El panorama actual de la libertad de expresión en Chile es desolador y su fiel reflejo es la prohibición de la película "La última tentación de Cristo", aseguró Viviana Krsticevic, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Krsticevic, también directora ejecutiva del no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, hizo esas declaraciones a IPS en San José, después de una audiencia pública en la que el Estado de Chile se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Seis magistrados del máximo tribunal interamericano escucharon el jueves declaraciones de testigos, acusadores y acusados, en un proceso que pone en duda la libertad de expresión y la libertad de conciencia en Chile.
La importancia de este caso capta también el interés de especialistas en derecho internacional, pues es la primera ocasión en que la CIDH se dispone a pronunciarse sobre un episodio de censura previa.
La demanda data del 15 de enero, cuando seis ciudadanos chilenos alegaron supuestas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos debido a la censura judicial impuesta en su país a la película "La última tentación de Cristo".
Esta producción, dirigida en 1988 por el cineasta estadounidense Martin Scorsese, es una versión de la novela homónima escrita por el griego Nikos Kazantzakis.
La película plantea el interrogante de qué habría sucedido si Jesucristo se hubiera negado a morir en la cruz y se hubiese decidido a tener esposa e hijos.
La Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó el 17 de junio de 1997 la prohibición de la película, alegando que era arbitraria e ilegal y que vulneraba la honorabilidad de la Iglesia Católica y del personaje histórico de Jesucristo.
"Si un Estado prohibe una película está prohibiendo la circulación de ideas", dijo a Krsticevic.
El máximo organismo de apelaciones de Chile respondió de ese modo a un recurso de protección presentado por varios abogados. El Consejo de Calificación Cinematográfica había autorizado la proyección de la película pque estaba prohibida desde 1988- a personas mayores de 18 años.
"Hoy en Chile nadie puede ver esta película ni en salas de cine ni a través del vídeo y esto es un claro ejemplo de la tendencia represiva que nos está imponiendo el Poder Judicial", dijo a IPS Juan Pablo Olmedo Bustos, el acusador que ha dado nombre al proceso, en la CIDH, conocido como el "caso Olmedo Bustos".
En la audiencia ante los magistrados la parte acusadora argumentó que la censura de "La última tentación de Cristo" no es un episodio aislado, sino que se trata de una entre muchas películas y libros que han sido prohibidos.
Entre los libros censurados fueron citados "Impunidad diplomática", de Francisco Martorell Camarela, y "El libro negro de la justicia chilena", de Alejandra Matus, una autora que incluso ha tenido que asilarse en Estados Unidos para evitar ser detenida.
La defensa de la parte demandada fue encabezada por el embajador de Chile en Costa Rica, Edmundo Vargas, quien expresó que el gobierno chileno aboga por la libertad de expresión y está en contra de la censura previa.
Vargas fue secundado por Francisco Cumplido, ex ministro de justicia de Chile en la administración de Patricio Aylwin (1990- 1994), quien declaró ante la CIDH que el gobierno no quiere hacerse responsable de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
"En Chile hoy se garantiza la libertad de expresión y con estas declaraciones que ha hecho la parte demandante se está haciendo creer que en nuestro país no ha cambiado nada desde el gobierno dictatorial", dijo Alejandro Salinas, asesor del Estado chileno en materia de derechos humanos.
Esta fue la última audiencia pública que la CIDH celebró en su XLVI período ordinario de sesiones, que comenzó el 9 de este mes y finalizará este sábado. (FIN/IPS/nms/ff/hd/99
