El gobierno de Panamá se propone entablar conversaciones con países de América Latina, Europa y Asia para negociar pactos de lucha contra el narcotráfico, tras admitir que estudia un proyecto de acuerdo de seguridad con Estados Unidos.
"Queremos firmar este acuerdo o carta de intención, no solamente con Estados Unidos, sino también con México, con Italia, con Taiwan y con otros países que quieran intercambiar información con nosotros", declaró el ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, Winston Spadafora.
Spadafora salió así al paso de las denuncias de fuerzas políticas opositoras que atribuyen al gobierno el inicio de negociaciones secretas para suscribir un convenio de bases, que permitiría a Estados Unidos mantener su presencia militar en Panamá después del 2000.
El diputado Miguel Bush, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), divulgó el texto de un presunto memorando de acuerdo para el acopio combinado e intercambio de información e inteligencia marítima, que prevé el establecimiento de bases en Panamá.
Las bases estarían localizadas en varios puntos del país, como la provincia de Darién y la comarca indígena de San Blas (Kuna Yala), la frontera con Colombia, las riberas del Canal de Panamá, el litoral Pacífico y regiones costeras del interior.
Una fuerza conjunta, denominada Unidad 501 (DET 501), tendría a su cargo las operaciones tácticas estipuladas en el memorando de entendimiento.
Bush dijo poseer pruebas que demuestran la validez del convenio, que en su opinión viola los Tratados "Torrijos- Carter", suscritos en Washington el 7 de septiembre de 1977, por el líder político panameño general Omar Torrijos y el presidente de Estados Unidos, James Carter.
En respuesta a esas denuncias, la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, aceptó que su gobierno estudia un proyecto en materia de seguridad con Estados Unidos, pero negó que esto implique la creación de bases en el territorio nacional.
Juan Antonio Tack, ex ministro de Relaciones Exteriores quien negoció en 1977 los acuerdos canaleros, manifestó este martes en una radioemisora local que el gobierno de Moscoso ha sentado un "precedente nefasto", al aceptar que bases extranjeras operen en territorio panameño después del 2000.
Según los Tratados, la presencia militar estadounidense en Panamá debe cesar el 31 de diciembre, fecha en que los panameños asumen el pleno control y seguridad de la vía interoceánica.
Tack sostuvo que el gobierno de Moscoso aceptó las condiciones onerosas impuestas por Estados Unidos, que colocarán a Panamá en una situación política difícil con respecto a América Latina, al permitir que su territorio sea utilizado para espiar a países de la región.
No obstante, el ex canciller señaló que la Constitución panameña prevé que todo convenio internacional sea sometido a la aprobación del parlamento o a un referendo para que los mismos tengan validez.
Advirtió que este mecanismo no puede ser obviado y la sociedad debe exigir un amplio debate sobre esa materia.
Al respecto, Bush denunció que las negociaciones para un acuerdo marítimo con Estados Unidos fueron antecedidas por extraños conflictos limítrofes con Colombia, cuyo objetivo sería tratar de mostrar a Panamá como un país incapaz de custodiar el Canal y las fronteras.
A raíz de los incidentes armados en Darién y en San Blas, el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa (parlamento), Enrique Garrido, pidió al gobierno que rompiera relaciones diplomáticas con Colombia, pero luego se retractó.
Garrido dijo haber recibido amenazas de desconocidos, lo que relacionó con su postura enérgica en relación con el conflicto fronterizo.
Diversos sectores, entre ellos grupos estudiantiles, han denunciado fuertes presiones para que Panamá acepte el establecimiento de bases en su territorio.
El embajador de Estados Unidos, Simón Ferro, saludó esta semana la iniciativa del gobierno de Moscoso de poner en práctica un plan estratégico de seguridad, que garantizaría una vigilancia estrecha en las fronteras.
Ferro afirmó que Estados Unidos está en disposición de cooperar y asesorar a Panamá en materia de corrupción y narcotráfico.
No obstante, Tack acusó al embajador estadounidense de intervenir en asuntos soberanos de este país y exigió al gobierno de Moscoso que rechace el proyecto de memorando de entendimiento, con el propósito de impedir la "presencia militar disimulada" en Panamá. (FIN/IPS/dc/ag/ip/99
