La gran laguna del sistema judicial de la OEA es la falta de mecanismos para obligar a los estados miembro a cumplir sentencias en su contra, advirtió Antonio Cançado, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta fue también una de las conclusiones a las que llegaron juristas americanos, europeos y africanos reunidos en un seminario que concluyó este miércoles en San José titulado "El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI".
Junto con el cumplimiento de las sentencias, los especialistas mencionaron entre los puntos débiles del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) la superposición de funciones entre sus organismos, la falta de recursos económicos y la existencia de un régimen que no es ni universal ni permanente.
"Hemos identificado que en muchos Estados miembros de la OEA (Organización de Estados Americanos) hay reticencias a crear un mecanismo que supervise el cumplimiento de las sentencias de la Corte", dijo Cançado, de nacionalidad brasileña.
Ante esta resistencia, el magistrado postuló un cambio de mentalidad en el continente para que sean los propios Estados los que promuevan el respeto y acatamiento de las sentencias.
"El problema es que aquí esta en juego la credibilidad de todo el sistema", dijo Robert Goldman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En estos momentos, el único recurso coercitivo con el que cuenta la CIDH cuando un Estado no cumple una de sus sentencias es elevar un informe a la Asamblea de la OEA para que sus integrantes tomen una medida de castigo.
En sus dos décadas, el tribunal interamericano ha dictado 16 opiniones consultivas, más de dos decenas de medidas provisionales de protección a la vida y 61 sentencias.
La CIDH sólo debió enviar a la Asamblea de la OEA informes sobre sentencias en tres casos, uno contra Honduras y dos contra Suriname, para que este organismo obligara a los Estados a cumplir sus dictámenes. En los tres casos se trataba del pago de indemnizaciones a víctimas.
La última polémica frente a una sentencia de la CIDH se presentó en julio, cuando Perú decidió retirarse de la jurisdicción del tribunal en protesta por uno de sus pronunciamientos.
La Corte había determinado que el juicio realizado en un tribunal militar secreto contra cuatro ciudadanos chilenos, que fueron condenados a cadena perpetua, debería repetirse en un tribunal civil.
"Creo que la ausencia de un mecanismo que obligue a cumplir las sentencias no es una laguna, sino un un océano en nuestro sistema judicial", opinó Roberto Cuéllar, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
Los especialistas coincidieron en que, por el momento, hay que emprender una campaña de concientización para que los Estados asuman voluntariamente la importancia de acatar las decisiones del sistema.
El secretario general de la OEA, César Gaviria, resaltó en el seminario que los Estados miembros deben preocuparse por buscar nuevas formas para enfrentar la crónica deficiencia de recursos económicos que enfrenta el SIDH.
El presupuesto anual de la OEA asciende a 85 millones de dólares, de los cuales sólo cuatro por ciento se dedica al SIDH, tres millones de dólares a la Comisión Interamericana y 1,3 millones de dólares a la CIDH.
Pero tanto el presidente del tribunal como el de la Comisión destacaron que este financiamiento resulta insuficiente ante la triplicación de denuncias por violaciones de derechos humanos que en los años 90 han tenido que atender estas instancias.
Además, los dos funcionarios indicaron que la Corte y la Comisión dedican dos terceras partes de sus presupuestos al pago de salarios, lo que reduce la posibilidad de destinar recursos a programas de investigación y desarrollo.
Los juristas reunidos en el seminario determinaron que otro de los problemas del SIDH es su falta de universalidad (de los 34 estados de la OEA, solo 24 han ratificado el Pacto de San José y 21 la competencia de la CIDH) y que ni la Comisión ni la Corte sean permanentes.
Miguel Angel Rodríguez, presidente de Costa Rica, explicó a los expertos reunidos que su gobierno compilará las conclusiones de la reunión en un protocolo que será presentado para su discusión en la Asamblea General de la OEA que se celebrará el 2000 en Canadá.
Rodríguez dijo que el objetivo es que este protocolo con reformas al SIDH sea aprobado en la Asamblea que la OEA realizará el 2001 en San José. (FIN/IPS/nms/mj/hd/99
