El gubernamental Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), de Honduras, ejecutará un programa de auditoría social a la administración pública, incluyendo a gobiernos locales y entidades estatales autónomas.
El anuncio fue prácticamente coincidente con la divulgación en Berlín y Washington, el 26 de octubre, del quinto informe anual consecutivo de Transparencia Internacional (TI), en el que Honduras aparece como el país más corrupto de América Latina.
El comisionado de Conadeh, Leo Valladares, que presentó el plan a la sociedad civil dos días después de conocerse el informe de TI, explicó que no se trata de una auditoría contable sino de ejercer el derecho de la población de saber que están haciendo las autoridades con el dinero del pueblo.
"Vamos a desterrar aquella cultura en que los funcionarios hacen lo que se le antoja. Ahora se revertirá el proceso y, como nosotros somos los mandantes, tenemos el derecho a preguntarles que están haciendo con ese mandato que les hemos dado", dijo Valladares.
Agregó que la administración pública maneja el equivalente a 8.000 millones de dólares, pero solo se rinde cuenta sobre los 1.458 millones de dólares contemplados en el presupuesto del gobierno central, ya que no se suma el movimiento financiero de las instituciones autónomas del Estado.
El programa se implementará a partir de febrero o marzo y comenzará con la auditoría social de los servicios administrados por el Estado, como agua potable, telecomunicaciones y energía eléctrica, para continuar luego con los gobiernos locales, el sistema aduanero, programas de salud, educación y otros.
Mientras, la Cámara Legislativa aprobó el sábado una propuesta que instruye a las tres instituciones fiscalizadoras del Estado, Contraloría, Procuraduría y Dirección de Probidad Administrativa, el envío de un detallado informe a TI sobre los casos de corrupción que investigan.
También dispuso que se informe a la organización internacional las leyes anticorrupción en vigor y las sanciones aplicadas a las personas que cometieron actos irregulares en la administración pública.
Por otra parte, la gubernamental Comisión de Participación de la Sociedad Civil, creada para vigilar y apoyar el proceso de reconstrucción del país devastado por el huracán Mitch en octubre de 1998, tramita una propuesta al presidente Carlos Flores para que invite a TI a constatar los esfuerzos contra la corrupción.
Hasta ahora, estas resoluciones son las únicas respuestas al cuestionamiento a Honduras contenido en el informe de TI, organización privada impulsada por ex funcionarios del Banco Mundial, de otros organismos multilaterales y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En cambio, el gobierno de Flores condenó y rechazó el informe de TI que, además de su habitual Indice de Percepción de la Corrupción, elaboró una lista de naciones de donde proceden los sobornos en base a una encuesta a 19 grandes exportadores.
Un estudio de las sociólogas Leticia Salomón y Julieta Castellanos, publicado en 1995, encontró antecedentes de corrupción administrativa desde el siglo pasado en Honduras.
Este trabajo sistematizó las denuncias de corrupción durante los gobiernos civiles de 1982 a 1994 y encontró la existencia de un promedio de 500 casos anuales.
Los principales focos de corrupción fueron descubiertos en el sistema aduanero, mediante la defraudación fiscal, en los gobiernos locales y en la administración central, en particular en las áreas de salud, educación y en entidades autónomas del Estado.
El primer caso destacado de corrupción fue denunciado durante la dictadura militar, en 1975, cuando la compañía bananera estadounidense United Brand admitió haber pagado un soborno de cinco millones de dólares a funcionarios hondureños a cambio de eliminar un impuesto a la exportación del fruto.
Una comisión investigadora encontró indicios de la ocurrencia de actos irregulares y el gobierno del entonces general Oswaldo López depuso y encarceló por unos meses al ministro de Economía, Abraham Bennaton.
Posteriormente, el también gobierno del facto del general Policarpo Paz dispuso en 1979 la destitución del ministro de Economía, Valentín Mendoza, por la compra sobrevalorada de unos terrenos para proyectos de vivienda.
También la administración democrática de Rafael Callejas (1990- 1994) fue blanco de una gran cantidad de denuncias de corrupción, entre ellas el desvío de recursos del Fondo de Estabilización Petrolera.
A ella se agregaron las acusaciones por venta de maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, el nombramientos en forma irregular de maestros en el Ministerio de Educación y la presunta adjudicación ilegal de tierras por el estatal Instituto Nacional Agrario.
Sin embargo, Callejas admitió la existencia de corrupción en el sistema aduanero y nombró una comisión mixta que destituyó al director de aduanas, David Matamoros.
En esa oportunidad, la comisión encontró que hubo una defraudación fiscal, a través de la subvaloración de mercaderías por unos 220 millones de dólares anuales. Callejas también creó el Ministerio Público y el Conadeh.
Valladares entiende que el problema de Honduras son sus engorrosos trámites administrativos y los lentos procedimientos judiciales que estimulan los actos de corrupción.
Esta situación obliga a realizar una profunda reforma para simplificar los trámites en la administración pública y de justicia, como forma de eliminar las prácticas corruptas de los funcionarios y empleados públicos.
"No es cierto que todos los hondureños seamos corruptos sino que los sistemas que propician prácticas corruptas deben ser sustituidas por una conducta de transparencia e integridad", dijo el comisionado nacional de Derechos Humanos. (FIN/IPS/jrd/dm/ip/99
