El gobierno de Panamá anunció hoy su apoyo en la tercera conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a una iniciativa en procura del libre acceso de países en desarrollo a los mercados del Norte industrializado.
El subdirector de Negociaciones Internacionales de Comercio Exterior, Norman Harris, expresó su esperanza de que se logre consenso respecto del comercio agrícola, al comentar la presencia panameña en esa reunión que se realizará en Seattle, Estados Unidos, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de este año.
El intercambio de productos agrícolas es uno de los puntos previstos en la agenda de la OMC, que incluye unos 150 temas económicos, políticos y jurídicos.
Un esfuerzo para alentar el libre comercio fue planteado la semana pasada en Toronto, Canadá, por representantes de los 34 países que integran las negociaciones para crear el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Estados Unidos aceptó en Toronto varios reclamos en ese sentido, pero otros aspectos, como el de los subsidios agrícolas, quedan aún pendientes y podrían ser replanteados en Seattle, en procura de un trato justo.
Harris opinó que Panamá no tendrá que sustentar en ese encuentro mundial las reformas arancelarias realizadas por la presidenta Mireya Moscoso en octubre, que aumentó la protección al sector agropecuario.
Economistas independientes advierten que Panamá podría recibir sanciones en el seno de la OMC, por los cambios unilaterales realizados en materia arancelaria.
Moscoso derogó un decreto del ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), por el cual se habían reducido los aranceles de un promedio de 100 a 8,5 por ciento, para cumplir con la OMC e insertar a Panamá en el proceso de globalización.
Harris dijo que la reforma arancelaria de Moscoso, que abarca a más de una docena de rubros, se apega al tope máximo arancelario permitido por la OMC.
Entre las medidas adoptadas figuran la eliminación de las partidas arancelarias de los jamones, paletas de cerdo y sus trozos sin deshuesar.
Esas disposiciones establecen un arancel de 83 por ciento para los jamones y salchichas, que será de 74 por ciento en el 2004.
Grupos de productores saludaron la medida, pero demandaron mayor apoyo del gobierno en créditos y tecnología para mejorar los niveles de productividad y competitividad respecto de productos subsidiados procedentes del exterior.
En opinión del presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Alberto Pons, la reforma transitoria en algunos aranceles permitirá a la industria y a la agricultura adaptarse a los cambios y exigencias del comercio mundial.
Los industriales denunciaron que unos 5.000 empleos bien remunerados se perdieron en el sector a causa de la reducción arancelaria implementada por el gobierno de Pérez Balladares, quien negoció el ingreso de Panamá a la OMC.
Sin embargo, los propietarios de las grandes cadenas de supermercados rechazaron la decisión de Moscoso, al señalar que "los precios del ganado y la carne en Panamá son los más caros de América Latina", y que ese costo tendrá que pagarlo el consumidor.
Las medidas de protección al sector agropecuario nacional alcanzan a la leche en envases asépticos, ya que su arancel fue aumentado de 15 a 60 por ciento. En un plazo de cuatro año, este arancel será de 66 por ciento.
El decreto presidencial estableció que la leche en polvo comenzará en un arancel de 167 por ciento y finalizará en 159 por ciento, en el 2004.
En cambio, a la leche cuajada se le fijó un arancel de 45 por ciento para el primer año, para llegar a 30 por ciento en el 2004.
La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) exigió medidas efectivas para el fomento de la cría de ganado para la producción de carne y leche, que consideran afectadas por la masiva importación de productos de origen animal en los últimos años, que inundaron el mercado interno.
Otros rubros, como la cebolla, cuentan ahora con una protección arancelaria de 77 por ciento, que disminuirá a 73 por ciento en cuatro años.
El azúcar de caña y otros edulcorantes tendrán a partir del 1 de enero del 2000 un arancel de 154 por ciento, que disminuirá a 147 por ciento en el 2004.
Las salsas de tomate recibieron un nuevo arancel de 70 por ciento, pero caerán a 50 por ciento en cuatro año, según lo contempla el decreto.
Sin embargo, Carmen Coya, especialista en comercio internacional, comentó que las medidas arancelarias favorecen a los productores agropecuarios, pero plantean la duda sobre qué sucederá cuando los mismos tengan que ser reducidos otra vez, debido a las reglas del comercio mundial.
Coya estimó que el tema, que será debatido en Seattle, es un verdadero desafío e impone a todos los sectores de la economía la urgente formación de recursos humanos, en procura de mayor eficiencia y productividad. (FIN/IPS/dc/dm/if/99)
