El gobierno de México inició uno de los más costosos rescates bancarios, al asumir el control de Bancrecer, en medio de reclamos de transparencia en el proceso de capitalización de instituciones financieras.
El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab) entregó este jueves Bancrecer a un administrador cautelar para preparar a la brevedad la venta de la institución crediticia, que recibirá la fabulosa inyección de 10.696 millones de dólares.
Para garantizar los recursos de 1,5 millones de ahorradores, "se asume el control" del banco, en estrecha colaboración con la Secretaría (ministerio) de Hacienda, el Banco de México (central) y la Comisión Nacional Bancaria, anunció el Ipab.
En agosto de 1991, en el marco de la privatización de la banca mexicana, estatizada en 1980, el gobierno entonces encabezado por Carlos Salinas (1988-1994) recibió por Bancrecer cerca de 140 millones de dólares, 2,5 veces el valor contable de las acciones del banco.
Los accionistas del Grupo Financiero Bancrecer, con graves problemas estructurales desde diciembre de 1994, como el resto de los bancos del país, asumieron las pérdidas de la institución.
El sistema bancario mexicano padece una aguda crisis desde el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo (1994), que enfrentó el mayor desastre económico de las últimas tres décadas.
Francisco González, designado administrador cautelar por el Ipab, tomó posesión de Bancrecer con la consigna de lograr el máximo valor de recuperación del cuarto banco del sistema nacional por su dimensión.
"Vamos a tratar, a la brevedad posible, de vender el banco", operación prevista para "el primer trimestre del 2000", señaló González.
Un estudio técnico encargado al Deutsche Bank para evaluar el estado financiero de Bancrecer determinó que la opción más conveniente para proteger los depósitos era sanear y capitalizar la institución.
Entre 1991 y 1992, el gobierno de México vendió los 18 bancos comerciales del país por un total de 11.830 millones de dólares.
El rescate de Bancrecer, que posee más de 1.000 sucursales en todo el país y cerca de 7.500 empleados, equivale a 56 por ciento del gasto presupuestal para la educación de este año y representa 2,52 por ciento del producto interno bruto (PIB) mexicano.
El gobierno debe explicar al detalle, los términos del "oneroso" rescate de Bancrecer, afirmó Rubén Ojeda, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Ojeda consideró importante que las autoridades informen sobre las operaciones y la distribución del dinero dentro de la institución bancaria, rescatada con recursos del erario público.
Analistas financieros sostienen que la situación de los bancos se mantiene incierta y que las perspectivas de que repunte la actividad en el sector son poco claras.
Los desajustes económicos ocasionados por la crisis de finales de 1994 abultaron las carteras vencidas de los bancos, de modo tal que los pasivos fueron transferidos al presupuesto del Estado, luego de un penoso proceso legislativo.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde hace 70 años, y Acción Nacional (PAN, conservador) acordaron en el parlamento un millonario rescate de los bancos, argumentando que esa era la única vía de evitar la quiebra del sistema financiero del país.
El rescate, que enfrentó a los partidos políticos en una enconada batalla legislativa, equivale a 21,3 por ciento del PIB, según la empresa calificadora de riesgo financiero estadounidense Standard & Poor's.
Una auditoría ordenada por el parlamento y que estuvo a cargo del canadiense Michael Mackey dictaminó en julio que no existen evidencias de que la intervención estatal resultó finalmente más barata que la opción de cerrar algunos bancos.
En julio, el Ipab asumió el control de 100 por ciento del capital social de Banca Serfin, en una operación que implicó una inyección de unos 2.000 millones de dólares.
El rescate de Serfin, el tercer banco más importante del país, representó para los socios de esa institución pérdidas del orden de 400 millones de dólares.
El Ipab posee facultades para asumir pasivos hasta por el equivalente a 7.000 millones de dólares, por lo que no requirió de la aprobación del parlamento en la operación de saneamiento de Serfin.
Para el rescate de Bancrecer, el Ipab destinó un monto apenas inferior al autorizado por el cuerpo legislativo.
En ambos casos, los recursos que se obtengan por la venta de los bancos deberán ser empleados para reducir los costos del rescate.
Antes, queda el azaroso camino de utilizar los recursos inyectados para construir reservas y restituir faltantes de capital con la finalidad de que, ya sanos, los bancos retornen a manos privadas. (FIN/IPS/pf/mj/if/99
