Organizaciones de derechos humanos y grupos de familiares investigan el paradero de unas 2.000 personas desaparecidas bajo custodia policial en el valle de Cachemira, en India, aunque sólo 700 casos fueron documentados.
"La mayoría de las personas desaparecidas pertenecen a los sectores más humildes, y eran los únicos proveedores del hogar", explicó Parveena Ahangir, que lidera la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas de Cachemira, creada hace tres años.
La Corte Suprema de Justicia del estado norteño de Jammu y Cachemira tiene pendientes varios casos de ese tipo e identificó a los responsables de muchas desapariciones, pero el Ministerio del Interior ordenó detener el procedimiento.
"Ya ni siquiera insisto en recuperar a mi hijo. Sólo quiero que me digan si está muerto", pide Salima, cuyo hijo es uno de los desaparecidos bajo custodia judicial en la separatista Cachemira, el único estado indio de mayoría musulmana.
La última vez que vio a su hijo, Zahoor Ahmed Sofi, el 10 de agosto de 1994, tenía 20 años. Los paramilitares de la Fuerza de Seguridad de Frontera lo apresaron, junto con otras 17 personas, en una parada de ómnibus en el centro de Srinagar, capital de Jammu y Cachemira.
Los demás fueron liberados en los meses siguientes al secuestro, pero el destino de Zahoor se desconoce. Salima insiste en que era inocente y no participaba en las milicias extremistas. Había terminado sus estudios secundarios y trabajaba en la panadería de la familia.
El hijo menor de Salima, Sameer, fue invitado en enero de este año a integrarse a la organización derechista Harkat-ul-Ansar. El muchacho se negó, así que le dispararon y murió. "¿Dónde está la justicia?", pregunta la madre.
Rafiqua, una mujer analfabeta y madre de cuatro hijos, no está del todo segura acerca de su estado civil. Supone que es viuda, ya que su marido, Mushtaq Ahmed Khan, desapareció.
Mushtaq fue atrapado en octubre de 1996 por las fuerzas de seguridad de Tengpora, Batmaloo, en una redada nocturna. Un hombre disfrazado de oficial de seguridad se presentó ante Rafiqua en enero de 1997 y le pidió 10.000 rupias (250 dólares) a cambio de información sobre el paradero de su marido.
La mujer le pidió prestado el dinero a su suegro, pero al no encontrarlo, fue expulsada de su casa con sus dos hijos menores.
La vida de muchas mujeres como Rafiqua y Salima es un infierno. A la mayoría les negaron su derecho a la herencia, no tienen recursos para la educación de sus hijos, dependen de otros, y se sienten completamente solas en una sociedad que las ignora.
Volver a casarse es imposible en la mayoría de los casos. Según la legislación musulmana, nadie puede ser declarado muerto antes de que se cumplan siete años de su desaparición. Hasta ese momento, su propiedad no puede venderse y, en el caso de un hombre casado, su esposa no puede volver a contraer matrimonio.
La inacción del gobierno respecto de la investigación sobre los desaparecidos llevó a 300 familias a unirse para investigar.
Ahangir, que lidera ese nuevo grupo de activistas, sostiene que a pesar de tener acceso a documentos oficiales, informes de la Corte y declaraciones de los familiares de las víctimas, no han tenido éxito en la investigación de esas desapariciones.
La mujer está en busca de su hijo, Javed, que tenía 16 años cuando fue secuestrado en junio de 1991. La familia fue a buscarlo al hospital militar de la zona, donde un prisionero dijo que había estado con él.
Ahangir visitó campamentos de las fuerzas de seguridad, pidió audiencias con políticos, siguió el caso en los tribunales e hizo todo lo que pudo, pero no tuvo éxito.
"Ellos (las autoridades) me dijeron ahora que comparezca ante la oficina distrital de recaudación en Srinagar. Quizá quieran darme una compensación, pero yo no puedo vender a mi hijo", se quejó.
El gobierno ofreció en julio, por primera vez desde que empezó la lucha separatista de Jammu y Cachemira, pagar una compensación a los familiares de los desaparecidos.
La declaración del gobierno establece que "el magistrado del distrito presentará esos casos al Comité de Coordinación, del cual participan representantes de las fuerzas de seguridad y de la policía".
"El comité debería decidir si se puede dar por muerta a una persona y si el magistrado del distrito debería recomendar una compensación. Esto servirá también para aclarar la participación de las personas desaparecidas en cualquier actividad extremista", agrega.
La circular fue enviada a todos los vicecomisionados y superintendentes de la policía.
El viceministro del Interior, Mushtaq Ahmed Lone, anunció a la prensa en julio que el estado pagará 90 millones de dólares en compensaciones. "Estamos haciendo gestiones para efectuar los pagos", aseguró, pero nadie fue compensado todavía. (FIN/IPS/tra-en/pb/an/ceb/hd/99
