El Defensor del Pueblo de Perú, Jorge Santistevan, se dispone a impulsar una cruzada nacional contra la corrupción, aunque la administración pública no es considerada como particularmente corrupta por la opinión pública interna y los organismos internacionales.
"La moralidad y transparencia del sistema judicial y el aparato administrativo forman parte de los Derechos Humanos y civiles", afirmó Santistevan, quien pretende la sanción de nuevas leyes contra la corrupción.
Según la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Perú ocupa el número 40 en el mundo como país menos corrupto, y en América Latina es el tercero, debajo sólo de Chile y Costa Rica.
Esta apreciación parece ser compartida por los peruanos, según los resultados de una encuesta efectuada por el instituto independiente Datum, que señala que sólo el ocho por ciento de los entrevistados incluyó a la corrupción entre los problemas más graves del país.
Sin embargo, Santistevan puntualizó que "el problema de la corrupción no puede medirse por los resultados de encuestas, porque la existencia de otros graves problemas sociales hace que la opinión publica interna no lo considere prioritario".
La Defensoría del Pueblo es una entidad autónoma creado por la Constitución de 1993 y ha promovido con éxito campañas de defensa de los derechos humanos.
Santistevan admitió que el presidente Alberto Fujimori impulsó un conjunto de reformas administrativas y ha puesto en práctica una política económica que reduce las oportunidades de corrupción, pero subrayó también que el Congreso no muestra interés en completar esas medidas con nuevas normas.
La difusión de algunas sanciones a altos jefes militares, importantes funcionarios y jueces, por cometer actos de corrupción, han mejorado la imagen del gobierno de Fujimori en este tema, indicó.
Pero "el poder económico del narcotráfico es un factor importante y peligroso de corrupción, especialmente contra el aparato judicial y las fuerzas militares y policiales encargados de reprimirlo", advirtió.
"Las iniciativas y propuestas que hemos hecho llegar al Congreso no han sido atendidas hasta el momento, pero estamos insistiendo en reformar los procedimientos en la administración pública y en poner fin al nombramiento de jueces provisionales", dijo Santistevan.
El Defensor del Pueblo recordó que los numerosos casos de jueces descubiertos en los últimos años recibiendo o exigiendo sobornos fueron cometidos en su mayoría por jueces provisionales, "ajenos a la carrera judicial y sin la preparación suficiente".
"Hay que adoptar dos medidas inmediatas para depurar el ámbito judicial: fortalecer la Academia de la Magistratura, para seleccionar y preparar jueces mas probos, y poner en práctica una política de cero tolerancia en materia de corrupción", añadió.
Los jueces de carrera pueden ser autónomos frente a las autoridades, pues no dependen de ninguna ratificación.
El funcionario consideró que al adoptar un modelo económico de libre mercado, en el que el Estado se retira de las funciones de regulación de la actividad económica, y al simplificar los trámites ante las autoridades se producen menos oportunidades de corrupción.
Por otro lado, al reducir el número de impuestos y simplificar su amplicación han disminuido las oportunidades de comisiones ilegales y ya las empresas no necesitan las antiguas "cajas negras" para sobornar funcionarios.
Pero todo esto es insuficiente, según el Defensor del Pueblo. En Perú existe una especie de "cultura del secreto en la administración pública, y que los peruanos tienden a aceptar la reserva y poca transparencia de los actos administrativos como normales y aceptables".
"Es necesario acabar con esa percepción y establecer el libre acceso a la información de los actos administrativos, porque la información es el más eficaz antídoto contra la corrupción y las coimas", dijo Santistevan.
El parlamentario Antero Flores Araoz, del opositor Partido Popular Cristiano, propuso en un proyecto de ley que fue archivado la inclusión del abuso de poder como delito de corrupción.
También propuso la creación de una comisión nacional contra la corrupción, dependiente del presidente del Consejo de Ministros pero con participación de la Defensoría del Pueblo, Colegio de Abogados y otras entidades representativas de la sociedad civil.
"Es necesario igualmente establecer que los gastos de publicidad de los organismos estatales sean distribuidos equitativamente a todos los medios", afirmó el parlamentario, porque uno de los instrumentos para maniatar la acción fiscalizadora de la prensa es la distribución de los avisos.
El parlamentario oficialista Carlos Ferrero anotó que "nadie está siendo investigado ni controlado por sus signos exteriores de riqueza".
"Un verdadero plan anticorrupción debe incluir la rotación obligada de funcionarios, especialmente los que manejan presupuestos o tienen a su cargo la supervisión de obligaciones de contribuyentes. Algunos están cinco años en el mismo cargo y no permiten que se fiscalice su trabajo", añadió Ferrero. (FIN/IPS/al/ag/ip/99
