El Comité de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh) pidió hoy al gobierno investigar las actividades de dos empresarios de la costa norte, a quienes acusa de financiar escuadrones de la muerte.
El presidente del no gubernamental Codeh, Andrés Pavón, aseguró que el ex coronel René Mejía, concejal de Villanueva, y el empresario hotelero Pablo Orellana Espinoza, de San Pedro Sula, en el norteño departamento de Cortés, financian grupos de "asesinos a sueldo" para matar sospechosas de actos delictivos.
Pavón dijo este miércoles en conferencia de prensa que Orellana Espinoza declaró en agosto que las ganancias de los hoteles en San Pedro Sula habían bajado debido al aumento de la actividad delictiva y que era necesario contratar escuadrones de la muerte para una "limpieza social".
"Curiosamente, después de estas declaraciones se conoció el secuestro de varias personas que luego aparecieron muertas con signos característicos de haber sido víctimas de un escuadrón de la muerte", como sucedió en la década pasada", afirmó.
Pavón denunció también que el Ministerio de Seguridad extiende carnés a particulares, miembros de "comités de seguridad", con la condición de informar de toda actividad a las autoridades policiales.
Agregó que "si un miembro de estos comités no informa en el lapso de un mes de alguna actividad a la policía pierden el carné y el derecho a portar arma", lo cual "significa que están obligados a realizar un trabajo clandestino".
El Codeh indicó que de 1994 a 1998 se registraron en Honduras 12.904 homicidios, de los cuales más de un millar presentan las características de ejecuciones extrajudiciales.
Pavón informó que de julio a septiembre de este año la organización humanitaria que preside supo de 10 muertes de personas, previamente secuestradas y luego asesinadas con balazos en la cabeza.
La ley prevé que si una persona es señalada como presunto delincuente debe ser denunciada a la policía para que haga las investigaciones correspondientes y luego proceda a su captura para presentarlo ante los tribunales judiciales, comentó.
Por su parte, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé, reaccionó con molestia y dijo que este tipo de denuncias solo perjudican la imagen de Honduras ante la comunidad internacional.
"Rechazo totalmente que se generalice que los empresarios financiamos grupos armados. Esto es falso, es una calumnia que solo busca hacer escándalo", afirmó.
Facussé agregó que antes de hacer estas denuncias es necesario investigar, "pero solo hacer escándalo es perjudicial para Honduras, particularmente tras la devastación provocada en octubre por el huracán Mitch".
Pavón respondió a las críticas de Facussé anunciando que el Codeh entregará toda la documentación necesaria al Cohep para unir esfuerzos y exigir una investigación de estos casos.
El dirigente empresarial expresó su anuencia a recibir esta información, estudiarla y, si procede, exigir una investigación.
Mientras, Orellana declaró que "ni siquiera tengo dinero para pagar mis deudas, mucho menos para contratar a terceros que se dediquen a 'liquidar pandilleros' y delincuentes".
Admitió que hace unos meses denunció ante la prensa que sus negocios hoteleros en San Pedro Sula eran afectados por la presencia de grupos de delincuentes juveniles o "maras" y prostitutas.
Sin embargo, aseguró que nunca había financiado a grupos armados para matarlos. "No conozco a Pavón y no se porque me involucra en estos hechos", añadió.
Orellana dijo que había puesto a la venta varios de sus hoteles para pagar deudas y expresó que no ejercerá el derecho de defensa en los tribunales, porque "esa denuncia sencillamente es falsa".
Comentó que conoce al ex coronel Mejía y que es "un hombre honesto y trabajador, dedicado a la ganadería, y no me imagino que esté involucrado con presuntos grupos armados".
En tanto, el ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, informó que se había reunido hoy con Pavón y señaló que la documentación presentada parece indicar que que se hizo un montaje de firmas, mediante fotocopias.
"Sin embargo, vamos a investigar si esos documentos son verídicos o no", expresó el funcionario.
Honduras fue condenada en la década pasada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la desaparición forzada de cuatro personas y por violación a las garantías constitucionales. En los años 80 se registraron 187 personas desaparecidas por cuestiones políticas. (FIN/IPS/jrd/dm/hd/99
