Casi medio siglo después de la introducción del concepto de ayuda para el desarrollo en las relaciones internacionales, la proporción del producto interno bruto (PIB) que los países ricos asignan a este rubro apenas llega a 0,25 por ciento.
La realidad contrasta con el 0,7 por ciento del PIB que las naciones industrializadas, entre las que se encuentran las principales ex potencias coloniales, aceptaron aportar como ayuda técnica y financiera. La promesa fue renovada en la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro.
Cuatro años más tarde, ministros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico ratificaron su propósito en un informe titulado "Delineando el siglo XXI: La contribución de la cooperación al desarrollo".
El informe señala que "la comunidad internacional necesita sostener y aumentar el volumen de la asistencia oficial al desarrollo (AOD) para revertir la creciente marginación de los pobres y lograr progresos hacia objetivos realistas de desarrollo humano".
"Preocupaciones domésticas de países miembros no pueden hacer peligrar el esfuerzo de desarrollo internacional en una coyuntura crítica. Las inversiones actuales en cooperación al desarrollo proporcionarán altos reintegros en los próximos años", agrega.
Incluso el interés propio destacado por el informe parece ser presa de aquello que los países industrializados describen como sus urgencias financieras al finalizar un siglo que propuso los conceptos de solidaridad internacional y bienestar social.
Estos han sido ahora reemplazados por vociferantes compromisos públicos sobre derechos humanos, los cuales el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, pretende que sean estrictamente observados en cada rincón del mundo.
No obstante, Annan insistió que los derechos humanos incluyen el derecho al desarrollo.
Por todo esto, cuando la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, urgió a los países ricos a mantener "su promesa solemne de ayudar al desarrollo", tocó un tema muy sensible.
Robinson dijo a una concurrencia internacional en el último plenario del parlamento federal de Alemania, el día 11, que "simplemente no es creíble hablar de derechos humanos y prevenir conflictos y, al mismo tiempo, cortar el presupuesto de AOD".
"En efecto, creo que los países ricos son a veces culpables de ambigüedad. Hablan con severidad, y con razón, sobre derechos humanos y abusos en el campo cívico y político, pero son menos explícitos sobre derechos económicos, sociales y culturales", expresó la comisionada.
Su opinión fue avalada por el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Cornelius Sommaruga.
"La pobreza, como la injusticia social y las violaciones masivas a los derechos humanos, es una de las causas de los conflictos armados. En el limbo de la historia contemporánea hay cualquier cantidad de regiones que difícilmente tienen una economía, excepto el mercado de armas".
"Sin duda, los gastos militares significan la perversión más significativa conocida hasta ahora de las prioridades a nivel mundial", declaró el costarricense Oscar Arias, premio Nobel de la Paz.
"Los 780.000 millones de dólares gastados en armas y soldados en 1997 constituyen una tragedia mundial", agregó Arias, quien aboga por un Código Internacional de Conducta sobre Tráfico de Armas.
Apenas 10 por ciento del gasto militar mundial sería suficiente para brindar servicios sociales básicos a toda la población del planeta en 10 años, y otro 10 por ciento adicional permitiría a cada uno tener ingresos por encima del umbral de pobreza, declaró Arias a IPS en Bonn.
Los países industrializados podrían ayudar a consolidar la democracia y promover buenos gobiernos en el mundo en desarrollo mediante la expansión de sus presupuestos de ayuda exterior, añadió.
En términos reales, sin embargo, la ayuda al exterior descendió casi un quinto desde 1992. Los países donantes aportan sólo 55.000 millones de dólares en AOD, aunque tienen un PIB combinado de 22 billones de dólares.
El sostén de los países industrializados tendente a "aliviar la pobreza" y promover el "buen gobierno", palabras claves en los años 80 y 90, son más teóricas que reales, opinó Arias.
"El desafío al buen gobierno está en que casi 1.500 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 1.000 millones viven en viviendas miserables", destacó.
Agregó que "hay una crisis de liderazgo cuando admitimos que la abundancia se concentre cada vez en menos manos, de modo que los 200 individuos más ricos del mundo posean activos por más de un billón de dólares".
El desafío parece haber sido aceptado por el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, observó Cord Jakobeit, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Hamburgo.
Según Jakobeit, el borrador de discusión de Wolfensohn, presentado a principios de año, contiene la base argumental en favor de un acercamiento al desarrollo. (SIGUE/2-E
