Defensores de los derechos humanos de Nigeria pidieron que se vuelva a abrir el caso de Ken Saro-Wiwa y ocho activistas ogonis que fueron ahorcados en noviembre de 1995 por su presunta participación en el asesinato de cuatro dirigentes del grupo étnico.
"El juicio (contra los nueve activistas) fue evidentemente injusto y todos vieron que no hubo justicia. Pedimos uno nuevo", solicitó Nnimmo Bassey, director de Acción por los Derechos Ambientales, y Paul Ohonbamu, coordinador de la Organización de las Libertades Civiles.
Bassey señaló que este año se cumple el cuarto aniversario de la ejecución de los activistas de la ciudad de Benín, capital del estado de Edo, ordenada por el dictador Sani Abacha, y agregó que no desaprovecharán ningún recurso para reabrir el caso.
"Si resulta que Saro-Wiwa y sus compatriotas fueron víctimas de una trampa, si fueron asesinados para satisfacer la sed de sangre de los vampiros que estaban en el poder, esos vampiros deben verse obligados a enfrentarse a la justicia, en un tribunal libre y abierto", advirtió.
El pueblo del delta del río Níger, por el cual sacrificó su vida Saro-Wiwa, "aún no tiene derecho a la vida, al control de sus recursos, a la autodeterminación, y a un ambiente sano y satisfactorio donde desarrollar plenamente su potencial", según Bassey.
Desde la ejecución de Saro-Wiwa, el delta del Níger, donde se produce 90 por ciento del petróleo del país, sufrió violentos enfrentamientos entre los habitantes y las petroleras trasnacionales que operan en la zona.
Bassey pidió el retiro inmediato de las tropas nigerianas, a quienes se refirió como el "ejército de ocupación", a fin de disminuir la tensión en el Delta del Níger, sobre todo en Ogoniland.
Ogoniland es un territorio de 1.046 kilómetros cuadrados, en el delta del Níger, donde viven cerca de 500.000 personas. La mayor parte de la tierra está contaminada a causa de las filtraciones de petróleo de las instalaciones petroleras.
Michael Bimbaum, abogado penalista inglés que participó en el juicio de Saro-Wiwa en marzo de 1995, declaró que es posible que se descubra que el juicio no tuvo las debidas garantías.
"El tribunal nombrado para el caso no era ni independiente ni imparcial", sostuvo Bimbaum.
"La decisión del gobierno federal militar de crear un tribunal especial para este juicio, en lugar de recurrir a la justicia ordinaria, socava los derechos normales de defensa previstos por la constitución de Nigeria y por los instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos de los cuales el país es miembro", observó.
La ejecución de Saro-Wiwa provocó la expulsión de Nigeria de la Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones) en 1995. El país fue aceptado nuevamente en la organización, formada por más de 54 ex colonias británicas, esta semana, durante la cumbre de jefes de gobierno realizada en Sudáfrica.
El Comité de Defensa de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental de Lagos, apoyó el pedido de que se vuelva a abrir el caso de Saro-Wiwa y los demás activistas ogonis.
El Comité condenó en 1995 el juicio y la ejecución de los nueve activistas.
"Nuestra opinión es que el juicio fue, en ese momento, ilegal e inconstitucional. Un nuevo juicio sería un paso bienvenido, porque una injusticia es una injusticia", declaró Sina Loremikan, del Comité.
"La Organización de las Naciones Unidas dijeron que el juicio había sido inconstitucional y pidieron que se entregaran los cadáveres a las familias de los ahorcados y se las indemnizara, pero el gobierno no hizo nada de eso", dijo Loremikan a IPS.
El presidente Olusegun Obasanjo prometió en su discurso de asunción el 29 de mayo que entregaría los restos de Saro-Wiwa y de sus compañeros al pueblo ogoni. (FIN/IPS/tra-en/to/mn/ceb/aq/hd/99
