Hasta en nueve millones varían las cifras que gobierno, expertos y organismos internacionales manejan al hablar del número de indigentes en México, pero lo que no varía es el reconocimiento de que los programas para revertir el fenómeno son insuficientes.
Son inútiles las discusiones sobre cantidades o sobre el mejor método para combatir la pobreza extrema, si los universales o los focalizados, lo cierto es que aún debe hacerse mucho en ese campo, dijo este viernes el secretario (ministro) de Desarrollo Social, Carlos Jarque.
Expertos y diputados de oposición presentaron las dos últimas semanas críticas contra el principal programa oficial contra la pobreza extrema, que, según ellos, sólo beneficia, y de forma limitada, a unos 12 millones de indigentes (personas que viven en estado de pobreza extrema).
El gobierno de Ernesto Zedillo indica que la pobreza extrema afecta a 25,4 millones de personas, mientras el experto del Colegio de México, Julio Boltvinik, habla de 36,5 millones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de 22 millones, y el Banco Interamericano de Desarrollo, de 16,3 millones.
Personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, trabajo, techo, educación y salud, los indigentes de México son desde 1997 el centro del Programa de Educación Salud y Alimentación (Progresa), que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo considera uno de sus mejores logros.
Boltvinik y el diputado del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, Pablo Gómez, criticaron al Progresa, que, afirmaron, excluye a millones de pobres y focaliza recursos en una estrategia "exclusivamente asistencialista". Lo que se necesita son programas globales, dijeron.
En el Progresa, que incluye la entrega de becas educativas, servicios de salud gratuitos y entrega de complementos nutritivos para madres y niños de hasta dos años, el gobierno aspira a gastar en el 2000 unos 950 millones de dólares y a beneficiar a más de 12 millones de personas.
La cifra de gasto sería tal siempre que el parlamento apruebe, antes de finalizar el año, la partida asignada en el presupuesto fiscal general.
Según Jarque, el gobierno no sólo busca invertir en ese plan, sino que además planea gastar 4.300 millones de dólares en otros programas paralelos que ayudarán a los más pobres con escuelas, centros educativos, viviendas y que permitirán mantener los susbsidios a la producción de leche y tortilla de maíz.
El Progresa es un plan focalizado, pero no es el único. La estrategia es trabajar con varios programas de corto y largo alcance, además de mejorar la situación económica del país, dijo el secretario.
Boltvinik aseguró que, por errores de cálculo en el número de indigentes, el gobierno dejó a millones de familias fuera de los programas de ayuda.
"Al minimizar los errores de inclusión se agrandan o maximizan los errores de exclusión", sentenció el experto, quien afirma que los indigentes en México son al menos 36,5 millones y no los cerca de 26 millones que calcula el gobierno.
El número de personas en condiciones de pobreza extrema de México, cuya población asciende a cerca de 100 millones, es un asunto que causa discrepancias, aunque la mayoría coincide en ubicar en ese rango a las familias que no pueden satisfacer las necesidades más básicas.
De cada 100 pesos —la moneda nacional— que circulan en el país, 55 pertenecen a 20 por ciento de las familias más ricas, según estadísticas oficiales.
México encabeza junto a Brasil y Chile la lista de países de América Latina con mayor concentración del ingreso, señaló, por su parte, el Banco Mundial.
Nora Lusting, jefa de la unidad asesora sobre Pobreza y Desigualdad del Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó que México destina menos de 0,2 por ciento de su producto interno bruto a programas de combate a la pobreza.
Si los programas se mantienen a ese nivel y el crecimiento económico promedia dos por ciento anual, México resolvería el problema de la pobreza entre el 2039 y el 2059, advierte la experta.
México, cuyo crecimiento económico promedio fue de 2,3 por ciento anual de 1981 a 1997, tiene más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, coinciden en indicar estudios estatales y privados. (FIN/IPS/dc/mj/dv/99
