Panamá negociará desde este martes en Washington con Estados Unidos asuntos de seguridad, en medio de enfrentamientos en la frontera con Colombia y protestas laborales.
Un equipo negociador de 16 personas encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, José Alemán, viajó a Washington para considerar el futuro de las relaciones bilaterales tras la retirada del complejo militar estadounidense en las riberas del canal interoceánico.
Alemán reconoció que en su visita a Washington se discutirán asuntos de carácter estratégico, entre ellos un proyecto de seguridad, pero negó que eso comprometa a Panamá a aceptar bases, instalaciones o tropas extranjeras en su territorio después del 2000.
El canciller respondió que el intercambio de información será de conveniencia mutua, aunque guardó silencio cuando se le preguntó si el gobierno estaría dispuesto a someter ese acuerdo a consulta popular.
"Somos un país amigo de Estados Unidos y haremos que se respeten los intereses de Panamá y la seguridad de los nacionales", indicó.
El anuncio de Alemán se produjo tras la confirmación oficial de fuertes combates en el caribeño poblado limítrofe de La Bonga, en los que los habrían participado, al parecer, soldados, paramilitares y guerrilleros colombianos.
Tropas del ejército colombiano solicitaron apoyo a Panamá tras quedar bajo el fuego cruzado de paramilitares y miembros de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó el jefe de la Policía Nacional, Carlos Barés.
Los combates supusieron el deterioro de la seguridad en áreas fronterizas panameñas. Como resultado de la refriega, unas 15 casas de moradores en La Bonga fueron incendiadas y otras propiedades sufrieron múltiples daños.
Pocos días antes, Barés solicitó a la cancillería panameña una enérgica protesta por el ingreso no autorizado de una lancha patrullera artillada de la armada de Colombia en aguas jurisdiccionales de Panamá.
En medio de la ola de críticas y del agravamiento de las tensiones en la frontera con Colombia, la presidenta Mireya Moscoso dispuso el envío de 2.000 nuevos agentes policiales para aumentar la vigilancia y repeler ataques de grupos armados en la provincia de Darién y en la comarca indígena de San Blas.
Dirigentes de los partidos de oposición y sindicatos han denunciado que esos hechos se relacionan con la intención de Estados Unidos de crear en Panamá un sistema de control marítimo y una fuerza conjunta de despliegue táctico.
La diputada Balbina Herrera, presidenta del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), con mayoría de escaños en el parlamento, dijo que existe un memorando de acuerdo con Estados Unidos sobre la seguridad marítima e intercambio de información que debe ser rechazado por Panamá.
Herrera responsabilizó a Moscoso por el "hermetismo" en las conversaciones en Washington, y exigió un debate nacional sobre seguridad, incluido el conflicto en la frontera con Colombia, que la jerarquía de la Iglesia Católica califica de "potencialmente peligroso".
La mandataria rechazó esos argumentos y acusó, a su vez, a sindicalistas de promover un aparente clima de desestabilización a través de huelgas.
"Debe quedar claro que el día 31 de diciembre de 1999 no quedará en Panamá ningún soldado norteamericano", acotó Moscoso.
Según la presidenta, lo único que se negocia con Estados Unidos es un acuerdo de intercambio de información y el apoyo a un plan de seguridad, que no implica el establecimiento de infraestructura militar alguna en territorio panameño.
No obstante, el jurista José Mulino, vicecanciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), afirmó que el texto de memorando de entendimiento divulgado por el PRD interfiere con el concepto de neutralidad del canal de Panamá y representa una "barbaridad" inaceptable.
Mulino dijo a una radioemisora local que el proyecto de acuerdo produce "zonas grises" en cuanto a la responsabilidad legal, propicia la indefensión en casos de requisa de naves en tránsito por el canal y crea la figura del secreto, inexistente en la jurisprudencia panameña.
El administrador del canal de Panamá, Alberto Alemán, justificó el inicio de las conversaciones con Estados Unidos, y sostuvo que el gobierno de Moscoso debería suscribir pactos de seguridad o de intercambio de inteligencia con otros países, entre ellos España, Francia e Israel.
Sin embargo, Fernando Manfredo, ex subadministrador de la vía marítima, dijo que la mejor defensa del canal ha sido su neutralidad, ya que jamás fuerza alguna ha lanzado ataques contra el paso interoceánico que sirve al mundo entero.
Manfredo opinó que la transferencia de la vía marítima a manos panameñas es un reto, en materia de eficiencia, para los panameños y no para Estados Unidos, cuyas tropas deben abandonar Panamá este año en cumplimiento de los Tratados Carter-Torrijos firmados en Washington en 1977.
La delegación de Panamá se entrevistó este lunes con directivos del Consejo de las Américas (Council of the Americas) y con funcionarios del gobierno de Bill Clinton. (FIN/IPS/dc/mj/ip/99
