México conmemorará enlutado los 10 años de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, por el asesinato de un bebé secuestrado que se erigió en símbolo de la falta de garantías y de seguridad que sufre la infancia.
Niños y niñas celebrarán este sábado, en talleres, conciertos y conferencias, el aniversario de la convención que afirma sus derechos, en un país donde cuatro millones de menores de entre 12 y 17 años se ven obligados a trabajar.
La celebración coincide con la prisión, desde esta semana, de los asesinos de Braulio Suárez, de ocho meses, en un episodio que conmocionó a los mexicanos.
La situación de los menores mexicanos debe trascender las fronteras de "las primeras damas y las fotografías", declaró el oficial de Relaciones Exteriores del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en este país, Rafael Lizaola.
Tras expresar sus condolencias a la familia de Braulio Suárez y condenar el crimen, el funcionario de Unicef abogó porque México integre a su marco jurídico los 54 derechos establecidos en la convención que ratificó en 1990.
La violencia que amenaza a la niñez en diveras partes del mundo y casos como el del bebé secuestrado y asesinado el día 9 urgen a los gobiernos a emprender la promoción de una cultura de los valores humanos, enfatizó Lizaola.
"Todos debemos saber que los niños tienen derechos y que deben ser respetados", así que, más allá de las estadísticas, la educación para observar las garantías de los menores debe llegar hasta el seno mismo de las familias, sostuvo.
La legión de menores que trabajan se desempeñan en los sectores agropecuario, de servicios, comercial y de la construcción, según Unicef. El problema es aun peor si se considera a los niños y niñas mexicanos que emigran a Estados Unidos.
Sólo en 1996, unos 50.000 niños mexicanos atravesaron ilegalmente la frontera con el vecino país del norte con la intención de trabajar, según Unicef.
A nivel estatal, en México mueren cada año entre 17,5 y 39,4 fallecidos por cada 1.000 nacimientos, la tercera parte por enfermedades curables, señaló la agencia de la Organización de las Naciones Unidas.
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Yucatán, estados del sur y el oriente del país donde gran parte de la población es indígena, la desnutrición infantil constituye un grave problema.
Entre 1974 y 1996, la desnutrición infantil pasó de 50,7 a 42,7 por ciento. En la población indígena, que abarca a uno de cada 10 habitantes, ese porcentaje se eleva a 58,3.
Mientras 14 millones de niños subsisten en la extrema pobreza, siete por ciento de los egresados de educación primaria no ingresa a nivel secundario. Más de un millón de niños y niñas de entre seis y 14 años no asisten a la escuela.
En ese contexto, el Comité de Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas envió al gobierno de México 23 recomendaciones para velar por las garantías de los niños y niñas.
"El Comité observa que el aumento de la pobreza y las permanentes disparidades sociales y económicas en México afectan aún a los grupos más vulnerables, incluidos los niños, a quienes se les impide el disfrute de sus derechos", señala el documento.
El comité expresó su preocupación por el alto número de menores que son víctimas de redes de traficantes que los explotan sexual y económicamente.
También manifestó inquietud por el incremento del tráfico y venta de niños de países vecinos, ante lo cual el comité llamó a adoptar medidas urgentes.
El organismo recomendó también la creación de leyes que prohiban explícitamente los castigos corporales en las escuelas.
El 21 de septiembre de 1990, México ratificó la Convención que este sábado cumple 10 años de haber sido firmada por el pleno de los estados miembros de la ONU, con excepción de Estados Unidos y Somalia. (FIN/IPS/pf/mj/hd/99
