La oposición reaccionó en Perú contra la decisión del presidente Alberto Fujimori de contratar los servicios de dos empresas especializadas para convencer a Estados Unidos de que su gobierno respeta los derechos humanos.
Fujimori admitió el lunes en La Habana, donde asiste a la IX Cumbre Iberoamericana, la contratación de dos estudios de abogados "para contrarrestar la acción de los 'lobbys' (grupos de presión) que actúan contra Perú".
El mandatario sostuvo que se gastarían 360.000 dólares anuales por ese concepto, pero el matutino opositor La República elevó esa suma a 880.000 dólares.
El estudio Shepardson Stern Kaminsky, de Nueva York, cobrará 100.000 dólares por el proyecto y 35.000 dólares mensuales durante un año, en tanto que el estudio Patton Bog, de Washington, cobrará 30.000 dólares mensuales, según La República.
El Partido Aprista Peruano anunció este martes que pedirá la creación de una comisión investigadora en el parlamento "para determinar la procedencia y legalidad" de estos contratos.
"En lugar de gastar dinero para limpiar la imagen del gobierno, (Fujimori) debería eliminar las disposiciones que afectan la institucionalidad democrática e impedir que se sigan violando los derechos humanos", expresó el diputado Alfonso Grados Bertorini, del partido Union Por el Perú.
"Si cree necesario difundir los puntos de vista de su gobierno, debe encargar esa tarea a los embajadores y no derrochar dinero, que mucha falta hace en el país", dijo el diputado opositor Gustavo Mohme.
"Sería mejor que rectificara su política y no perturbara la legalidad democrática para forzar su ilegal reelección", agregó Mohme.
Las contrataciones fueron decididas por Fujimori como respuesta a la preocupación que manifestó el Senado de Estados Unidos el día 8 por la situación de los derechos civiles en Perú.
La resolución 209 del Senado estadounidense critica la destitución de tres miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales que votaron contra la posibilidad de que Fujimori sea reelegido para un tercer periodo presidencial consecutivo.
Los senadores también cuestionaron el despojo de la propiedad de un canal de televisión al empresario opositor Baruch Ivcher Y el supuesto acoso del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) contra periodistas opositores.
La resolución mencionaba, además, torturas cometidas por oficiales de inteligencia contra subalternos sospechosos de haber proporcionado información a la prensa.
El Senado dispuso que la secretaria de Estado (canciller), Madeleine Albrigth, remita una copia de la resolución al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, con el propósito de presionar financieramente a Perú.
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando de Trazegnies, defendió la contratación de los bufetes en Nueva York y Washington porque "en Estados Unidos quien no tiene un 'lobby' está perdido".
"Los 'lobbies' son algo legal en ese país. Todos los países tienen sus 'lobbies' en Washington, y hasta hay 'lobbies' especializados en exponer los problemas y objetivos de algunos sectores económicos, como los que defienden a los productores de arroz o café", dijo.
En Perú, la idea de que expertos se encarguen de influir en parlamentarios o funcionarios de gobierno no es aceptada por la opinión pública, aunque se supone que existen y que actúan con discreción.
"En 1997 circuló un proyecto en el Congreso (legislativo), para legalizar las actividades de cabildeo, pero el asunto debe estar todavía a estudio en alguna comisión", señaló el periodista Lino Montes.
Cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en octubre una resolución somilar a la aprobada ahora por el Senado, portavoces del gobernante partido Cambio 90 criticaron la acción de los grupos de presión antiperuanos.
La legisladora oficialista Martha Chávez acusó a Ivcher de haber contratado a expertos en presión para promover las resoluciones.
"Los senadores norteamericanos pecan de ingenuos al dejarse convencer por el 'lobby' contratado por el millonario Baruch Ivcher, que les ha mentido al decir que ha sido condenado a 12 años de prisión en Perú y que le ha sido despojada su nacionalidad peruana", sostvo Chávez.
Ivcher, propietario de la mayoría de las acciones del Canal 2 de Lima, apoyaba a Fujimori hasta fines de 1997, cuando su emisora reveló intimidades del SIN, incluyendo el sueldo del jefe de ese organismo, Vladimiro Montesinos.
Luego, Canal 2 denunció que una agente del SIN, Leonor La Rosa, actualmente asilada en Suecia, había sido torturada por su jefe, quien sospechaba que había vendido información de inteligencia a la prensa.
Luego, se descubrieron supuestas irregularidades en la naturalización de Ivcher, dispuesta 10 años atrás, y se le aplicó un dispositivo legal que prohibe a los extranjeros la propiedad de medios masivos de comunicación.
El control del Canal 2 fue entregado a sus socios minoritarios, también peruanos de origen israelí. (FIN/IPS/al/mj/ip/99
