La alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, evitó rodeos diplomáticos en México y formuló acusaciones directas al gobierno y los militares, en la visita a este país que concluyó hoy.
Con su actitud, Robinson recibió el aplauso de organizaciones no gubernamentales a los que el gobierno considera parcializados y aliados de la oposición.
La evaluación de la funcionaria, cuya visita comenzó el martes, fue similar, aunque mucho más explicita, que la hecha los últimos dos años por otros observadores de la ONU, como los relatores sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura y problemas de la infancia.
En México hay impunidad y grupos paramilitares, es difícil controlar al ejército, las violaciones de derechos humanos son "serias", persiste el problema de la mala administración de justicia y precupa la seguridad de los activistas, observó Robinson.
Sobre el conflicto en el sureño estado de Chiapas, donde hizo su irrupción la guerrilla zapatista en 1994, la funcionaria de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) criticó la militarización ordenada por el gobierno y acusó al ejército de ser reponsable de violaciones a los derechos humanos.
Cuando organizaciones de derechos humanos locales e internacionales hicieron en el pasado observaciones parecidas a las Robinson, el gobierno de Ernesto Zedillo, en funciones desde fines de 1994, los acusó de estar parcializados.
"La comisionada vino a confirmar que el gobierno no es sincero cuando dice que las acusaciones en derechos humanos son exageraciones", señaló en un comunicado el grupo humanitario Miguel Agustín Pro Juárez, perteneciente a la orden católica de los jesuitas.
Robinson logró en su visita a México que el gobierno acepte, con cierta reticencia, según reconoció, firmar una carta de intención para que la ONU brinde al país asesoría técnica dirigida a mejorar la situación de los derechos humanos.
La funcionaria indicó, además, que alentó al gobierno a seguir aceptando visitas de más relatores de la ONU, pues es necesario mantener un "escrutinio constructuivo" sobre la situación.
Según la relatora de la ONU, de las entrevistas con funcionarios de gobierno concluyó que existe voluntad de hacer frente al problema. "Yo quiero trabajar en apoyo de esta necesidad tan fuerte y de este deseo político", dijo.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights emitieron duros informes sobre la vigencia de los derechos humanos en México.
Las acusaciones se originan en informaciones parciales y en algunos casos falsas, respondieron las autoridades.
Hay un intento por desprestigiar al país y desoconocer los grandes avances en materia de derechos humanos, aseguró en 1997 el presidente Zedillo.
Un año después, el mandatario añadió que algunas organizaciones "inventan una causa supuestamente de carácter humanitario, para (…) promover su causa política".
El gobierno no caerá en el juego de la organizaciones no gubernamentales, que pretenden mostrarlo como represor y autoritario, manifestó Zedillo.
Crimenes como los registrados en 1995 en el estado sureño de Guerrero, cuando policías asesinaron a 17 campesinos opositores, y la matanza de 45 indígenas en Chiapas a manos de grupos paramilitares pusieron al gobierno de Zedillo en la vitrina internacional.
En ambos casos, grupos humanitarios y opositores afirman que las autoridades ocultan a los verdaderos responsables, que serían, según ellos, miembros del Partido Revolucionario Institucional, que gobierna México desde 1929.
Militares y policías ocuparon los últimos años extensas zonas rurales en acciones de contrainsurgencia o con órdenes de combatir la delincuencia. Para las organizaciones humanitarias, en esas acciones son comunes las violaciones a los derechos humanos y los ataques injustificados a grupos opositores.
Unos 300 militantes del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática fueron asesinados los últimos cuatro años, y la mayoría de los casos permanece en la impunidad.
Robinson indicó que pidió al gobierno mexicano adoptar "medidas adicionales" en materia de derechos humanos y aceptar plenamente diversas garantías contenidas en instrumentos internacionales para hacer frente a los problemas reinantes. (FIN/IPS/dc/mj/hd/99
