El aumento de la desnutrición infantil y del número de pobres en México es el argumento de más de 50 organizaciones no gubernamentales que acusaron al gobierno de este país de violar un pacto mundial de derechos sociales.
Las organizaciones entregaron el lunes en Ginebra un informe sobre las condiciones generales de vida de los mexicanos en el que sostienen que el gobierno violó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
México está obligado desde la ratificación del Pacto, en 1981, a informar cada cinco años sobre el estado de las garantías contempladas en ese instrumento del foro mundial.
De esta manera, este país se comprometió a garantizar el derecho a la salud, alimentación, trabajo bien remunerado, seguridad social, protección de la libre asociación sindical y de la familia, así como a la vivienda.
El Pacto establece que la satisfacción de esas necesidades es condición indispensable para preservar los derechos humanos y la libertad de las personas.
El estado de situación de la población mexicana entre 1992 y 1996 que fue presentado por las autoridades será estudiado los días 25 y 26.
Las autoridades del Pacto emitirán las recomendaciones que juzgue pertinentes unos días después de realizado el estudio y el gobierno deberá "divulgarlas, además de tener la obligación moral y política de acatarlas", explicaron a IPS este martes portavoces del Centro Miguel Agustín Pro.
"Esta es la primera vez que se hace un esfuerzo colectivo con el fin de contribuir a que el comité formule conclusiones útiles para mejorar los niveles de vida de los mexicanos", afirmó Diana Rodríguez, miembro de la organización humanitaria.
El reporte paralelo al del gobierno de Ernesto Zedillo entregado por las organizaciones no gubernamentales destacó la precaria situación de los derechos sociales de la población mexicana.
Los habitantes pobres en este país llegaban a 50,9 millones en 1996, frente a los 36,2 millones que había en 1994. El presupuesto del gobierno destinó a gastos de Defensa recursos 272 por ciento superiores a los que derivó a la cartera de Desarrollo Social, afirmaron los activistas.
La cantidad de personas en situación de pobreza extrema pasó de 17 millones en 1994 a 26 millones en 1996, y en los últimos 16 años el salario registró una pérdida acumulada de 86 por ciento, añadieron.
Tras afirmar que en México no hay una estrategia definida para combatir la desnutrición, las organizaciones humanitarias denunciaron que 58 por ciento de los niños menores de cinco años padecen afecciones asociadas a una alimentación inadecuada.
En la actualidad existen más de 1,3 millones de personas sin empleo, y la empresa monopólica estatal petrolera Pemex y el propio instituto responsable de brindar el servicio médico a los asalariados, exigen certificado de gravidez a las mujeres, denunciaron.
Casi 50 por ciento de los enfermos de sida carecen de atención médica, al tiempo que el aborto representa la cuarta causa de mortalidad de las mexicanas, indicó el informe alterno.
En México se registraron 36.500 casos de sida desde 1983 y habría 200.000 personas afectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, señalan estudios gubernamentales.
El estatal Consejo Nacional de Población reveló este año que alrededor de la quinta parte de las mexicanas se practicó alguna vez un aborto.
Según la misma fuente, una de cada 20 mujeres de entre 20 y 24 años interrumpió al menos un embarazo, ya sea inducida o en forma accidental.
El informe "Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de México", elaborado por las organizaciones no gubernamentales, subrayó que unos 140.000 niños y niñas trabajan en el sector informal de la economía.
En México persiste un rezago en materia habitacional superior a 4,6 millones de unidades y 40 por ciento de las familias están excluidas de la posibilidad de créditos para la compra de viviendas.
El reporte presentado por centros de derechos humanos, como el Miguel Agustín Pro y la Red Todos los derechos para Todos, acusó que sólo la tercera parte de la población en edad de trabajar está adscrita a la seguridad social.
"Un número cada vez mayor de mexicanos afronta un grave deterioro de las condiciones generales de vida, debido a políticas de ajuste estructural implementadas en los últimos 17 años, que priorizan la estabilidad macroeconómica", se afirma en el documento.
La política gubernamental de combate contra la pobreza tiene "un carácter meramente asistencialista y funciona como paliativo, sin proponerse resolver las causas estructurales" de ese problema, sostiene el informe.
Los programas gubernamentales para abatir la pobreza, "son utilizados con fines políticos y electorales y acentúan la discriminación".
Esas políticas " demostraron su incompatibilidad con los objetivos y el espíritu del pacto mundial, concluyeron los activistas de la organización no gubernamental. (FIN/IPS/pf/dm/hd/99
