Perú se ha convertido en la gran duda que pende sobre la próxima celebración del 30 aniversario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.
El gobierno peruano no ha confirmado aún si enviará delegaciones a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ni al encuentro continental de cancilleres que tendrá lugar en Costa Rica el próximo lunes.
La eventual ausencia de Perú en estas actividades es vista por analistas como un capítulo más en la pugna que el gobierno de Alberto Fujimori mantiene con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde que ese país decidió retirarse de su jurisdicción.
"Sabemos que Perú tiene una disputa con la Corte Interamericana pero esperamos que puedan enviar sus representantes a estos encuentros", dijo en rueda de prensa el canciller de Costa Rica, Roberto Rojas.
Precisamente uno de los principales temas que se tratará en la Asamblea General de la OEA será la necesidad de que la CIDH funcione de manera permanente y no sólo durante cuatro sesiones al año.
"Además en la reunión de cancilleres se pretende dialogar con los representantes de los países que no han firmado la Convención para que se adhieran a ella y la ratifiquen", añadió el ministro costarricense.
De los 34 países de la OEA, 24 son firmantes del Pacto de San José y 21 aceptan la competencia de la CIDH.
Entre los países que no han ratificado la Convención ni la jurisdicción de la Corte están Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe.
Rojas indicó que este encuentro de San José será el inicio de una nueva etapa en la que se tratará de reforzar la protección de los derechos humanos en la región en condiciones geopolíticas muy distintas a los que imperaban hace 30 años.
En este sentido, el canciller de Costa Rica dijo que los representantes peruanos han asistido a las últimas reuniones de la OEA y se han mostrado de acuerdo con el fortalecimiento de esta organización interamericana.
Sin embargo, Fujimori decidió alejarse del principal órgano judicial de la OEA el 9 de julio pasado, cuando anunció a la comunidad internacional que su país no aceptaría más las decisiones de la CIDH por razones de seguridad nacional.
La decisión del gobierno peruano tuvo lugar después que la CIDH fallara a favor de cuatro ciudadanos chilenos que habían sido condenados a cadena perpetua por terrorismo por un tribunal militar secreto y ordenó que volvieran a ser procesados pero por un tribunal civil.
Roberto Cuéllar, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, comentó que el antecedente del retiro de Perú es muy grave en momentos en que el papel de la CIDH está aumentando.
En todo caso, si un país desea retirarse de la jurisdicción de la CIDH debe "denunciar la Convención", es decir tramitar un preaviso de su salida de este tratado internacional y esperar un año para que la decisión se haga efectiva.
Ante esta situación, el presidente de la CIDH, el juez brasileño Antonio Cançado, expresó que aunque el Estado peruano no se presente a las audiencias los procesos pendientes seguirán adelante y tendrán una sentencia del tribunal.
La CIDH fue establecida por la Convención Americana de Derechos Humanos, que se firmó el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor en todos los países firmantes, entre ellos Perú, el 18 de julio de 1978.
Para la celebración de los 30 años del Pacto de San José ya han confirmado su presencia en Costa Rica delegados de 50 países, entre miembros de la OEA y observadores.
Entre las celebraciones especiales, el secretario general de la OEA, César Gaviria, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, y la ex presidenta de Nicaragua Violeta Chamorro recibirán un doctorado honoris causa en la Universidad para la Paz, institución de la ONU con sede en Costa Rica. (FIN/IPS/nms/ag/hd/99
