La admisión del estado venezolano de su responsabilidad en la muerte de 35 personas en disturbios registrados en 1989, a partir del "Caracazo", allana el camino para el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la demanda presentada por familiares de las víctimas.
El representante de Venezuela ante la Corte, Raúl Arrieta, admitió que el estado venezolano incumplió la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) e incurrió en retrasos y denegación de justicia en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y lesiones.
Durante 23 días desde el 27 de febrero de 1989, las Fuerzas Armadas de Venezuela tuvieron el control del país, con el fin de controlar los disturbios populares desatados a raíz del ajuste económico adoptado ese día por el gobierno, entonces presidido por Carlos Andrés Pérez.
La Policia Metropolitana se encontraba en huelga, por lo que el control fue encomendado a las fuerzas militares que se enfrentaron con los civiles movilizados, armadas con armas de asalto FAL y vehículos blindados AMX-13.
Al día siguiente, 28 de febrero, el Poder Ejecutivo suspendió varias garantías constitucionales: libertad individual, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de expresión, derecho a reunión y derecho a manifestación pacífica.
Este período de excepción dejó un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales, según cifras oficiales dadas a conocer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La denuncia planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalla que "los soldados y policías disparaban indiscriminadamente y se incluyen entre sus víctimas a siete menores de edad y cinco mujeres".
De los 44 casos que conforman la denuncia, 18 ocurrieron cuando ya el gobierno venezolano había logrado controlar completamente la situación.
Otras cuatro víctimas desaparecieron de la zona controlada por el ejército o la policía, y todavía se desconoce su paradero.
En total, 32 casos se ventilaron en tribunales militares, pero en ningún caso hubo, hasta ahora, una sentencia que identifique a los responsables y establezca sanciones.
De hecho, en noviembre de 1990 se practicó una exhumación en una fosa común y se comprobó que de 68 de los 130 cadáveres correspondían a personas que habían muerto entre febrero y marzo de 1989.
Pero después de nueve años, las investigaciones permanecen en estapa sumarial.
Arrieta, el representante estatal, dijo que durante los disturbios las fuerzas del orden perdieron el control de la situación, por la cual el gobierno de Pérez se vio obligado a decretar la suspensión de garantías y lanzar al ejército a las calles.
A la vez, dijo que aunque los familiares de 37 asesinados, cuatro desaparecidos y tres personas golpeadas interpusieron ante los tribunales en forma oportuna las denuncias, 10 años después no hubo resolución judicial alguna al respecto.
Por ello, dijo, el estado venezolano acepta los cargos por incumplimiento de la Convención, la denegación de justicia y por el "aberrante retraso" en el juzgamiento.
Esta actitud permite pasar directamente a la fase de reparaciones o indemnización de las familias de las víctimas. Si no hubiese sido así, la fase de fondo, con presentación de testigos y pruebas, habría demorado el caso cerca de un año.
Oscar Luján, delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que el reconocimiento allana el caso pues el proceso se reduce a un tercio.
Con esta demanda contra Venezuela, denominado "Caso Aguilera La Rosa y otros", la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó este miércoles el cuarto período anual de sesiones. (FIN/IPS/mso/mj/hd/99
