Las actividades previas a la IX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en La Habana la semana próxima, están signadas por una gran cautela política y anticipan compromisos de los países para afrontar la situación financiera internacional.
En lo político, los gobiernos de Cuba y España dejan ver que tienen distintas visiones de la situación interna cubana, pero ambos apelan a la cautela al considerar las relaciones españolas con la oposición al gobierno de Fidel Castro.
En lo económico y financiero, el último borrador de la Declaración Final de la Cumbre, al que tuvo acceso IPS, anticipa un compromiso de los gobiernos para defender la liberalización del comercio y la modificación de los organismos financieros internacionales.
El texto también indica el acuerdo de los países en la adopción de medidas preventivas ante nuevas crisis en los mercados monetarios.
El problema de los contactos que los mandatarios podrian tener con la disidencia cubana durante la cumbre fue esgrimido por el presidente de Costa Rica, Miguel 5ngel Rodríguez, para cancelar su participación en la instancia.
Rodríguez dijo que, al no recibir respuesta a una consulta en tal sentido, decidió no viajar a La Habana.
Pero en los últimos días esa situación se ha aclarado. El presidente del Consejo de Ministros de España, José María Aznar, incluyó en su agenda una reunión con disidentes cubanos.
El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, declaró a Televisión Española que su gobierno no se opondrá a que se realicen.
"Si algún mandatario hace cosas que no nos gustan, como reunirse con opositores cubanos, no nos opondremos a que lo hagan", sostuvo. "El pueblo cubano tiene una gran cultura, una gran cultura política y entiende esas cosas", añadió.
El vicepresidente Carlos Lage se pronunció en términos similares. Negó que los disidentes sean tales, sino "traidores financiados por Washington", pero también dijo que todo el que visita Cuba tiene libertad para ver a quien quiera.
"Aquí no le ponemos restricciones a nadie. Otra cosa es nuestra apreciación sobre esas personas y esos grupúsculos", declaró al matutino madrileño El País.
En el borrador de la Declaración Final, que será sometido a consideración de los mandatarios el 15 de noviembre, se destacan tres aspectos, uno referido al comercio, otro a las finanzas internacionales y un tercero al papel del Estado.
"Nos pronunciamos por un comercio internacional libre, no discriminatorio y equilibrado (…) y el fortalecimiento del multilateralismo y la promoción de la solidaridad internacional", reza el borrador al referirse al comercio.
"En lo que respecta al acceso a los mercados de bienes, servicios y capital, rechazamos la imposición de toda condicionalidad política, económica, social o medioambiental", agrega.
De aprobar ese borrador, los mandatarios se comprometerán "a participar activamente en el diseño de una nueva arquitectura financiera internacional que permita a nuestros países obtener los beneficios de la integración de los mercados de capitales y reducir sus riesgos".
Asimismo, coincidirán en que "el funcionamiento transparente y democrático de las organizaciones e instituciones multilaterales y la amplia participación de los Estados en ellas constituyen pieza esencial para la construcción de un orden global justo, equitativo y solidario, basado en el derecho internacional". (FIN/IPS/td/mj/ip if/99
