori manifestó que considera conveniente un amplio debate sobre el tema y dijo que lo analizará con el arzobispo Luis Cipriani, primado de la Iglesia Católica.
"Tenemos que encontrar el mejor enfoque, para garantizar la protección de la familia, especialmente de los hijos", comentó el mandatario, para quien el divorcio es un asunto políticamente delicado, desde que se separó de su esposa en 1994.
La Iglesia Católica, que en principio es contraria al divorcio cualquiera sea la causa, se opone radicalmente al proyecto de ley aprobado por la comisión, que, de aprobarse en sesión plenaria, establecerá la "separación de cuerpos" como duodécima causal reconocida por el Código Civil.
"Al igual que los judíos antes de la llegada de Jesucristo, los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso han hecho una mala interpretación de la Ley de Dios", comentó el sacerdote católico Augusto Vargas Alzamora.
"Quienes creen en el divorcio sería mejor que no se casen", añadió Vargas Alzamora, quién criticó a los parlamentarios "que se declaran católicos pero olvidan que cuando Dios creó al hombre y a la mujer dijo que lo que El unía no debía separarlo el hombre".
El sacerdote atribuyó los casos en que la Iglesia Católica declaró disuelto el matrimonio de gobernantes y personalidades destacadas a vicios de nulidad del vínculo.
Flores explicó su voto contra el proyecto sobre la base de que "no protege el interés de la familia". "Violentará el sistema jurídico, pues permite a los culpables de abandono de hogar invocar un derecho que es resultado de un hecho propio y unilateral", agregó.
La parlamentaria Martha Chavez, líder del grupo del gobernante partido Cambio 90, se manifestó contra el proyecto "porque es contrario a la Constitución, que dice que la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven al matrimonio".
Los parlamentarios que votaron a favor alegan que la ley procura solucionar la situación de 800.000 personas que viven separadas de hecho, la mayoría con nuevas parejas a quienes la decisión de sus conyuges de no concederles el divorcio les impide regularizar su nueva situación familiar.
"Si una pareja renuncia a hacer vida común, no se le puede obligar a mantener una vinculación ficticia. El proyecto reconoce una situación de hecho que involucra a casi cuatro por ciento de los peruanos mayores de 12 años", dijo el congresista Daniel Estrada.
"Las nuevas familias de las personas que viven separadas de hecho de sus hogares matrimoniales también merecen la protección de la ley, por lo tanto, hay que permitirles regularizar su situación", añadió Estrada, ex alcalde de la ciudad de Cusco en representación del frente marxista Izquierda Unida.
Las parlamentarias María Jesús Espinoza, de Cambio 90, y la Lourdes Flores, del Partido Popular Cristiano, coinciden con Estrada.
Flores propuso agregar "cláusulas de dureza, como en la legislación francesa, para proteger al conyuge que quede desprotegido, especialmente a quien quede a cargo de los hijos, que es generalmente la mujer".
"Esta ley resolverá una situación que daña la dignidad y el bienestar de cónyuges e hijos pertenecientes a parejas en crisis en las que se ha perdido la posibilidad de cohabitar en un marco de amor y respeto", precisó la legisladora socialcristiana.
Las organizaciones feministas apoyan decididamente el proyecto desde la perspectiva de que reconoce el derecho de las mujeres a que se respete su autonomía.
Gina Yañez, del movimiento Manuela Ramos, sostuvo que la nueva norma liberará a muchas mujeres que, a pesar de vivir separadas, siguen sometidas a hombres que han asumido el matrimonio como un instrumento de propiedad, aun después de haber abandonado el hogar.
"Sus maridos, que ya no viven con ellas, se rehúsan a concederles el divorcio, se consideran con derecho a interferir en su vida privada, ingresan a la fuerza a sus casas cuando les da la gana y pretender decidir por ellas", aseguró Yañez. (FIN/IPS/al/mj/hd/99
